Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0412/2026-S2 Sucre, 23 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 53368-2023-107-AL Departamento: Potosí
En revisión la Resolución 01/2023 de 24 de enero, cursante de fs. 311 a 316, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Merubia Quiñonez en representación sin mandato de Ross Miriam Quiñones Miranda contra Fernando Alarcón Camargo, Juez Público de Familia Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, Fernando Enrique Veliz Villa, Comandante Regional de la Policía Boliviana de Llallagua del referido departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 20 y 24 de enero de 2023, cursantes a fs. 1; 24 a 27 vta.; y, 288 a 290; la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso de división y partición de bienes gananciales seguido por Mariel Peláez Gonzales contra Hernán Denis Merubia Quiñones, radicado ante el Juzgado Público de Familia Primero de Llallagua del departamento de Potosí, pese a que el bien inmueble objeto del proceso es de su propiedad por derecho hereditario y Mariel Peláez Gonzales, actora del proceso familiar, no acreditó de manera idónea derecho propietario sobre el mismo, Fernando Alarcón Camargo, Juez Público de Familia Primero de Llallagua del citado departamento -ahora demandado- fijó audiencia para el 19 de enero de 2023 a horas 15:15, destinada a la realización de un avalúo técnico, disponiendo el ingreso al inmueble con auxilio de la fuerza pública y la intervención de un perito.
El 18 de enero de 2023, fue diagnosticada con Coronavirus (COVID-19), razón por la cual, con el objeto de precautelar su salud y la de las demás personas intervinientes, el 19 de igual mes y año, a horas 13:12, presentó una nota ante la autoridad judicial demandada, solicitando la suspensión de la audiencia señalada y acompañando la documentación correspondiente; sin embargo, dicha solicitud no fue considerada oportunamente, pues el Juez demandado continuó con el actuado programado, sin verificar la existencia de la documental presentada ni disponer la suspensión solicitada. Pese a dicha solicitud, la autoridad judicial demandada autorizó que Mariel Peláez Gonzales, actora del proceso familiar, junto a un arquitecto y funcionarios policiales, acudieran a su domicilio para cumplir la determinación de ingreso al inmueble y realizar el avalúo técnico dispuesto. Esa actuación generó persecución, perturbación e incertidumbre, pues el ingreso fue ordenado dentro de un proceso en el que no intervino como parte principal y en el cual no se acreditó derecho propietario suficiente sobre el bien inmueble cuya división y partición se pretendió.
Asimismo, funcionarios policiales acudieron a su domicilio sin que en el expediente cursara una notificación o comunicación legal al Comando Regional de la Policía Boliviana de Llallagua del departamento de Potosí que justificara su presencia. La concurrencia de efectivos policiales, vehículos y motocicletas policiales provocó intimidación y zozobra, más aún por su delicado estado de salud a raíz del diagnóstico de COVID-19 y por su condición de persona adulta mayor.
I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
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