0415/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0415/2019-S4 Sucre, 2 de julio de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional

Expediente: 26221-2018-53-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 07/2018 de 30 de octubre, cursante de fs. 163 a 167, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Ingrid Mónica Mercado Hinojosa contra Ramiro José Guerrero Peñaranda, ex Fiscal General del Estado y Fausto Juan Lanchipa Ponce, actual Fiscal General del Estado.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 de octubre de 2018, cursante de fs. 82 a 99 vta., y de subsanación de 23 del mismo mes y año (fs. 102 a 103), la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desempeñó sus funciones como Fiscal de Materia en el departamento de Cochabamba, desde el 30 de octubre de 2006, hasta el 27 de abril de 2018, cuando fue notificada con la Resolución FGE/RJGP/DAJ 109/2018 de 24 de abril, emitida por Ramiro José Guerrero Peñaranda, quien fungía como Fiscal General del Estado, que dispuso la suspensión indefinida de sus funciones, sin goce de haber; fundamentando su determinación en el art. 30.35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012; empero, sin realizarse previamente un proceso interno y sin considerar que, el proceso penal que tiene en su contra, no cuenta con sentencia ejecutoriada, no obstante haber admitido tal extremo en la propia resolución; en franca contradicción con lo establecido en el Reglamento Interno de Control de Personal del Ministerio Público, aprobado el 22 de marzo de 2018, mediante Resolución FBE/RJGP/DAJ 87/2018, cuyo art. 57 prevé la suspensión temporal de funciones en el marco de lo establecido por el art. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, que sobre la responsabilidad administrativa; señaló que, la misma determinó por proceso interno de cada entidad, tomando en cuenta los resultados de la auditoria si la hubiere, hasta un máximo de treinta días; y en su caso, no existió el proceso interno y la suspensión sin goce de haber no cuenta con límite en su duración.

Alegó que si bien cuenta con una sentencia condenatoria en su contra, ésta aún no adquirió la calidad de ejecutoria, encontrándose en etapa de apelación restringida; por lo que, la suspensión indefinida atenta a sus derechos y garantías constitucionales, entre ellos, a la presunción de inocencia.

Asimismo, la acusación que sirvió de fundamento para su suspensión, data de mayo de 2014 y desde entonces hasta la emisión de la resolución impugnada, de 24 de abril de 2018, transcurrieron aproximadamente cuatro años sin que se hubiera invocado o utilizado el fundamento del art. 30.35 de la LOMP en su contra, circunstancia que implicó una tácita aceptación o convalidación por parte del Fiscal General del Estado, a la continuidad de su carrera fiscal; más aún cuando en el proceso disciplinario no se tomó en cuenta dicho aspecto, constituyéndose en un acto libremente consentido por la máxima autoridad del Ministerio Público, al permitir el ejercicio de su derecho al trabajo; pese a que, desde el inicio de las acciones penales de 2013, tenía conocimiento y no se constituyó en parte querellante dentro de ninguno de los procesos penales.

La sanción impuesta, a través de la resolución impugnada, constituye una doble sanción por un mismo hecho; puesto que, fue juzgada por la vía disciplinaria, aspecto que transgrede el debido proceso, en cuanto a la prohibición de doble juzgamiento, aplicable también en sede administrativa.