Texto del fallo
Sintesis del caso
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, en razón a que solicitó cesación de su detención preventiva señalándose audiencia para el 14 de diciembre de 2018, acto que fue suspendido por su inasistencia debido a la falta de remisión del oficio de conducción al Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, donde guarda detención preventiva, señalando las autoridades judiciales demandadas, que era su obligación efectuar el diligenciamiento correspondiente a efecto de garantizar su presencia en dicho acto procesal.
Sintesis de la ratio decidendi
Se concede la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al existir una evidente dilación por parte de la autoridad judicial y los servidores de apoyo jurisdiccional demandados, en la obligación de velar con el debido diligenciamiento de los actos procesales correspondientes a fin de que se resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante. Sin que sea posible atribuir a las partes la obligación de notificar o agilizar oficios o emisión de mandamientos no señalados por ley.
Extracto de la ratio decidendi
. “Consecuentemente, la confección de “oficios” y/o mandamientos no previstos por ley atentan contra el principio de celeridad que exige a todas las autoridades judiciales evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales y/o innecesarias; por cuanto, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica, en especial cuando de por medio se encuentra afectada la libertad de la persona involucrada en el mismo, contexto que se observa en el presente caso, en el que las autoridades judiciales ahora demandadas, ante la solicitud de cesación efectuada por el accionante, no solo incumplieron el plazo procesal para ello, sino incluso responsabilizaron la suspensión de audiencia -por segunda vez- al ahora impetrante de tutela y su defensa cuando correspondía al Tribunal de Sentencia ahora demandado, realizar su labor de disponer y verificar el cumplimiento de los actos procesales necesarios que garanticen la efectiva celebración de la audiencia para la vista y resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva, lo que no ocurrió, dejando en indefinición la situación jurídica del prenombrado por casi un mes, sin que sea posible atender lo alegado por dichas autoridades, por cuanto las deficiencias del sistema judicial que comprenden falta de personal, recarga laboral y otros no atribuibles al justiciable, no pueden ser motivo de demora o alguna forma de perjuicio o afectación de derechos de los sujetos procesales; sin que tampoco resulte ser un argumento válido el referir que el peticionante de tutela no exigió el cumplimiento de la actuación observada a los funcionarios de apoyo judicial; toda vez que, la autoridad jurisdiccional no puede condicionar la efectividad de la administración de justicia ni el cumplimiento del procedimiento y plazos procesales a un eventual reclamo de las partes intervinientes en el proceso y tampoco a una obligación de éstas de efectuar las diligencias de notificación, por cuanto todo administrador de justicia debe resguardar la garantía del debido proceso a las partes procesales, como parte de sus funciones y atribuciones incurriendo así los Jueces demandados en una dilación indebida lesionando el debido proceso en su elemento celeridad vinculado con el derecho a la libertad del accionante, lo que se denota incluso de su propia actuación, pues luego de la segunda suspensión de audiencia (de 7 de diciembre de 2018) recién ordenaron que por Secretaría se remita el mandamiento de conducción a la Central de Notificaciones para el cumplimiento del mismo (Conclusión II.4); por lo cual, se hace viable la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que se constituye en un mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración al principio de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad y existan dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de ese derecho, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada sobre este punto”. Respecto a la Secretaria Abogada y Auxiliar codemandadas, se advierte que las actuaciones procesales denunciadas, se encuadran dentro un innegable incumplimiento o desconocimiento de funciones y obligaciones conferidas toda vez que la Auxiliar del Tribunal de Sentencia al tener conocimiento de la falta de notificación al recinto penitenciario para la conducción del acusado -peticionante de tutela-, debió poner a conocimiento de la Secretaria, a fin de que la prenombrada haga ejecutar la diligencia correspondiente por la Central de Notificaciones de El Alto pues de conformidad con el art. 101.I de la LOJ, es su deber coadyuvar con las y los Secretarios en el cumplimiento de sus labores; asimismo, se entiende que la Secretaria codemandada, tiene como obligación controlar las labores de las y los servidores de apoyo judicial -art. 94.I.12 de la señalada normativa legal-; empero en el caso, incumplió ese su deber al no supervisar si los funcionarios subalternos cumplieron con la labor omitida que provocó dilación en la resolución de la cesación, aspecto que pudo subsanarse de oficio y oportunamente; consecuentemente, las precitadas servidoras subalternas, incumplieron sus obligaciones asumiendo una conducta pasiva e incluso ante los reclamos de la defensa del ahora accionante, continuaron con su posición de que el diligenciamiento correspondería a la parte procesal, situación que derivó en la suspensión de audiencia de forma injustificada ante la inasistencia de las partes, lo que a su vez devino en lesión al debido proceso en su elemento celeridad vinculado al derecho a la libertad, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada sobre dichas funcionarias de apoyo jurisdiccional.
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0406/2019-S1 Sucre, 19 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad
Expediente: 26938-2018-54-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 027/2018 de 18 de diciembre, cursante de fs. 44 a 46 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato de José Víctor Flores Arapa contra Wendy Ingrid Rojas Chuquimia, David Kasa Quispe y Medardo Remy Vargas Alvarez, Jueces Técnicos; Daniela Pamela Yampassi Berrocal y Milka Mamani Choque, Secretaria abogada y Auxiliar II respectivamente, todos del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; Saul Villarpando Ballesteros y Jimena Barrera Mamani.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2018, cursante de fs. 1 a 3, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:
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