0411/2022-CA

Dentro del proceso de privilegio constitucional 01/2018 denominado "ENFE" con IANUS 101198201801087, seguido por el Ministerio Público a proposición acusatoria presentada por Marcelo William Elio Chávez, Tania Inés Melgar Henrich de Ocampo y Emeliana Aiza Parada, Contraloría General del Estado como Coadyuvante y víctima la representación de la Procuraduría General del Estado contra Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Cristóbal Alfonso Revollo Thenier, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Villalobos Sanjinez, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmuz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Aranibar Quiroga, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santiago Arturo Nishizawa Takano, José Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio César Oropeza Bleichner y Franklin Mejía Ríos, por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al estado, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, constituida en Tribunal de Juicio de Responsabilidades, mediante AS 002/2022⁷ promueve de oficio la presente acción normativa.

1. a)Advierten de la existencia de un conflicto normativo que a su criterio inviabiliza el desarrollo del acto de juicio, pues, señalan que el art. 18.I de la Ley 044, al prever el juzgamiento en "única instancia y "sin recurso ulterior", concordante con los arts. 3.I de la Ley 2445 y 38.3 de la LOJ; anulan la posibilidad de que la decisión de imponer una sentencia en primera instancia sea revisada por otro Tribunal, con todos sus efectos insertos en los arts. 180.II de la CPE, 8.2 de la CADH y 14.5 del PIDCP, cuya interpretación se funda en la facultad que tienen todos los ciudadanos para controvertir los fallos que imponen por primera vez una condena; empero, se impide materializar el derecho a la impugnación o doble instancia que tiene el propósito de lograr la corrección del fallo y la recta administración de justicia en el marco de todas las controversias judiciales, involucrando de manera transversal, también al desarrollo del proceso de juicio de responsabilidades, que en igualdad de condiciones pertenece a todos los intervinientes; lo contrario sería desconocer otros principios de rango constitucional y legal como la presunción de verdadera justicia de la sentencia, la defensa, el acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, y seguridad jurídica, porque se desconocería la cosa juzgada, además de crear incertidumbre en el sistema judicial; cuando la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha determinado en varios fallos que la garantía de la doble instancia se enmarca dentro del debido proceso en la medida que la revisión del fallo por parte del juez superior impide que se dicte sentencia contraria a derecho;
2. b)En relación a la supuesta contravención de los preceptos legales impugnados con el art. 115.II de la CPE, que prevé: "El Estado garantizará el derecho al debido proceso, a la defensa...", siendo que el debido proceso como garantía constitucional, incluye el principio de impugnación y el derecho a la defensa; y en ese entendido ningun fallo debe dejar de ser revisado en una segunda instancia; y, con el art. 117.I de la Norma Suprema, que establece: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso", se debe considerar que el debido proceso se halla encaminado a que en la realización de todo proceso ya sea judicial o administrativo, sin distinción alguna se observen los elementos que lo componen, no siendo un óbice cuando se trate del juzgamiento de altas autoridades del Estado, como son los juicios de responsabilidades;
3. c)De igual forma advierten una clara incompatibilidad con el art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, pues, el hecho de suprimir una etapa procesal es manifiestamente contrario al debido proceso y a la defensa; refieren que como Tribunal Supremo de Justicia, y máxima instancia de la justicia ordinaria se ven en la imposibilidad de juzgar o encausar a cualquier ciudadano aplicando las disposiciones demandadas de inconstitucionales, porque estarían actuando en contraposición a lo que establece la Ley Fundamental y en un desconocimiento claro y evidente de la garantía a la que se encuentra constreñida el Estado;
4. d)Con relación a la supuesta contradicción con el art. 410 de la citada Ley Fundamental, que establece la pirámide normativa interna, reconociendo a la Constitución Política del Estado como la primera y más importante norma, luego se ubican los tratados internacionales e inmediatamente por debajo las leyes nacionales y otros, debiendo las normas infra constitucionales circunscribirse a su contenido sin contradecirla; sin embargo, las normas impugnadas deniegan a las partes intervinientes en el juicio a recurrir de las sentencias a ser emitidas, en inobservancia del principio de impugnación reconocido en la Constitución Política del Estado y en instrumentos internacionales, lo que a su vez denota una antinomia dentro del texto constitucional, pues por una parte reconoce el principio de impugnación en los procesos judiciales, pero al tratarse de los juicios previstos por el art. 184.4 de la Ley Fundamental, limita no solo ese principio sino tambien el derecho a recurrir; y,
5. e)En cuanto a la incompatibilidad e inconvencionalidad del art. 184.4 de la CPE, que prevé como atribución del Tribunal Supremo de Justicia, "Juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado...", afirman que dicha disposición constitucional se contrapone a los arts. 8 inc. h) de la CADH y 14.5 del PIDCP, por cuanto el derecho a recurrir de una decisión judicial forma parte del corpus iuris de los derechos humanos, el cual se traduce en parámetro de observancia obligatoria por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, ingresa tambien en contradicción con los propios postulados de la misma Norma Suprema y con los lineamientos jurisprudenciales asumidos por la Corte-IDH con relación a los procesos de privilegios constitucionales sustanciados en otros países, resultando evidente la contravención a las normas convencionales y al principio de impugnación, por la ausencia de otra instancia superior a la Sala Plena, solicitando en consecuencia su inaplicabilidad y que se brinde en su lugar el sentido que no solo garantice el corpus iuris interno, sino que materialice la cosa juzgada conforme a los lineamientos jurisprudenciales asumidos por la Corte-IDH.