0405/2023-S1

Solicitó se conceda la tutela y se disponga:

1. a)El cese de todas las medidas de hecho por avasallamiento de sus derechos a la vivienda, al hábitat y la propiedad;
2. b)Se disponga el cese a las intimaciones de desalojo inmediato de su propiedad por parte de la demandada y otros;
3. c)Se ordene a la demandada y otros se abstenga de impedir y privar su derecho al uso, goce, disfrute y disposición de su propiedad; y,
4. d)Que la demandada y otros vuelvan a edificar su vivienda y se le compense en la proporción del daño generado al construir y/o edificar en el lote de terreno, y sea con la imposición de costas, daños y perjuicios, averiguables en ejecución de Sentencia Constitucional.

Eusebia Martínez Copa, se presentó en la audiencia junto a su abogado pero no presento informe. María Elena Yucra Chambi, no siendo demandada en la acción de amparo constitucional empero realiza su apersonamiento haciendo entrever su interés y presenta informe el 5 de abril de 2022, conforme consta a fs. 75 a 77, señalando lo siguiente:

1. 1)Sobre los elementos que hacen a la improcedencia de la presente acción de amparo constitucional, el primero de ellos es básicamente por no haberse superado la regla de la subsidiariedad, haciendo referencia que la parte accionante tendría otros medios idóneos, administrativos y jurisdiccionales para satisfacer y reconducir sus derechos;
2. 2)Acerca de los documentos presentados por la misma, consistente en un documento privado de compra venta del lote de 14 de diciembre de 2018, en la cual María Elena Yucra Chambi habría adquirido el lote de terreno, signado con el Lote 13, Manzano 24, de su anterior propietario Andrés Hodin Solíz y su madre Marcelina Solíz, quienes habrían sido primeros poseedores del lote de terreno y que lo adquirió de buena fe; por lo que, a partir de ese momento hubiesen instalado los servicios básicos de agua y luz, los cuales se siguen cancelando y que los vecinos y colindantes conocen perfectamente;
3. 3)Que al ser de escasos recursos, no ha podido proceder a construir desde el año 2018; por lo que, su hermana Eusebia Martínez Copa, ahora demandada, fue a trabajar al Perú y le mando los recursos para que se procediera a la construcción, e hizo trasladar, varias volquetas de arena, grava, piedra, rellenos, fierros, etc., y la contratación de los servicios de albañil;
4. 4)Cuando se realizaba la construcción se apersono Freddy Calizaya Copa y sin realizar ningún reclamo se retiró del lugar al ver la construcción; por lo que, considera que ese acto podría haber impedido la construcción, a su vez el 7 de enero de 2022, llego la accionante a su lote amenazando, estos hechos hacen suponer de que existieron actos consentidos, por ello en buena fe, prosiguieron con la continuación de su edificación que en ningún momento nadie lo perturbo en su pacifica posesión que ostenta en razón de un documento de compra y venta;
5. 5)La presencia de la peticionante de tutela fue por el motivo de una inspección técnica para la conexión de su alcantarillado; sin embargo, al ver que su lote había sido invadido -supuestamente- y que estaban ocupando un cuarto de su propiedad y construyendo con su material que había hecho traer aparentemente en la gestión 2019, pero aclara que dicho cuarto fue construido por el dueño anterior; es decir, por Andrés Hodin Soliz;
6. 6)Niegan que este bien inmueble hubiese sido objeto de avasallamiento y por el contrario refiere que sus primeros ocupantes, refiriéndose a los vendedores, ya lo estuvieran ocupando desde la gestión 2006 de sus anteriores propietarios; por lo que, la presunta propiedad de la impetrante de tutela, no cumple ni cumplió en ningún momento la respectiva función social puesto que la ahora accionante -supuesta propietaria- nunca ocupo ni reclamo este lote de terreno, por el contrario hace por las documentales que se ha permitido adjuntar que conocer consisten en facturas de pago de servicios básicos de agua potable y energía de luz eléctrica, se establece que desde el momento de la compra-venta del lote de terreno que fue cancelando por los servicios básicos hasta la fecha;
7. 7)El derecho propietario de la impetrante de tutela fue obtenido de forma irregular, haciendo caer en error a sus propietarios que son la familia Urquidi, por cuanto la parte actora es como una persona que habría sustraído documentos de aquella familia;
8. 8)Refiere, que en absoluta confianza con Alejandro Arequipa Canaviri, Presidente de la Urbanización Ampliación San Isidro Sin Techo, confió sus documentos para que pueda gestionar y sacar documentos legales; empero, en absoluta parcialización en su contra, en complicidad con la parte actora, fue perjudicada, de esta forma hicieron aparecer documentos, desconociendo su buena fe de ocupar el terreno desde la gestión 2018; por lo que, considera que la acción de amparo constitucional no reúne los presupuesto establecido por ley, debiéndose denegar la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 44/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 84 a 91 vta., concedió en parte la tutela solicitada en la acción de amparo constitucional; y "no así con respecto al derecho de habitad y vivienda" (sic), disponiendo que:

1. i)Las demandadas María Elena Yucra Chambi y Eusebia Martínez Copa, cesen de forma inmediata todas las medidas de hecho que vienen generando al derecho propietario de la accionante;
2. ii)La restitución o la entrega de la propiedad o inmueble a su verdadera propietaria, entre tanto esto no sea enervado en las jurisdicciones ordinarias o administrativas conforme corresponda, en cuanto a la segunda petición de que se le devuelvan edificaciones anteriores y la generación de daños por las construcciones efectuadas, los cuales no fueron acreditados o que estas cuenten con las mismas normas administrativas, planos de construcción, línea nivel, más aun cuando los daños no han sido acreditados de forma específica, por tanto aquellos derechos no pueden ser tutelados;
3. iii)Se hace conocer a las partes que lo dispuesto en esta audiencia debe ser cumplido de forma inmediata conforme dispone el art. 40 del CPCo, sin imposición de costas procesales; en base a los siguientes fundamentos:
4. a)Las medidas de hecho son agresiones físicas, verbales, lo cual ha sido manifestado en su memorial de acción de amparo constitucional, el cerramiento del bien inmueble como tal, la instalación de servicios básicos, la construcción sin autorización o alguna construcción reciente, haciendo uso el material de la accionante y que habría recurrido incluso a otras personas, inclusive ingresando en grado de clandestinidad porque ni los encargados de la obra, ni los albañiles habría querido identificara los responsables de esta construcción;
5. b)Esas medidas de hecho tienen esos dos componentes, el derecho propietario de la parte accionante o algún otro derecho que se oponga al de la parte accionada y la segunda sobre existencia de las medidas de hecho, por lo que sin esos requisitos no se podría ingresar a tutelar el derecho, y sobre el primer presupuesto, se establece la acreditación de un derecho debidamente consolidado de acuerdo a la Escritura Pública 1042/2019 de 1 de agosto, suscrita ante la Notaria de Fe Pública 1 de la ciudad de Oruro, que hace referencia a la minuta de transferencia del lote de terreno 13 del manzano 24, que otorgan Alejandro Francisco Urquidi Daza y otro en representación de la sucesión Urquidi, a favor de Mónica Checa Ramos, registrada en Derechos Reales bajo la matricula 4.01.1.03.0021184, este documento genera derechos y garantías como es la oponibilidad ante terceros, que es un derecho que el Tribunal debe hacer prevalecer;
6. c)La parte accionada ha pretendido desmerecer esta documentación, este título de propiedad, primero haciendo referencia a un documento privado suscrito en fecha 14 de diciembre de 2018, entre Andrés Hodin Solíz y María Elena Yucra Chambi, el primero de ellos refiere que es poseedor propietario, de un lote de terreno identificado con el manzano 24, lote 13, pero en este documento privado no menciona la matricula que tendría este lote de terreno, no menciona quien habría sido el anterior propietario, que en la técnica de derechos reales se llama tracto registral sucesivo, es decir los datos de los anteriores propietarios no existen- se hace conocer que la compra venta tuvo un costo de $us5 000.-(cinco mil dólares estadounidenses), ni si quiera se manifiesta que se estuviera entregando la posesión, solamente señala que esa acción es de buena fe y se compromete a salir a las garantías de evicción y saneamiento;
7. d)Se adjunta una certificación de la Urbanización Pumas Andinos que refiere que Andrés Hodin Solíz fuera poseedor del bien inmueble ubicado en el manzano 24 en los lotes 13 y 14, la misma habla de dos lotes de terreno el 13 y 14, el 13 está en discusión y el 14 es el lote de terreno que se encuentra al lado por el que aparentemente las ahora demandadas están ingresando a la propiedad, entonces aparentemente la persona que les vendió ese lote de terreno fuera propietario de ambos terrenos y al parecer las demandadas tienen conocimiento de ese hecho;
8. e)Desde el momento de la compra la demandada, fue pagando y asumiendo los costos de servicios básicos según los comprobantes de pago de servicios de agua potable con una connotación especial, el 90% de aquellas han sido canceladas el día 8 de noviembre de 2021, en un solo día se ha pagado dos años y medio correspondientes a las gestiones 2019, 2020 y parte del 2021, en un mismo día el servicio de agua que estaba devengado; por lo tanto, el argumento de la posesión pública y legitima no resulta ser razonable, como se puede ocupar un lote de terreno por tres años en calidad o condición de vivienda si ni siquiera el servicio de agua potable estaba corriendo;
9. f)Se ha hecho mención a otros pagos de estos servicios por la gestión de enero de 2022 y alguna del 2019, pero con las mismas connotaciones, no hay una secuencia mensual, responsable de los pagos a los que se hace referencia, además existen facturas de servicios de energía eléctrica, uno de ellos vinculado al manzano 24 lote 13, a nombre de María Elena Yucra Chambi, pero con el añadido siguiente que ninguna de ellas lleva sello de la empresa, también existen otras facturas de la gestión 2018 inclusive, a nombre de Andrés Hodin Soliz y de Jesús Poma Solíz;
10. g)El elemento que vincula a María Elena Yucra Chambi y Eusebia Martínez Copa, es que la primera refiere que ella es la verdadera propietaria del bien inmueble por haberlo adquirido de Andrés Hodin Solíz y que la segunda fuera su hermana, a quien le hubiese pedido de favor de que realice la construcción; es decir, una pone el lote de terreno y la otra pone el dinero para beneficiarse; por lo que, ambas son corresponsables de la lesión al derecho a la propiedad privada;
11. h)En el segundo elemento es la prohibición del ingreso, por la desaparición del ingreso al lote de terreno, y de la inspección judicial se advertía que donde estuviera la puerta, porque ahí a lado habían lotes a la izquierda y a la derecha y se habría habilitado una puerta de ingreso mediante un lote colindante lo que de hecho constituiría -si fuese una propiedad privada independiente- un avasallamiento, precisamente con la finalidad de evitar, y se lo ha hecho así, se ha evitado que personal del tribunal de Garantía ingrese al inmueble, porque no contábamos con autorización de sus titulares y no se puede asumir tales medidas;
12. i)Se ha advertido que parte del muro que constituye el ingreso ha sido destruido y fue artesanalmente repuesto con piedras, hasta lograr el cerramiento total del mismos, eso es una primera medida de hecho objetiva, la instalación sin derecho propietario de alguno de los servicios básicos como el de energía eléctrica y agua, y el pago de los servicios y su reinstalación es otra medida -de asumir el derecho propietario- sin tener antecedente alguno;
13. j)La actitud de la parte accionada que ha promovido incluso un movimiento social que ha atentado con la integridad del personal del Tribunal, mediante la fuerza, mediante convocatoria por petardos que al final se logró reunir gente que impidió la labor del Tribunal de garantías, la parte demandada evito que desarrollen sus funciones, considerándose medidas de hecho, porque prescinden de cualquier mecanismo legal, además de manifestar que el Viceministro de Justicia estuviera en camino, pero la parte demandada fue notificada con días de antelación a esta acción, pudo el Viceministro de Justicia -si consideraba que esta acción resultara ilegal o arbitraria- haberse constituido por escrito;
14. k)Se pudo advertir la construcción clandestina estableciéndose las medidas de hecho y de acuerdo al Informe de 11 de febrero de 2022, el cual establece la existencia de construcciones clandestinas, la diferencia es que ese informe no establece quienes fueren los responsables de estas construcciones, si María Elena Yucra Chambi o Eusebia Martínez Copa; motivo por el cual, este documento -si bien no sirve para establecer que estas construcciones son clandestinas, no tiene autorización municipal, orden de construcción, línea nivel y no pueden constituir elemento de subsidiariedad, las medidas de hecho reconocidas por la doctrina constitucional las cuales son evidentes en este caso, todas ellas tienen a evitar el ejercicio del derecho a la propiedad de la ahora accionante;
15. l)La posesión es un componente del derecho a la propiedad y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia así lo estableció, quien posee la propiedad se adjudica automáticamente la posesión natural; es decir, la posesión física del inmueble; ya no es necesario que una autoridad judicial vaya y entregue la posesión física, ahora se presume por el solo hecho de ser propietario de un bien inmueble, la posesión de éste inmueble está garantizada en los términos que establecen los arts. 105 del CC y 56 de la CPE, y ante las denuncias sobre la irregularidad en la obtención del derecho propietario, ese es aspecto a dilucidar en otras jurisdicciones; por lo que, el Tribunal entiende que hay un derecho que amerita ser reconducido a la legalidad, concurren en el presente caso medidas de hecho que lesionan y atentan contra ese derecho de propiedad y el Tribunal de garantías debe tutelar, únicamente con respecto al derecho de propiedad;
16. m)Con relación al habitat y vivienda que están lógicamente vinculados a la existencia de construcciones de orden estrictamente legal, también se encargaran las vías o instancias técnicas de regularizar las construcciones, en ese entendido amerita tutelarse el derecho a la propiedad y no así el derecho al habitat o a la vivienda.

En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas:

1. 1)Presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional ante denuncia de medidas o vías de hecho;
2. 2)Sobre la presunción de veracidad; y,
3. 3)Análisis del caso concreto.

1. 1)Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción; la presentación de la acción de amparo constitucional debe ser de manera oportuna e inmediata, haciendo abstracción de la subsidiariedad. De lo contrario no justificaría la premura ni gravedad y deberá agotar las instancias jurisdiccionales o administrativas pertinentes según sea el caso, y agotadas las mismas, acudir a la jurisdicción constitucional.

1. 2)Necesariamente se debe estar ante un inminente daño irreversible o irreparable, ya sea agravando la lesión ya consumada, o que ello provoque la amenaza de restricción o supresión a otros derechos fundamentales. Situaciones que deben ser fundamentadas y acreditadas.

1. 3)El o los derechos cuya tutela se pide, deben estar acreditados en su titularidad; es decir, no se puede invocar derechos controvertidos o que estén en disputa, atendiendo claro está, a la naturaleza de los mismos.

1. 4)En los casos en que a través de medios objetivos se ponga en evidencia que existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, no corresponde ingresar al análisis de la problemática, por cuanto esta acción de defensa no puede estar a merced del cambio o volatilidad de los intereses del accionante. Sin embargo, cuando el agraviado o accionante señale que existen actos de aparente aceptación, pero que son producto de la presión o violencia que vició su voluntad, ésta situación debe ser fundamentada y acreditada de manera objetiva, en ese caso, será considerada una prueba de la presión o medida de hecho, inclusive"

1. 1)La excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, es decir, que el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias, de forma directa, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa2.

1. 2)El accionante tiene la carga probatoria para acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos3. La Sentencia Constitucional Plurinacional citada, luego de señalar dicha sub regla, también aclaró que esa carga probatoria no puede concernir hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria4. Finalmente, especificó cuál es la carga probatoria cuando se denuncie la vulneración del derecho de propiedad como consecuencia de avasallamientos5, disponiendo que al efecto se debía demostrar el registro de propiedad, en base al cual es posible oponerlo frente a terceros.

1. 3)Flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva6; si bien en principio la parte impetrante de tutela deberá cumplir con identificar a los denunciados de incurrir en vías de hecho; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, cuando se denuncian vías de hecho, a través de una acción de amparo constitucional, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero, este presupuesto debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren el derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada, a través de este mecanismo tutelar de defensa.

"De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas:

1. i)Avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble;
2. ii)Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica); y,
3. iii)Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos, desconociendo que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas".

"1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares;

1. 2)Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y,
2. 3)Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho"