0407/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0407/2019-S3 Sucre, 8 de agosto de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 27994-2019-56-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 11 de marzo de 2019, cursante de fs. 233 a 245, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marvell José María Leyes Justiniano contra María Anawella Torres Poquechoque y Patricia Torrico Ortega, Vocales de la Sala Penal Segunda y Nelsón César Pereira Antezana, Exvocal de su similar Tercera, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 y 28 de noviembre de 2018, cursantes de fs. 92 a 96 y 117, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, tipificados en los arts. 146, 150, 154, 221 y 224 del Código Penal (CP), fue imputado el 20 de abril de 2018, en la audiencia llevada a cabo al día siguiente, le impusieron "...gravosas y desproporcionadas medidas cautelares..." (sic); por lo que, apeló dicha decisión, misma que fue resuelta por Auto de Vista de 7 de junio del referido año, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declarando procedente en parte la planteada por él e improcedente la interpuesta por el Ministerio Público, la Procuraduria General del Estado y el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, estableciendo que no concurría el riesgo procesal de fuga; sin embargo, mantuvieron firmes y subsistentes las medidas impuestas de detención domiciliaria con custodio, fianza de Bs200 000.- (doscientos mil bolivianos), arraigo, prohibición de comunicarse con los funcionarios municipales y hacer declaraciones públicas a los medios de comunicación.

El 16 de julio de 2018, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó su solicitud de modificación de medidas cautelares, misma que apeló; sin embargo, dicha decisión fue confirmada por la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, mediante Auto de Vista de 17 de agosto del mismo año; el 28 de septiembre de igual año, por segunda vez rechazaron dicha solicitud; por lo que, impugnó nuevamente esa decisión, que dio lugar al Auto de Vista de 22 de octubre del citado año, declarándolo procedente en parte y dispuso que la Jueza a quo, dicte nueva resolución y se pronuncie exclusiva y expresamente sobre los riesgos procesales contenidos en el art. 235.2 y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

El 9 de noviembre de 2018, en cumplimiento al referido Auto de Vista, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, dictó resolución rechazando la solicitud de modificación de medidas cautelares; por lo que, impugnó la misma, la cual radicó ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del aludido departamento, quien por Auto de Vista de 23 del citado mes y año, declaró procedente su apelación incidental y dispuso el cese de la detención domiciliaria, prohibiéndole comunicarse con los demás imputados, testigos y peritos del caso; empero, ante las temerarias amenazas de los representantes del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y del Ministerio Público, esa Sala emitió un Auto Complementario de igual fecha imponiéndole medidas más "gravosas", en relación a la libertad de expresión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la impugnación, a la prohibición de reforma en perjuicio, al debido proceso en su elemento de motivación de las resoluciones judiciales, tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión, citando al efecto los arts. 115, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio