Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0406/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional
Expediente: 49704-2022-100-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 129/2022 de 1 de agosto, cursante de fs. 299 a 304 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Wanderlea Josefina Gonzáles Cruz en representación legal del Grupo Empresarial Wanders y Asociados Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L) contra Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 9 y 29 de junio de 2022, cursantes de fs. 178 a 198; y, de 209 a 218, la parte accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso aduanero de importación realizado por el Grupo Empresarial Wanders y Asociados S.R.L. para setenta y cuatro ítems de mercancía consistentes en "hilos led de 3 metros" de diferentes modelos al amparo de la "Factura Comercial ANDINO 20190619" que por error de su proveedor en la República de China, se consignaron como un solo tipo de mercancía; por tal motivo, el 9 de agosto de 2019, se ofreció como prueba la referida factura comercial, lista de empaque y carta aclaratoria de 8 de agosto de 2019, en la que se manifestó que el despacho aduanero con la Declaración Única de Importación (DUI) C-33755, se encontraba en etapa de aforo, y que por error cometido por el proveedor, en la descripción de la mercancía, ocasionó el llenado incorrecto de la DUI y la Declaración Andina del Valor (DAV), motivo por el cual el proveedor remitió la carta, admitiendo su error, por lo que al amparo de los arts. 2 y 12 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), y se solicitó la corrección de la DUI.
El 18 de septiembre de 2019, la administración aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional LAPLI-C-1496/2019 de 18 de septiembre, por la que se determinó que sesenta y siete ítems de la DUI no se encontraban declarados en los documentos de soporte presentados al momento del despacho ni en la DUI; motivo por el cual se presentaron los descargos correspondientes el 30 de septiembre del mismo año; para que el 31 del mismo mes y año la administración aduanera emita la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-RC-211/2019, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de la Agencia Despachante VILLATRON S.R.L. y Grupo Empresarial Wanders y Asociados S.R.L.
El 6 de marzo de 2020, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, emitió Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0358/2020, por la que se anuló la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-RC-211/2019; por lo que el 31 de agosto de 2020, la Aduana Interior La Paz emitió la Resolución Administrativa (RA) AN-GRLGR-LAPLI-RESADM-667-2020, que anuló obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional LAPLI-C-1496/2019; El 10 de mayo del mimo año, la Aduana Interior La Paz emitió una nueva Acta de Intervención Contravencional LAPLI-C-0329/2021 de 10 de mayo, ratificando los cargos por contrabando contravencional por los ítems 8 al 74 de la DUI; para posteriormente, el 14 de junio de 2021, la Aduana Interior La Paz emita la RA en Contrabando LAPLI-RC-0024/2021, confirmando nuevamente los cargos por contrabando por contravención aduanera.
El 6 y 20 de julio de 2021, la parte accionante interpuso recurso de alzada impugnando la RA en Contrabando LAPLI-RC-0024/2021, denunciando una serie de agravios (falta de proporcionalidad en la sanción aplicada; vulneración del principio de legalidad; falta de fundamentación) solicitando la anulación de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional LAPLI-C-0329/2021; por medio de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0794/2021 de 5 de octubre, se resolvió desestimar los agravios expuestos de su parte.
Ante la negativa de la ARIT, se presentó recurso jerárquico, denunciando que no se valoraron sus descargos ni la corrección de la DUI, conforme a lo establecido por el art. 102 de la Ley General de Aduanas aprobado por -Decreto Supremo (DS) 25870 de 11 de agosto de 2000-, además de reiterar los agravios sufridos por la RA en Contrabando LAPLI-RC-0024/2021; pero pese a que fueron puntuales con la exposición de agravios, la AGIT, emitió la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0011/2022 de 3 de enero por la que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo -RA en Contrabando LAPLI-RC-0024/2021-, ordenando que se emita una nueva resolución, que identifique de manera correcta al sujeto pasivo responsable del contrabando contravencional, de acuerdo al art. 99.II del Código Tributario Boliviano (CTB).
Si bien la precitada Resolución de recurso jerárquico anuló obrados hasta la Resolución Administrativa en Contrabando LAPLI-RC-0024/2021, dicha decisión no cuenta con la fundamentación y motivación expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas en el recurso jerárquico; dado que, no se sustenta en los hechos y el derecho aplicable, de manera que justifiquen la determinación asumida, viciando con ello de nulidad su pronunciamiento, pues de forma equivocada no consideró el sentido jurídico de los agravios planteados y el alcance de la norma tributaria vigente en relación a los siguientes aspectos:
- a)Error en la identificación del autor o sujeto pasivo de la contravención aduanera, al haberse endilgado la comisión del delito tributario a Wanderlea Josefina Gonzales Cruz, con Carnet de Identidad (C.I.) 3431464-LP, cuando el importador es el Grupo Empresarial Wanders y Asociados S.R.L. con Número de Identificación Tributaria (NIT) 380178024; pues a pesar de que la autoridad demandada reconoció en su resolución jerárquica que, desde el primer acta de intervención contravencional (LAPLI-C-1496/2019 de 18 de septiembre) -anulada por la propia Aduana Nacional de Bolivia (ANB)-, y reiterada en la segunda acta de intervención contravencional (LAPLI-C-0329/2021 de 10 de mayo), se identificó a Wanderlea Josefina Gonzales Cruz, como presunta autora de la contravención aduanera; empero, de forma contradictoria se decidió anular obrados solo hasta la Resolución Administrativa en Contrabando LAPLI-RC-0024/2021, cuando lo solicitado fue hasta el acta de intervención contravencional LAPLI-C-0329/2021; por lo que, no se pronunció de manera puntual sobre los aspectos planteados, constituyéndose en un fallo citra petita, afectando con ello su derecho a la defensa, al no saber los hechos de los cuales debe defenderse; ya que, no actuó como persona natural sino en representación legal de la persona jurídica ya indicada;
- b)Aplicación errónea de la Resolución de Directorio 01-001-08, sobre el RLGA, aprobado por 25870, vulnerando la prelación normativa prevista en el art. 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); pues a pesar de haberse argumentado, tanto en el recurso de alzada como en el recurso jerárquico, que la RA en Contrabando LAPLI-RC-0024/2021, no fundamentó los motivos por los cuales no valoró las pruebas de descargo, ni consideró la corrección de la DUI C-33755, aplicando la referida Resolución de Directorio sobre el art. 102 del DS 25870, la autoridad demandada respondió de forma irrisoria y realizando interpretaciones alejadas del ordenamiento jurídico constitucional, tributario y aduanero vigente; y,
- c)Calificación de la conducta como contravención aduanera en contrabando; se argumentó, tanto en el recurso de alzada como en el recurso jerárquico, que el incumplimiento en la presentación de la documentación soporte y/o de sus formalidades vinculado al art. 111 del DS 25870; se constituye en una contravención aduanera relacionada a las formalidades del despacho aduanero, sancionada por la Resolución de Directorio 01-043-19 de 20 de diciembre de 2019; de manera que, en aplicación del principio de proporcionalidad de la sanción, desde ningún punto de vista se puede tipificar como contrabando una mercancía que siempre estuvo en control aduanero, arribó a recinto aduanero y fue sometida a despacho aduanero; sin embargo, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0011/2022, emitida por la autoridad ahora demandada, de manera incongruente y fuera de lugar, pretendiendo subsanar la omisión de la ANB, concluyó que la conducta atribuida por la Aduana Nacional es correcta, señalando que la mercancía no cuenta con documentación que ampare su ingreso a territorio nacional; lo cual es falso, ya que ésta ingresó a territorio aduanero cumpliendo con todas las formalidades, incluyendo el pago de los tributos de importación, siendo que las falencias que contiene la factura comercial, por causas atribuibles al proveedor, no puede desnaturalizar el correcto ingreso a territorio aduanero, cuyo aspecto en todo caso configuraría contravención aduanera por incumplimiento de deber formal, de presentar la DUI sin la documentación soporte, cuya tipificación se encuentra prevista en la Resolución de Directorio 01-043-19, que aprueba la clasificación y graduación de las contravenciones aduaneras, de manera que, la tipificación realizada por la ANB, vulneró el principio de legalidad, previsto en los arts. 6.6 del CTB y 111 del RLGA; así como, los principios de favorabilidad y proporcionalidad, al tipificar por analogía una conducta que no se encuentra prevista en el sustantivo tributario.
La autoridad demandada tampoco consideró que, a pesar de haberse hecho notar a la administración aduanera que, debido a las falencias de la documentación soporte del despacho aduanero, al amparo de lo dispuesto en el art. 102 del RLGA (principio de buena fe), se solicitó la corrección de la DUI; empero, sin el debido sustento legal, las autoridades demandadas aplicaron la Resolución de Directorio 01-001-08 por sobre lo dispuesto en el indicado Reglamento, sin justificar por qué la aplicación preferente de dicho Reglamento respecto a una norma superior en jerarquía.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, sus derechos a la defensa y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, vinculados con los principios de legalidad y jerarquía normativa, citando al efecto los arts. 115.II, 116.I, 117.I, 119 y 410 de la CPE.
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