0413/2023-S4

En la acción contencioso-administrativa, como elemento esencial, denunció la ausencia de motivación y fundamentación en la Resolución Supremo 27185 porque no contiene ninguna explicación respecto a las razones fácticas o legales que provocaron la declaratoria de ilegalidad de su posesión en la totalidad de su predio y tampoco argumentos que justifiquen la otorgación de título ejecutorial a Carla Cecilia Gutiérrez Rivadineira sobre parte de su propiedad. Adicionalmente, reclamó los siguientes aspectos:

1. a)Existencia de errores de fondo cometidos a tiempo del relevamiento de información en campo del predio Idalia, a tiempo de la información de campo como si fueran del predio San José, mejoras y cumplimiento de la FES, como son corrales, bretes, cocina, casa, baño, potreros, reclamando la ausencia de relación entre el plano presentado por la propietaria del predio San José, con el plano de la anterior propietaria del mismo predio, pues todas esas mejoras se encuentran en su propiedad, datos que son concordantes con el plano de fs. 2234 del expediente de saneamiento;
2. b)La mensura del predio Idalia fue de 2500 ha, pero solamente le fueron reconocidas 1515 ha, sin fundamentación alguna;
3. c)El incumplimiento del art. 160 del DS 29215; puesto que, el mismo refiere que si existiera fraude en el cumplimiento de la FES, se debe requerir e investigar en base a información anterior al relevamiento y promover una inspección directa del predio empero, pese a la denuncia de falsedad relativa a la existencia de ochocientos un cabezas de ganado vacuno y treinta y cuatro equinos en la propiedad San José acreditada a través de certificados de vacunación emitidos por el Servicio Nacional Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Beni correspondientes a las gestiones 2012 a 2019, estos correspondían a Blanca Patricia Gutiérrez Rivadeneira y el menor José Javier Gutiérrez Rivadeneira; y, no así a Carla Cecilia Gutiérrez Rivadeneira, quien sólo cuenta con sesenta cabezas de ganado. Tal acusación no fue tomada en cuenta y en el Informe Técnico Legal UDSABN 639/2019 de 6 de septiembre, argumentaron que no era necesaria esa información, pues era suficiente lo que vieron en el campo; es decir que les bastó ver el ganado prestado para otorgar la FES; c) Mediante la Resolución Administrativa UDSABN-073/2016 de 13 de mayo, el INRA prohibió las transferencias de propiedades bajo prevención de no considerarlas; empero, sí admitió la compra venta realizada entre Blanca Patricia y Carla Cecilia anbas Gutiérrez Rivadeneira;
4. d)No se tomó en cuenta que existe un alambrado que delimita su propiedad del predio San José; sin embargo, pese a dicha verdad material, sus mejoras fueron contabilizadas a favor de Carla Cecilia Gutiérrez Rivadeneira; y,
5. e)También denunció la falta de fundamentación y motivación de la Resolución Suprema 27185, que se limitó a una recopilación de datos y resoluciones de procedimiento de saneamiento como única argumentación que vulnera el art. 66 del DS 29215.

Elva Terceros Cuellar y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 256 a 262 vta., manifestaron lo que sigue:

1. 1)La accionante pretende que la jurisdicción constitucional revise actos procesales y etapas concluidas, inherentes a la actividad propia del INRA, los cuales no fueron probados en la justicia agroambiental;
2. 2)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 18/2022, compulsó y verificó que los presupuestos establecidos en el art. 66 del DS 29215 hubieran sido cumplidos en la emisión de la Resolución Final de Saneamiento;
3. 3)Con relación a la aplicación indebida del art. 52.III de la Ley 2341, la peticionante de tutela omitió considerar lo dispuesto por el art. 2 del referido Decreto Supremo, que establece que ante la inexistencia de norma agraria expresa, se aplicarán de manera supletoria, las del proceso administrativo; además, dicho articulado no fue el único sustento para la emisión de la Resolución Suprema 27185, sino que conforme a las pruebas analizadas, se realizó una valoración integral del proceso de saneamiento; por lo que, lo acusado por la peticionante de tutela no tiene relevancia constitucional;
4. 4)Debe considerarse que en el caso existe una sobreposición entre los predios Idalia y San José, área en conflicto en la que la impetrante de tutela no logró demostrar el cumplimiento de la FES;
5. 5)En cuanto a la denuncia de fraude acusado por la aludida, se insertó en el Acta de Conciliación (no indica fecha) la potestad del INRA de definir mejor derecho propietario sobre la fracción sobrepuesta; y,
6. 6)La Resolución Agroambiental observada no vulneró ni incumplió el art. 160 del DS 29215; toda vez que, no existió ninguna interferencia u obstáculo que impida el acceso a la justicia, habiendo ejercido libremente su pretensión.

Asimismo, en audiencia, a través de su representante legal, refirieron que:

1. i)La accionante adquirió mediante compra venta, la propiedad denominada Pelícano Azul, "entonces no tenía ya constituido un derecho propietario se anuló ese derecho anterior entonces se tenía que verificar que la posesión (...) más antigua" (sic); siendo esta la del año 2000; por lo que, conforme a lo estipulado en el art. 310 de la Ley 29215, se tienen como ilegales sin derecho a dotación o adjudicación y sujetas a desalojo todas las posesiones que sean posteriores a la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715-; y,
2. ii)Es necesario que la accionante a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria, cumpla ciertas exigencias a objeto de que la situación planteada adquiera relevancia constitucional, aspectos que no fueron cumplidos en el presente caso.

Eulogio Núñez Aramayo, mediante informe cursante de fs. 287 a 291 vta.; así como en audiencia señaló lo siguiente:

1. i)Mediante Resolución de Inicio de Procedimiento UDSABN- 104/2017 de 13 de septiembre, se instruyó la ejecución del proceso de saneamiento en el polígono quinientos sesenta y ocho; y, durante la etapa de relevamiento de información en campo, se levantó entre otros, la Ficha catastral, Ficha FES y Formulario de Registro de Mejoras, documentos que evidencian la existencia de ochocientos un bovinos, treinta y cuatro equinos así como 7 5100 ha de pastizales, un corral, galpones y bretes, todos correspondientes al predio San José, consignándose en los referidos formularios la marca de ganado de la propietaria, acreditando de esa manera, su posesión legal y continua desde 1971; consiguientemente, consta que mediante Acta de conciliación UCGC-BN 25 de 15 de noviembre de 2017, suscrita entre las beneficiarias de los predios San José e Idalia, luego de la identificación del área sobrepuesta así como la superficie en conflicto; manifestaron que sea el INRA la instancia que defina el mejor derecho propietario sobre la referida fracción;
2. ii)En ese orden, se emitió el Informe en conclusiones de 12 de abril de 2018, que fue modificado por el Informe UDBSABN- 390/2018 de 13 de agosto, el cual indicó que al haberse identificado la posesión legal y cumplimiento de FES en el predio denominado Idalia y, ante la definición de área en conflicto a favor de la beneficiaria del predio San José, quien demostró mejor derecho propietario sobre la misma, correspondió su reconocimiento como subadquirente "y la sugerencia del traslado de las mejoras de la beneficiaria del predio Idalia con la finalidad de no afectar al predio San José"(sic): seguidamente se emitió la Resolución Suprema 27185, que resolvió, anular el título ejecutorial con antecedente en la Resolución Suprema 163703 de 31 de agosto de 1972, correspondiente al expediente agrario de dotación 24084; y por otro lado, adjudicó 1515 6086 ha en favor de la ahora accionante; actos basados en normativa aplicable al caso;
3. iii)La Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 18/2022, falló declarando improbada la demanda contencioso administrativa planteada por la peticionante de tutela, porque todas las actividades administrativas realizadas en saneamiento estuvieron basadas en la normativa aplicable al caso;
4. iv)La autoridades demandadas expusieron de forma detallada los motivos que sustentaron su decisión, habiendo realizado la valoración correspondiente a todos los documentos recabados y obtenidos durante el relevamiento de información en campo, llegándose a reconocer en favor de la beneficiaria del predio San José, el área en conflicto por haber demostrado mejor derecho propietario y el cumplimiento de la FES; especificando que los certificados de vacunación constituyen prueba complementaria a la verificación directa en campo; y,
5. v)La impetrante de tutela presentó el antecedente agrario correspondiente al predio Pelícano Azul, que contenía vicios de nulidad absoluta; razón que, dio lugar a que la aludida, ya no pudiera ser considerada como subadquirente, sino como poseedora.

Carla Cecilia Gutiérrez Rivadeneira, a través de su abogado, en audiencia manifestó lo siguiente:

1. a)La accionante estuvo presente en la etapa de relevamiento en campo; momento en el que no realizó ninguna observación al conteo de ganado;
2. b)Respecto a la mención de un menor de edad como propietario del supuesto ganado prestado, resulta una mentira, puesto que el indicado, a la fecha de presentación de la presente acción tutelar, tenía sesenta años;
3. c)La peticionante de tutela, no formuló ninguna observación a los distintos informes elaborados por el INRA, consintiendo de tal forma, todas las etapas del saneamiento; y,
4. d)Aclaró que la impetrante de tutela utilizó documentos de otro predio para sorprender a la autoridad, pretendiendo convencerla de que existió fraude; a ello, se añade que la cantidad de ganado que se encuentra en la propiedad Idalia no justifica la adjudicación de la totalidad del predio.