0406/2022-S2

Durante el tiempo que prestó sus servicios en el Gobierno Autónomo Departamental de Beni, se produjo el nacimiento de su hija; específicamente, el 24 de agosto de 2020; por lo que, le correspondía las asignaciones familiares de subsidios; sin embargo, pese a sus reiteradas solicitudes, dicha entidad gubernamental no hizo efectivo esos beneficios, adeudándole a la fecha de interposición de esta acción de defensa la suma de Bs28 000.- (veintiocho mil bolivianos), por concepto de subsidios:

1. a)Cinco meses de prenatal;
2. b)Uno de natalidad; y,
3. c)Ocho de lactancia.

José Alejandro Unzueta Shiriqui, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, a través de su representante, mediante informe escrito presentado el 1 de junio de 2021, cursante de fs. 31 a 33, manifestó que:

1. 1)El art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, el no haber agotado previamente los medios ordinarios para el restablecimiento de los derechos presuntamente vulnerados;
2. 2)Según el Informe 29/"2021" de 27 de mayo, emitido por la Dirección de Bienestar Laboral y Previsión Social del indicado Gobierno Departamental, fue evidente que la entidad adeudaba al peticionante de tutela el pago de subsidios de cinco meses de prenatal, uno de natalidad y ocho de lactancia, que ascienden a la suma de Bs28 000.-; cancelación que se efectuaría en el plazo de veinte días, debido a los trámites de modificación presupuestaria que se realizaba; y,
3. 3)El art. 21 del Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, determina la prohibición de otorgar los beneficios reclamados en dinero.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 042/2021 de 1 de junio, cursante de fs. 37 a 40 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando a la autoridad demandada, el pago en dinero de los siguientes subsidios: cinco de prenatal (abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020), uno de natalidad y ocho de lactancia (septiembre, octubre, noviembre, diciembre del referido año; y, enero, febrero, marzo y abril de 2021), haciendo un total de trece -lo correcto es catorce- beneficios adeudados que debían cancelarse en un plazo de veinte días hábiles; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Habiéndose denunciado la lesión de derechos vinculados a la seguridad social, correspondía abstraer el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional;
2. ii)La parte demandada reconoció la deuda alegada por el peticionante de tutela; y,
3. iii)La otorgación de esos subsidios, es de cumplimiento obligatorio por parte del empleador, pues permite la materialización de los derechos a la seguridad social, a la vida y a la salud de la madre y del recién nacido; por lo que, su inobservancia conlleva la vulneración de las indicadas prerrogativas; como ocurrió en el presente caso, donde se negó la asignación oportuna de los mismos, debiendo efectuarse el pago en forma monetaria conforme establece el art. 19 del Reglamento de Asignaciones Familiares -Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011-, pues en especie resultaba inoportuno y no cumplía con su finalidad.