Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0413/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 54894-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución de 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 74 vta. a 82 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sausiri Choque y Luis Rene Alejandro Sausiri Urrelo en representación sin mandato de Anghelo Jesús Guzmán Sosa contra José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del mismo departamento; y, José Luis Pérez Olivera, Fiscal de Materia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 16 de marzo de 2023, cursante de fs. 32 a 39 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -Anghelo Jesús Guzmán Sosa- por la presunta comisión del delito de violación agravada previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 incs. l) y o), se cometieron una serie de irregularidades en su aprehensión, misma que se ejecutó por dos veces consecutivas en época de vacación judicial y el 4 de enero de 2023, por tercera vez, para luego ser imputado ante la Jueza hoy coaccionada, señalándose su audiencia para el 5 de ese mes y año, a las 9:30 horas; sin embargo, su celebración inició minutos antes, designándose a una defensora de oficio que no conocía de su caso, negándose la intervención de su abogado defensor, llegando finalmente a disponerse su detención preventiva, convalidando los actos ilegales del Ministerio Público, contrariamente a la Sentencia del caso López Albares vs. Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual estableció que no es suficiente que la detención preventiva este enmarcada en la ley para su aplicación sino, se requiere que el juzgador realice un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para emitirla y los hechos que se investigan.
Contra dicha determinación, formuló recurso de apelación; empero, el Vocal ahora accionado ratificó las ilegalidades incurridas por la Jueza hoy coaccionada, sin advertir que:
- a)Las diligencias investigativas no se encuentran vinculadas con el objeto procesal del proceso penal para llegar a la verdad histórica de los hechos, al implicar ello un desconocimiento de que los jueces no pueden realizar actos investigativos y los fiscales actos jurisdiccionales, conforme al art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP);
- b)Inobservó lo sentado por la , que establece que en los recursos de apelación contra la resolución de medidas cautelares, los Tribunales de alzada tienen la obligación de circunscribirse a los aspectos cuestionados del fallo impugnado, que si bien existen respuesta a los agravios, esos son generales, sin la debida fundamentación y motivación que exponga cuál el análisis mental que realizó la Jueza de la causa, que evidencia el incumplimiento del principio de proporcionalidad, en el marco de las y ;
- c)Convalidó el análisis de la nombrada Jueza, en relación a la acreditación del requisito del art. 233.1 del CPP para fundar la autoría y respecto del peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del mismo Código, la jurisprudencia constitucional entendió que también debe considerarse el grado de peligrosidad con un análisis integral del hecho y no solo respecto de los antecedentes judiciales, sin que los riesgos procesales puedan presumirse ni considerarse in abstracto, mucho menos con la mera cita de la disposición legal y presunciones de concurrencia; y,
- d)Sobre el art. 235.2 del CPP, no observó que los argumentos de la citada Jueza se amparan en suposiciones y sin sustento de cómo se va a influir sobre los mismos, qué elementos de convicción tiene para esa afirmación, limitándose a ratificar la determinación de la Jueza hoy coaccionada que adolecía de graves defectos, al no haber determinado cuál fue el hecho, cuándo, dónde, cómo y por quiénes fue ejecutado, incumpliendo con las exigencias de validez, pudiendo corregir procedimiento conforme a la facultad legal conferida por el art. 17 de la Ley Órgano Judicial (LOJ). Arrimando como análogo un caso resuelto por la , en el que se concedió tutela solicitada.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; así como, de los principios de legalidad, inmediación y contradicción; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: "...la NULIDAD DEL AUTO DE VISTA, y que se Dicte Nueva Resolución, ANULANDO la audiencia de medidas cautelares y de inmediato se reinstale la audiencia de la imputación formal para poder ahí presentar nuestros incidentes para la NULIDAD DE LA RESOLUCION y MANDAMIENTO DE APREHENSION causa de la apresurada e infundada imputación que deberá ser reformulada con la debida fundamentación" (sic).
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
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