0413/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga:

1. a)La nulidad de Memorándum MJTI-DGAA-URH-AS-AC 027/2020³ y la "Resoluciones Administrativas Nos. 001/2020 y 02/2020";
2. b)La inmediata reincorporación a mi fuente laboral en el cargo que ocupaba, con el mismo sueldo o carga laboral, respetando su condición física;
3. c)El pago íntegro del salario desde el momento de la desvinculación laboral objeto de la vulneración ahora denunciada, así como el pago a la AFP, CNS y demás derechos sociales a partir del 18 de enero de 2020;
4. d)El pago de daños y perjuicios, costos y costas; además de honorarios profesionales; y,
5. e)En caso de incumplimiento se proceda de acuerdo a lo dispuesto por los art. 17 y 57 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Iván Manolo Lima Magne, actual Ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante sus representantes legales por Informe presentado el 14 de mayo de 2021, cursante de fs. 179 a 181, y en audiencia manifestó que:

1. 1)La solicitante de tutela fue incorporada como funcionaria del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional no por convocatoria pública o evaluación de méritos; en consecuencia, ingresó en condición de funcionaria pública provisoria, debiendo tener presente el art. 71 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público concordante con el Decreto Supremo (DS) 25749 de 20 de abril de 2000; por lo que, a los efectos del cese de la vinculación laboral no es necesaria ninguna causal o justificativo, precisamente por esa condición, tal como se tiene aclarado en la jurisprudencia constitucional; en su condición de funcionaria pública provisoria no cuenta con la posibilidad de impugnar las decisiones administrativas o su retiro, menos formular recurso de revocatoria o jerárquico, sino tenía la vía constitucional habilitada directamente, por lo tanto, no cumplió el principio de inmediatez, tomando en cuenta que fue noticiada con el Memorándum MJTI-DGAA-URH-AS-AC 027/2020³;
2. 2)En las acciones constitucionales debe existir un nexo de causalidad entre los hechos y el petitorio, es decir el acto mencionado como vulnerador; es decir, la Resolución Jerárquica 002/2020 que resuelve un recurso jerárquico, presentado ante un Informe legal y el petitorio que seguramente tendría que haber merecido se adecué a estándares constitucionales en cuanto a derechos y garantías; sin embargo, de forma incoherente y sin que se cumpla con ese nexo de causalidad dice que la acción vulneradora es dicho recurso, por otra parte está pidiendo la reincorporación a su fuente laboral; por lo tanto, no es posible ingresar al análisis de fondo de la acción de amparo constitucional ante dicho error;
3. 3)Respecto a que la entidad demandada incurrió en un silencio administrativo, lo que correspondía es acudir ante la instancia constitucional alegando la lesión al derecho estipulado en el art. 24 de la CPE;
4. 4)No procedía la activación de los recursos de revocatoria y jerárquico; toda vez que, no se estaba frente a un acto administrativo definitivo, sino frente a una opinión técnica que no implica una determinación final; y,
5. 5)La accionante aludió lesión a su derecho a la vida y la salud; siendo que, presenta un certificado médico emitido por un profesional en salud particular para, posteriormente y con la finalidad de subsanar su error, presenta un Certificado otorgado por un galeno de la CNS, documento que tampoco es aceptable, pues el mismo debió ser emitido por un especialista oncólogo, siendo la razón por la que el antedicho médico se limita a indicar que la impetrante de tutela es paciente y que el 2019 fue objeto de tratamiento; empero, en ninguna de sus partes refirió un diagnóstico de cáncer.

Álvaro Eduardo Coimbra Cornejo, ex Ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus abogados por informe presentado el 17 de mayo de 2021 cursante de fs.219 a 223 y en audiencia señaló que:

1. i)La solicitante de tutela pretende sorprender la buena fe de las autoridades; toda vez que, solicitó su reincorporación laboral y todo los efectos que ello conlleva; por ello, frente al Memorándum MJTI-DGAA-URH-AS-AC 027/2020³ de agradecimiento de servicios no interpuso ningún recurso, haciéndolo solo contra el Informe Jurídico MJTI-DGAJ-AUJ 049/2020; en consecuencia, no cumple con el principio de subsidiariedad;
2. ii)No se lesionó derecho alguno de la accionante, tomando en cuenta que no estaba sujeta a la carrera administrativa por el contrario se encontraba bajo la tuición del Estatuto del Funcionario Público;
3. iii)La Ley 1223 busca reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer; sin embargo, esta no puede ser mal utilizada por ningún trabajador faltando a la verdad; por ello, si bien la accionante presentó certificaciones médicas, ninguna refiere que la misma padece de un cuadro de cáncer; y,
4. iv)La impetrante de tutela instó se le identifique como responsable de los gastos a erogarse, que a criterio de la misma resulta de la desvinculación laboral; a pesar de que, en su memorial pide se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2020, el cual resuelve ante el cuestionamiento de un Informe emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos, el que no tiene calidad de resolución definitiva o su equivalente, siendo solo una opinión legal sin mayor trascendencia jurídica; por lo tanto, no se hizo uso de ningún recurso de impugnación contra el referido memorándum de despido, sino, reclama la anulación del Informe Legal antes citado; por lo que, dicha petición por más de ser concedida no generaría de ninguna manera su reincorporación a la institución menos el pago de alguna pretensión económica como ser salarios devengados.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 103/2021 de 17 de mayo, cursante de fs. 230 a 234, denegó la tutela impetrada con base en los siguientes fundamentos:

1. a)De lo fundamentado y las pruebas aportadas, en cuanto al nexo de causalidad que debe existir para poder considerar la presente acción de defensa, como ser identificar en forma clara y precisa que derechos son los que se consideran lesionados, los que deben estar directamente relacionados con la última decisión asumida por la autoridad demandada, es decir la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2020, o sea, causa y efecto que debe ser pertinente con los hechos supuestamente lesionados y los derechos cuya supresión se alega conforme lo prevé el art. 33.5 del CPCo; y,
2. b)Situación que en el caso no se cumple, pues el Informe Legal 049/2020 debe ser entendido como una opinión legal sin mayor trascendencia, que esa relación de causalidad debió existir entre ambos, lo que no fue demostrado.