Texto del fallo
Sintesis del caso
La accionante alega que las autoridades judiciales demandadas, vulneraron sus derechos al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación y a la petición; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estelionato y uso de instrumento falsificado, no recibió respuesta lógica ni razonada, únicamente simples providencias, respecto a la excepciones planteadas de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y de prescripción con relación al delito de uso de instrumento falsificado, como a los recursos de reposición que planteó, contra los proveídos de que “esté a la ley 586”.
Sintesis de la ratio decidendi
Se concede en parte la acción de amparo constitucional, toda vez que, los demandados incurrieron efectivamente en vulneración al no haber dado respuesta a las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso como de prescripción con relación al delito de uso de instrumento falsificado.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.2 “…el derecho de petición como derecho fundamental de la persona, se encuentra consagrado en el orden constitucional interno, como en los Instrumentos Internacionales, en mérito a que toda petición se la efectúa con la pretensión de obtener una contestación, de la autoridad a quien se la formula, la que está en el deber de dar una respuesta sea en sentido positivo o negativo, de manera clara, fundamentada y oportuna, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuyo entendimiento expresa que toda petición formulada por las partes procesales, merece una respuesta sea positiva o negativa, clara concreta y precisa, debidamente fundamentada, lo que no aconteció en el caso de autos, que los Jueces hoy demandados ante las constantes peticiones de la accionante, se limitaron a dictar providencias referidas a la Ley 586, sin explicar por qué la cita de esa normativa, lo que no es admisible en un Estado de derecho, en mérito a que si bien consideraban que era aplicable en su caso el procedimiento establecido por la citada Ley 589, debieron emitir una Resolución debidamente fundamentada, exponiendo los motivos y razones, por los cuales, llegaban a esa conclusión, los que omitidos dejaron sin resolver la situación jurídica de la accionante, por su conducta reiterativa de no pronunciarse en el fondo de sus peticiones, actuación que lesionó efectivamente, los derechos tanto a la petición invocado por la impetrante de tutela, como el debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, al omitir no solo dar una respuesta a las pretensiones formuladas, sino también de no resolverlas a través de la emisión de una Resolución como correspondía, que contenga la debida fundamentación y motivación que exprese y transmita con claridad los motivos que la sustenten. Por consiguiente, al advertirse que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, incurrió efectivamente en vulneración de los derechos a la petición y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación de la accionante, al no haber dado respuesta a las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso como de prescripción con relación al delito de uso de instrumento falsificado, y al recurso de reposición planteado contra las providencias, -como se refirió- mediante la emisión de una resolución como correspondía de manera fundamentada y motivada, sino mediante simples proveídos, omisiones que determinan se abra el ámbito de protección de esta acción de amparo constitucional, para el restablecimiento de los derechos lesionados. No obstante lo señalado, es pertinente referirse al petitorio efectuado por la parte accionante, que al margen de solicitar la concesión de la tutela, peticionó se dejen sin efecto,
- 1)Las Resoluciones 13/2015, 18/2015, 17/2016, 19/2016, 136/2017 y todos los actos realizados en cumplimiento y/o emergentes de dichas resoluciones;
- 2)Se ordene que el proceso penal que le siguen, pase al Tribunal siguiente en número, para que conozca y resuelva la excepción de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, respecto al delito de uso de instrumento falsificado; y,
- 3)Se declare firme y subsistente, la prescripción del delito de estelionato a su favor y de los coimputados, con costas y responsabilidad a los demandados, por los daños y perjuicios ocasionados, lo que no corresponde; toda vez que, de los antecedentes procesales se pudo verificar que son actuaciones anteriores al acto lesivo, mismo que vulneró el derecho de petición, constatándose que la lesión denunciada se consumó con el proveído de 27 de abril de 2018, que se encuentra comprendido entre “los actos realizados en cumplimiento y/o emergentes de dichas resoluciones”, providencia que fue emitida por los demandados en contestación al memorial de 26 de ese mes y año, por el que la accionante corrige y formula la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción con relación al delito de uso de instrumento falsificado. De la misma manera con relación a sus pretensiones de remitir el proceso a otro Tribunal siguiente en número como que se declare firme y subsistente, la prescripción del delito de estelionato a su favor y de los co imputados, tampoco corresponde, porque ello será definido por las autoridades judiciales competentes a momento de pronunciar en forma fundamentada la resolución, en respuesta a la formulación de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción respecto al delito de uso de instrumento falsificado”.
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0411/2019-S2 Sucre, 24 de junio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 26405-2018-53-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 27/2018 de 8 de noviembre, cursante de fs. 138 a 141, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Verónica Virginia Catacora Quispe contra Jimena Velásquez Albarracín, Daniel Huaynoca Villca y Tomás Eulogio Condori Mamani, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 17 y 30 de octubre de 2018, cursantes de fs. 91 a 100; y, 104 a 108, la accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra y otros, por el Ministerio Público a instancia de Javier Arturo Sejas Revollo, por la presunta comisión de los delitos de estelionato y uso de instrumento falsificado, iniciado con la denuncia de 3 de octubre de 2007, se dictó la injusta Sentencia condenatoria declarándola autora de los referidos ilícitos. Es así, que el 25 de abril de 2013, su persona formuló, como los imputados, excepción de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, habiendo las autoridades, ahora demandadas, dictado la Resolución 13/2015 de 12 de marzo, declarándola infundada e improbada.
Luego el 18 de marzo del año citado, presentaron la excepción de la extinción por prescripción de la acción penal de los delitos de uso de instrumento falsificado y estelionato, que mereció la Resolución 18/2015 de 7 de mayo, declarándola infundada e improbada, fallo en el que no aplicaron la jurisprudencia y normativa aplicable al instituto de la prescripción y de manera ilegal consideraron "precluida la extinción de la acción penal por prescripción, por un supuesto incumplimiento a la Ley 586/2014, al no haber sido presentadas las excepciones de manera conjunta" (sic), sin considerar que no podían obligarlos a cumplir con una Ley que no existía el 25 de abril de 2015, cuando presentaron la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, pues constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.
Contra las Resoluciones 13/2015 y 18/2015, dictadas por los demandados, interpusieron el recurso de apelación incidental; instancia en la cual, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Resolución 17/2016 de 11 de enero, declarando procedente los fundamentos del recurso; y en consecuencia, repuso y dejó sin efecto la Resolución 18/2015, disponiendo que las autoridades judiciales demandadas, emitan nueva resolución en el plazo de cuarenta y ocho horas; fallo que fue cumplido recién mediante la Resolución 19/2016 de 3 de junio, declarando fundada la excepción de extinción de la acción por prescripción respecto al delito de estelionato; e infundada la de extinción de la acción penal por prescripción y duración máxima del proceso, con relación al delito de uso de instrumento falsificado, determinación que es repetición de la Resolución dejada sin efecto 18/2015.
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