0408/2022-S1

La parte solicitante de tutela a través de sus abogados y representantes, ratificó los argumentos de su acción de amparo constitucional y ampliándolo los mismos, en audiencia, manifestó lo siguiente:

1. a)Se apertura la competencia de la Sala Constitucional por la vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, sustentada esencialmente en que los Magistrados ahora demandados, omitieron el Informe Técnico CBBIC-IN-0202/2018 de 21 de diciembre, con relación al detalle de facturas que presentó la parte ahora accionante, y que fueron debidamente compulsados en la vía administrativa, así como en las instancias de impugnación ante la ARIT y AGIT;
2. b)Las autoridades demandadas, tampoco consideraron ninguno de los argumentos planteados por la Administración aduanera a tiempo de apersonarse en la demanda contenciosa administrativa en calidad de terceros interesados;
3. c)No consideraron la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0599/2017-S1 de 27 de junio, emitida en un caso análogo y que da plena validez a la Resolución de Directorio que regula el procedimiento aduanero;
4. d)Al haber determinado la falta de validez de la Resolución de Directorio de la ANB como Entidad Pública Autárquica, vulneró el art. 4 del CPCo, referido a la presunción de constitucionalidad de toda norma en tanto no se determine su inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional Plurinacional;
5. e)Puntualizó la observancia del art. 15 de la Ley del Órgano Judicial sobre la prevalencia de la Ley especial sobre la Ley general y la aplicabilidad de la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, reiterando que la Sentencia impugnada, carece de valoración probatoria sobre los elementos aportados por la Aduana Nacional en el proceso contencioso administrativo; y,
6. f)Consideró ilegal la determinación de ordenar la devolución de mercancía que no está respaldada por ningún documento, reiterando se conceda la tutela demandada.

En uso de su derecho a la réplica la parte impetrante de tutela, a través de sus abogados y representantes, refirió que:

1. 1)Considera totalmente falso lo vertido por los terceros interesados, en razón a que reconocen la presentación de las facturas una vez iniciado el proceso sancionatorio;
2. 2)No se refirieron al porqué las autoridades demandadas omitieron la aplicación del precedente jurisprudencial citado en el contenido de esta acción tutelar; y,
3. 3)No expresaron qué valor se le hubiera otorgando al Informe Técnico CBBIC-IN-0202/2018 de 21 de diciembre, en la Sentencia impugnada; ratificando su solicitud en sentido que se otorgue la tutela solicitada.

Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Áñez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito cursante de fs. 1418 a 1422 vta., manifestaron que:

1. i)El memorial en el que se impugna la Sentencia 318/2020 de 30 de noviembre, se traduce en una simple denuncia que carece de elementos técnico-jurídicos, que demuestren objetivamente las afirmaciones vertidas, además de carecer de un cabal entendimiento sobre los institutos y conceptos expresados en su redacción repetitiva y confusa;
2. ii)La Sentencia cuestionada se limitó a resolver la demanda contenciosa administrativa planteada por Berno Muñoz Arnez y María de los Ángeles Montaño Medina, esta última en representación de Juan Gabriel Urapiri Mendoza, Sofía Yucra Mamani, Julio Rodolfo Quispe Cari, Marcelina Julia Limachi Paredes, Yngrid Escobar de Marcelo, Jorge Mamani Quispe, Mary Huaygua Sarmiento, Estefani Sánchez Llanque, Damaso Marcelo Chaca, Yvert Antonio Marcelo Patzi, Bismarck Edil Moya Yucra y Flora Llanque Adrián, dando una respuesta en cuanto corresponde en derecho;
3. iii)El 23 de agosto de 2018, la Administración Aduanera elaboró el acta de comiso 0029663, que señaló que inspeccionado el vehículo con placa de control 1435 GUT se advirtió la existencia de fardos de ropa nueva y mercadería variada, constatándose que en ese momento no se presentó documentación de respaldo, luego el 28 de agosto de 2018, el chofer Berno Muñoz Arnez, adjuntó facturas, solicitando la devolución de la mercadería y del vehículo manifestando: "...por el estado de nerviosismo en el que me encontraba no pude explicar dicha razón, ya que mi persona cargó esa mercadería en la ciudad de Oruro de diferentes clientes (...) reitero no tengo experiencia en el traslado de ese tipo de mercadería" (sic), y por proveído de 10 de septiembre de 2018, se admitió dicha documental precisando que la factura de compra original debe ir acompañada de la Declaración Única de Importación, lo que fue representado por el procesado por escrito de 28 de septiembre de 2018, manifestando que no corresponde presentar la DUI por que la mercadería fue adquirida en el mercado interno;
4. iv)A la conclusión del proceso sancionador, se emitió el Informe Técnico CBBIC-IN-0202/2018 de 21 de diciembre, y el 10 de enero de 2019, se notificó al procesado con la Resolución Administrativa CBBCI-RC-0011/2019 de 7 de enero, que declaró probado el contrabando contravencional en aplicación de los arts. 160 numeral 4 y 181 inc. b) y g) del CTB, disponiendo el comiso definitivo de los ítems B1-1 a B224-1 y la devolución del ítem 1, imponiendo la multa de 160.185,50 Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) en sustitución al comiso del medio de transporte;
5. v)La Sentencia se remitió al DS 708 en su art. 2, y se refirió al art. 8 de la Resolución de Directorio RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, señalando que el referido manual ya no se constituye en una norma reglamentaria, sino en una norma que estaría legislando al introducir en el texto la obligación de presentar la DUI, un elemento adicional, que no está señalado en la Ley, ni en el DS 708; por lo que, se evidenció que la Administración Aduanera excedió la aplicación de sus facultades de reglamentación; por lo que, la Sentencia en ningún momento inobservó el principio de congruencia;
6. vi)Se reconoció que la Administración Aduanera tiene competencia para emitir normas reglamentarias, pero aclaró que no puede excederse a facultades legislativas añadiendo aspectos que no están considerados en la Ley, como es la obligación de presentar la DUI que es un documento exigible al importador, pero no al comerciante que traslada la mercadería en el mercado interno; por lo que, no es evidente que la Sentencia permita un ilícito de contrabando, por el contrario evita que se produzca una confiscación ilegal;
7. vii)La Resolución Administrativa CBBCI-RC-0011/2019 de 7 de enero, en su contenido citó al Informe Técnico CBBIC-IN-0202/2018 de 21 de diciembre, que señaló que las facturas presentadas por el procesado se encuentran dentro del rango de dosificación del SIN; por lo que, la sentencia concluyó, que al encontrarse las facturas en el referido rango de dosificación, son válidas para respaldar la mercancía decomisada, constituyendo un abuso la exigencia de la presentación de la DUI a quien adquirió la mercancía en el mercado interno; y,
8. viii)Finalmente, en cuanto al precedente constitucional aludido de inobservado, la SCP 881/2016-S3 de 19 de agosto, estableció que la vinculatoriedad requiere para su aplicación que el caso contenga supuestos fácticos análogos, lo que no concurre en el presente caso. Por todo lo expuesto, solicitaron denegar la acción de amparo constitucional. I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva a.i. de la AGIT, presentó informe escrito cursante de fs. 1185 a 1189, ratificado en audiencia, en el que refirió:

1. a)La Sentencia 318/2020, contiene apreciaciones aisladas que no consideran en su integridad los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0838/2019 de 5 de agosto, ni los fundamentos técnicos que la misma contempla;
2. b)Al concluir que con la aplicación de la Resolución de Directorio 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, "(...) la referida resolución de Directorio, en el presente caso ya no se constituye en una norma reglamentaria que estaría legislando, al introducir un elemento que no está señalado en la ley ni en el Decreto Supremo 708 (...)", la Administración Aduanera habría excedido sus facultades, se apartan del marco de las atribuciones para resolver una demanda contenciosa administrativa, no teniendo facultad alguna para desconocer y no aplicar una norma vigente que tiene carácter general y que conforme al art. 4 del CPCo tiene presunción de constitucionalidad;
3. c)La incongruencia es manifiesta, pues dentro de un proceso contencioso administrativo que tiene por objeto el control de legalidad de las actuaciones de la AGIT, se ha desconocido una norma vigente y constitucional, como si la problemática planteada ante los Magistrados ahora demandados, versara sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la citada Resolución de Directorio;
4. d)El sujeto procesado, presentó facturas con posterioridad al operativo de control que dio lugar al decomiso de la mercancía, y estas fueron consideradas y valoradas por la entidad ahora peticionante de tutela y dio lugar a que se disponga la devolución parcial de la misma, precisamente porque las referidas facturas no respaldaban que la totalidad de la mercancía habrían sido adquiridas en el mercado interno, sino solo una parte; sin embargo, en la Sentencia impugnada no se consideró este aspecto habiéndose limitado a establecer que las facturas fueron verificadas en el sistema del SIN, infiriendo que correspondía la devolución de la mercancía sin exponer ningún fundamento legal que permita a las partes conocer los motivos que justifiquen dicha determinación;
5. e)La Sentencia es un fallo omisivo, pues no hace alusión, ni desvirtúa la fundamentación técnico-jurídica contenida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0838/2019 de 5 de agosto, dejando de lado que es precisamente dicho acto administrativo el objeto del control de legalidad; debieron establecer de manera fundada cuáles fueron los razonamientos expuestos en dicha resolución jerárquica que resultaban contrarios a la norma; y,
6. f)El fallo impugnado, carece de un análisis y valoración de los fundamentos expuestos por la AGIT en el memorial de contestación a la demanda contenciosa administrativa, en el que se rebatió cada uno de los puntos expuestos por la parte demandante; por lo que, no existiendo un pronunciamiento congruente, motivado y fundamentado, corresponde conceder la tutela por la evidente vulneración a derechos y garantías constitucionales.

María de los Ángeles Montaño Medina, en representación de los terceros interesados Juan Gabriel Urapiri Mendoza, Sofía Yucra Mamani, Julio Rodolfo Quispe Cari, Marcelina Julia Limachi Paredes, Yngrid Escobar de Marcelo, Jorge Mamani Quispe, Mary Huaygua Sarmiento, Estefani Sánchez Llanque, Damaso Marcelo Chaca, Yvert Antonio Marcelo Patzi, Bismarck Edil Moya Yucra y Flora Llanque Adrián, en uso de su derecho a la réplica, a través de sus abogados y representantes, por informe escrito de fs. 1425 a 1428, ratificado en audiencia, alegó que:

1. 1)El día del operativo, siendo que toda la mercadería venía con factura, el chofer se molestó porque los efectivos aduaneros exigieron las DUI y no quisieron aceptar las facturas, por lo que, se comisó la mercadería y fueron conducidos a depósito de ALBO S.A.; lastimosamente no se cuenta con grabaciones para demostrar este extremo;
2. 2)Existió un mal asesoramiento en la presentación del primer escrito que fue evaluado por la Aduana, sin tomar en cuenta que las facturas fueron presentadas después del operativo y que no hay normativa que indique que las mismas no puedan ser presentadas posterior al operativo y que sean compulsadas con la mercadería descrita en el Acta de Intervención;
3. 3)La Aduana exigió para la demostración de la legalidad de la mercadería, que se presente la DUI, aspecto que es por demás absurdo, ya que al momento de comprar la mercancía en el mercado interno, no se puede exigir una DUI al comerciante mayorista;
4. 4)En la Sentencia impugnada, se hizo referencia a que las facturas presentadas después del operativo, fueron verificadas en el SIN; nosotros señalamos que las facturas fueron presentadas a momento del operativo y no fueron valoradas, ni compulsadas con la mercadería; y,
5. 5)Se debe considerar que el medio de transporte fue interdepartamental, por lo que corresponde la aplicación del DS 708, relativo al traslado de mercadería nacionalizada adquirida en el mercado interno con respaldo de la factura de compra; por lo que, solicita se deniegue la tutela en aplicación del art. 410 de la CPE y los principios de informalismo y verdad material previstos en el art. 4 inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 093/2021 de 26 de mayo, cursante de fs. 1477 a 1482 vta., concedió "en parte" la tutela impetrada, dejando sin efecto la Sentencia 318/2020 de 30 de noviembre, emitida por los Magistrados demandados, disponiendo que sin necesidad de sorteo y dentro del tercero día, las mismas autoridades pronuncien una nueva Sentencia, subsanando las observaciones señaladas, y enmarcando su decisión en la observancia del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia, bajo los siguientes fundamentos:

1. i)La Sentencia 318/2020, vulneró el derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, ya que las autoridades demandadas identificaron la problemática en función de la cual están obligados a pronunciarse, conforme a los dos acápites consignados en su numeral II.2, pronunciándose únicamente respecto al análisis normativo cuestionado por la parte demandante, solo en relación al punto 1 de la problemática planteada en la demanda contenciosa administrativa, y respecto al punto 2 expresaron que no corresponde señalar ningún criterio; es decir, respecto a que si la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0838/2019 de 5 de agosto, fue emitida sin observar el debido proceso, derecho a la defensa, supremacía constitucional, ni el principio de verdad material, se omitió el análisis de la Resolución jerárquica, que era precisamente el objeto del proceso contencioso administrativo;
2. ii)No obstante que las autoridades demandadas, realizaron un análisis normativo dentro de sus competencias, en el punto II.3.1, respecto al comiso de la mercadería, textualmente determinaron que no se pronunciará respecto a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0838/2019, siendo por ello incongruente y de manera contradictoria determinó directamente en las conclusiones del punto III, que la Resolución Jerárquica referida, interpretó y aplicó incorrectamente la normativa legal administrativa aplicable; es decir, no se conoce de dónde infiere o llega a esta conclusión;
3. iii)Estas dos circunstancias verifican objetivamente que las autoridades demandadas, han incurrido en una motivación insuficiente, además de una conclusión incongruente sin analizar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0838/2019;
4. iv)No corresponde a esta Sala Constitucional determinar si es correcto o incorrecto el análisis de la norma legal aplicable que realizaron las autoridades demandadas en la Sentencia impugnada, por cuanto ello se enmarca dentro de sus atribuciones y la naturaleza del proceso contencioso administrativo; y,
5. v)En cuanto a la omisión en la aplicación de la SCP 599/2017-S1 de 27 de junio, esta Sala Constitucional considera que si bien el caso trata de un asunto también aduanero; empero, las circunstancias fácticas resultan ser diferentes al caso concreto, y eventualmente las autoridades demandadas podrán considerarla dentro del análisis sobre la problemática en cuestión a momento de emitir una nueva Sentencia en el proceso contencioso administrativo.

1. a)Previa exposición de los antecedentes del operativo aduanero y el agotamiento de la vía administrativa, impugnó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0838/2019 de 5 de agosto, que en su numeral XI sub punto IV.3.1, respecto a la prestación de facturas, indicó: "...observando lo determinado en el Numeral 8. Presentación de descargos, del Punto Aspectos Técnicos y Operativos de la Resolución de Directorio N° RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, que aprueba el manual de procesamiento por contrabando Contravencional, que establece que la presentación posterior a la realización del operativo, de la Factura de Compra original deberá estar acompañada por la DUI, que respalde el legal ingreso de las mismas..." (sic); siendo que, una Resolución de Directorio no puede tener más fuerza que la Ley, o un Decreto Supremo;
2. b)La aludida Resolución de Directorio, vulnera el derecho a la defensa, a la propiedad y a la presunción de inocencia, pues si por cualquier causa ajena no se presenta la factura a momento del operativo, la misma no tendría valor si es presentada posteriormente, debiendo tomar en cuenta que los dueños de casas comerciales a momento de entregar la factura no están obligados a entregar las respectivas pólizas;
3. c)Aducen que su mercadería está respaldada por completo con facturas de compra venta dentro del mercado interno, que no fueron consideradas por la administración aduanera;
4. d)Es aplicable el art. 2 del DS 708, que reglamenta la Ley 037, citando además los arts. 115.II y 410 de la CPE, art. 68, 81, 98 y 217 del CTB, art. 4 de la LPA, art. 4 del Reglamento a la LGA, art. 31 del Reglamento a la LPA; y,
5. e)La administración aduanera, omitió valorar las facturas presentadas como descargo, vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso; por lo que, la Resolución de Recurso Jerárquico incumplió con el art. 99.II del CTB. (fs. 1437 a 1439; 1441 a 1443 vta.).

1. 1)Interpuso incidente de nulidad del auto de admisión, por haberse planteado la demanda fuera del plazo de noventa días, la Resolución de Recurso Jerárquico fue notificada a los demandantes el 9 de agosto de 2019, y su plazo fenecía el 7 de noviembre del citado año, y la presente demanda fue presentada el 14 del señalado mes y año, siendo por ello extemporánea;
2. 2)Sin perjuicio del incidente, contestó negativamente expresando que la demanda contenciosa es una mera reiteración del Recurso Jerárquico; por lo que, no puede suplirse la carencia de carga argumentativa de orden sustancial en contra de la Resolución de Recurso Jerárquico, línea jurisprudencial establecida en la Sentencias 238/2013 de 5 de julio, y Sentencia 0252/2017 de 18 de abril, emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia;
3. 3)La parte solicitante de tutela pretende introducir un agravio vinculado a la aplicación de la Resolución de Directorio RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, el cual jamás fue parte de los argumentos expuestos en la instancia recursiva administrativa, ni en alzada, ni en jerárquico; por lo que, concurre la figura del acto consentido; de igual manera la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia estableció línea en la Sentencia 228/2013 de 2 de julio;
4. 4)Según el art. 77.III del CTB las actas hacen plena de su contenido, y según el Acta de Intervención, durante el operativo de control no se presentaron las facturas, incumpliendo el art. 2 del DS 708; no obstante, en la Resolución Administrativa CBBCI-RC-0011/2019 de 7 de enero, se efectuó un análisis de todas las facturas presentadas posterior al operativo, estableciendo que las mercancías no se encontraban amparadas, no habiéndose acompañado el DUI correspondiente según la Resolución de Directorio RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, misma que fue emitida dentro de la atribución reglamentaria otorgada por los arts. 37 de la LGA y 33 inc. a) de su Decreto Reglamentario;
5. 5)Es correcto que la Administración Aduanera, haya establecido la comisión del ilícito de contrabando de la mercancía contenida en el Acta de Intervención Contravencional ; en la misma línea la Resolución de Recurso Jerárquico, resolvió todos y cada uno de los agravios expresados por los recurrentes, respetando el debido proceso en todos sus componentes; y,
6. 6)Citó para su compulsa y aplicación, el precedente contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ -1/2016 y la Sentencia 510/2013 de 27 de noviembre de 2013, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando se declare IMPROBADA la demanda (fs. 1447 a 1454).

1. i)En el Considerando II numeral II.2 identificó como problemáticas a ser resueltas:
2. a)Si es evidente que no corresponde el decomiso de la mercancía nacionalizada, considerando que la misma fue adquirida en el mercado interno, encontrándose respaldada con las respectivas facturas, las cuales no fueron consideradas por la Administración Aduanera, debiendo aplicarse el DS 708; y,
3. b)Si es evidente que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0838/2019 de 5 de agosto, fue emitida sin observar el debido proceso, el derecho a la defensa, la supremacía constitucional y sin considerar el principio de verdad material;
4. ii)El 28 de agosto de 2018, Berno Muñoz Arnez, conductor del vehículo, mediante memorial adjuntó facturas, solicitando la devolución de la misma del vehículo manifestando "...por el estado de nerviosismo en el que me encontraba no pude explicar dicha razón, ya que mi persona cargó esa mercadería de la ciudad de Oruro de diferentes clientes (...) reitero no tengo experiencia en el traslado de ese tipo de mercancía" (sic), admitida la documentación, la Administración Aduanera precisó que la factura original debe ir acompañada de la DUI, con lo que el 28 de septiembre de 2018, Berno Muñoz Arnez presentó las facturas originales, manifestando que no corresponde presentar la DUI porque la mercancía fue adquirida en el mercado interno;
5. iii)El art. 2 del DS 708 Reglamento a la LGA establece que no serán objeto de decomiso las mercancías que cuenten con respectiva factura presentada en el momento del operativo, citando que el Directorio de la Aduana Nacional tiene atribución para emitir normas reglamentarias, y que aprobó la RD 01-017-16 de 22 de septiembre, que dispone en su art. 8 que la presentación posterior a la realización del operativo de factura de compra original, debe estar acompañada de la DUI, estableciendo que la referida Resolución de Directorio ya no se constituye en una norma reglamentaria, sino en una norma que estaría legislando al introducir en el texto de su resolución un elemento que no está señalado en la Ley ni en el DS 708, cuando añade la obligación de presentar la DUI; por lo que, la Aduana excedió sus facultades de reglamentación;
6. iv)En tal sentido, la DUI es un documento exigible al importador de mercancía, mas no al comerciante que traslada esa mercancía en el mercado interno; ya que, el exigir al comerciante la presentación de la DUI dentro del territorio Nacional, se constituye en un exceso y un abuso, lo que en lugar de constituir un comiso legal, se traduce en una confiscación ilegal y arbitraria, más adelante ratificó: "no pudiendo la Resolución de Directorio 01-017-16 de 22 de septiembre, emitida por la Administración Aduanera, sobreponerse a un decreto supremo, en este caso al DS 708, por principio de jerarquía normativa";
7. v)La Resolución Administrativa CBBCI-RC-0011/2019 de 7 de enero, luego de mostrar un cuadro comparativo de las facturas, señaló que "...las mismas fueron verificadas en el Sistema de IMPUESTOS-SERVICIOS WEB DE CONSULTA AL SIN", añadiendo que a pesar que las facturas que fueron presentadas en original después del operativo sin el respaldo de la DUI, el Informe Técnico CBBIC-IN-0202/2018 de 21 de diciembre, procedió a su evaluación y compulsa, concluyendo que estas NO AMPARAN la legal importación de la Mercancía comisada, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía y la devolución del semirremolque (sic), siendo evidente que la Administración Aduanera señaló que las facturas fueron verificadas en el Sistema del SIN y que se encuentran en el rango de dosificación, siendo estas válidas para respaldar la mercancía decomisada, tomando en cuenta que se verificó la autenticidad y legalidad de las facturas presentadas; por lo que, el comiso de la mercancía se constituye en un exceso, así como la multa impuesta por el vehículo; y,
8. vi)En aplicación del principio de verdad material, no se puede desconocer la validez y legalidad de las facturas, no pudiendo interpretarse dicho principio al revés como pretende la Administración Aduanera, tomando en cuenta que no hay norma que establezca como sanción a la pérdida de la mercancía si no se tenía la factura en el momento del operativo, trasladada la mercancía a recinto aduanero, y presentadas las facturas no había motivo para que estas no sean devueltas a su propietario, reiterando que la verificación de la DUI en relación a la mercancía facturada corresponde al importador; por lo que, se evidenció una mala interpretación y aplicación de la ley por parte de los Tribunales en sede administrativa, correspondiendo disponer que la Administración aduanera devuelva la mercancía decomisada, no correspondiendo de igual manera la multa en sustitución del comiso del vehículo (fs. 1455 a 1461 vta.).

La parte accionante consideró que los Magistrados demandados, lesionaron los derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia al pronunciar la Sentencia 318/2020 que declaró probada la demanda contenciosa administrativa dejando sin efecto las Resoluciones Administrativas de recurso de alzada y jerárquico, disponiendo la devolución de la mercancía decomisada, incurriendo en:

1. a)Vulneración al debido proceso, en su vertiente de supresión y restricción de la potestad aduanera prevista en el art. 1 de la Ley 1990 y art. 22 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000 porque la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia declaró de facto la inexistencia del ilícito aduanero, sin ningún sustento normativo, arrogándose atribuciones técnicas de la Aduana Nacional al haber dispuesto sin base ni fundamentación técnica, la devolución de mercancía que no cuenta con documentación que ampare su legal internación al territorio nacional;
2. b)Incongruencia al referir que la Aduana Nacional tiene competencia para emitir normativa reglamentaria para el ejercicio de sus funciones, pero contradictoriamente pretende limitar esa prerrogativa al concluir que la Resolución de Directorio 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016 sería un acto o procedimiento arbitrario; y,
3. c)Vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, por cuanto en su pretendida labor de dirimir el conflicto, las autoridades demandadas se arrogaron subjetivamente la atribución de declarar la inexistencia del ilícito sin sustento de informe técnico y jurídico, contrario al art. 26 del DS 25870 que señala que solo la Aduana Nacional ejerce la función de Control y Fiscalización Aduanera que son pertinentes para verificar las características esenciales de la mercancía en su origen, valor arancelario y calidad.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para ello se desarrollaran los siguientes temas:

1. 1)El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
2. 2)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso;
3. 3)La acción de amparo constitucional no resuelve aspectos relativos con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma; y,
4. 4)Análisis del caso concreto.