0416/2022-S2

El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. 1)En razón a la hipertensión arterial crónica que padecía, era altamente vulnerable al COVID-19; por lo que, solicitó la cesación a su detención preventiva; empero, tal extremo no fue tomado en cuenta poniendo en riesgo su vida;
2. 2)El Juez demandado, admitió -según afirma- que debía tener una alimentación estricta bajo vigilancia de un médico, extremo que no era posible al interior Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo Cantumarca de Potosí, pues, el alimento provenía de una olla común para todos los internos, no se podía atender de forma especial a un interno -por igualdad- y en caso de llevarle comida cada día del exterior, se ponía en riesgo a los internos por la situación del COVID-19; por lo que, la cesación de la medida extrema tenía por finalidad que reciba la alimentación requerida en su domicilio -en el municipio de Uyuni del departamento prenombrado-, considerando además, que todo estaba cerrado; y,
3. 3)El Tribunal Supremo de Justicia emitió la Circular 06/2020, para que mientras dure la pandemia se considere con diligencia y preferencia los casos con detención preventiva, examinando el estado de salud de los privados de libertad, como es su caso que por la gravedad y emergencia ameritaba la disposición de una medida sustitutiva; sin embargo, este extremo tampoco fue considerado por el Juez de la causa.

Américo Isaac Calderón Calderón, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital en suplencia Legal de su similar Tercero del departamento de Potosí, en audiencia virtual y a través de informe escrito de 19 de agosto de 2020, cursante de fs. 15 a 16, afirmó que:

1. i)El peticionante de tutela no presentó ninguna prueba a considerar para su cesación de medida cautelar, además venía utilizando la acción de libertad como una instancia casacional, inclusive acusando los mismos hechos que han sido ya de conocimiento de otras autoridades que denegaron la tutela. Así ocurrió en la audiencia de 14 de febrero de igual año donde un Vocal distinto analizó igual problemática y rechazó la solicitud. Con similar propósito, el accionante interpuso las acciones de libertad de 2 y 6 de julio del mismo año, donde se denegó la tutela. Existió otra acción de libertad conocida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, que fue presentada copiando parte del memorial que motivó la presente acción tutelar, sólo que se demandó a otro Vocal;
2. ii)El contenido de la acción de libertad devenía de interpretaciones caprichosas y subjetivas que el peticionante de tutela hacía; adicionalmente, efectuaba afirmaciones que no coinciden con la verdad cuando refiere que hay puntos que fueron admitidos o concedidos por la autoridad judicial, provocando confusión incluso al referir fechas como el 5 y 10 de agosto de 2020, para mencionar acusaciones que plantea respecto al Vocal demandado. Asimismo, se contradice cuando primero señala y alude resoluciones emitidas para luego establecer que no existió ningún pronunciamiento;
3. iii)Existían hechos consentidos por el peticionante de tutela por no apelar el fallo en la audiencia de 16 de abril de 2020, ni cuestionar la decisión de "otro vocal" en audiencia de 14 de febrero del mismo año;
4. iv)Respecto a la alimentación especial que requería el impetrante de tutela, la problemática fue conocida y resuelta por el Juez titular de la causa Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, el mes de febrero de 2020; y si bien, el accionante impugnó la decisión; empero, no fue en razón a su salud, tampoco planteó ninguna acción de libertad;
5. v)Cuando se trató la referida problemática, ya existía el informe médico del "Dr. Ochoa"; y a pesar de no ser objeto de apelación incidental, el Tribunal de alzada analizó y debatió sobre la circunstancia, rechazándose la petición pues el tratamiento requerido no era de imposible cumplimiento, pues el mencionado galeno recomendó poca sal, nada más;
6. vi)La SC 1579/2004-R de 1 de octubre, no resultaba aplicable a este caso por no tener analogía fáctica;
7. vii)El problema no era reciente; sino que se debatió ya desde hace mucho tiempo atrás; sin embargo, hasta el momento en que estuvo a cargo del proceso y a lo largo de los veintisiete cuerpos acumulados al expediente, no existía ni una sola prueba para validar el estado de salud del impetrante de tutela, que se limitó a señalar que "es bastante grave"; y,
8. viii)También efectuó una interpretación caprichosa de la orden médica, pues lo único que dispuso el médico a principios del 2020, fue que el impetrante de tutela, reciba alimentación hiposódica (con escasa sal); lo que, no requería ningún especialista en nutrición ni un tratamiento distinto. Adicionalmente, no existía ningún certificado nuevo que acredite otros extremos a considerarse. Razones por las cuales solicitó se deniegue la tutela.

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2020 de 20 de agosto, cursante de fs. 66 a 84, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos;

1. a)Conforme a la "SCP 0191/20182", a efectos de tutelarse el debido proceso debía existir un vínculo directo del hecho denunciado con la lesión del derecho a la libertad y existir un estado de indefensión. Empero, en el caso de análisis quedaba claro que los hechos lesivos estaban vinculados al recurso de apelación incidental respecto de la solicitud de cesación de la detención preventiva y no al derecho a la libertad. Por tal razón, la problemática debía ser resuelta a través de la acción de amparo constitucional;
2. b)Respecto a la mala fundamentación, motivación y falta de valoración de la prueba, se tuvo que en observancia del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la detención preventiva cesa cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución. Consecuentemente, para plantear la solicitud era evidente que debían presentarse nuevos elementos de prueba (actuales); es decir, no los mismos que ya se expusieron y valoraron en anteriores peticiones;
3. c)Si bien se alegó que se presentó prueba relacionada a los arts. 233 al 235 del CPP; empero, la prueba referida consistía a la anterior que ya cursaba en el expediente. En tal virtud, el impetrante de tutela inobservó el mandato normativo del art. 239.1 del Código Adjetivo Penal, que constituía un requisito a efectos de considerar su petición;
4. d)Tal extremo fue evidenciado en la audiencia de 24 de julio de 2020, encontrándose igualmente registrado en la grabación de dicho acto. Por lo que, la defensa se limitó a referir que existía documentación que acreditaba el estado de salud del accionante; sin embargo, no presentó ningún elemento probatorio. Tampoco refirió en qué parte del expediente (fojas) se encontraba la prueba aludida, menos exhibió nuevos elementos probatorios que den cuenta del cumplimiento del art. 239.1 del CPP, a pesar de recaer la carga de la prueba en el imputado hoy accionante -considerando que en la cesación de la detención preventiva se invertía dicha carga-;
5. e)En tal mérito, aunque el "...Vocal accionado, no podía valorar prueba alguna que no se presentó en la audiencia..." (sic); debió considerar que, el legajo sí contenía varios actuados en especial aquellos referentes a anteriores audiencias y el memorial que el impetrante de tutela interpuso, pidiendo señalamiento de audiencia para estimar la cesación de la mencionada medida cautelar. Documento que evidenció que no presentó ninguna prueba para acompañar su petición, ocurriendo igual omisión en la audiencia tutelar de consideración de lo requerido. Consecuentemente, el Vocal hoy demandado no podía valorar prueba alguna al no haberse adjuntado ningún medio de prueba a la petición; menos podía sancionar al Juez a quo por no remitir tales elementos cuando no se presentaron;
6. f)Sobre el fundamento principal de la acción de libertad que sustentaba la lesión de los derechos a la vida, libertad, locomoción, integridad física y debido proceso, se hizo referencia a pruebas mencionadas con anterioridad que ya habían sido valoradas y que cursaban en el expediente. Documental que a decir del impetrante de tutela, demostraba su deteriorado estado de salud y no fue valorada causando el rechazo de la cesación de la extrema medida. No obstante, de la revisión del acta de 24 de julio de 2020, se tuvo que la detención preventiva se debía a la concurrencia de las causales contempladas en los arts. 233 con relación al 234.4 y 7; y, 235.1, 2 y 4 del CPP. Al respecto, en audiencia de consideración de la cesación impetrada, el accionante no hizo referencia a ninguno de los motivos de su detención que aún permanecían latentes, no los desvirtuó y se limitó a argüir respecto al art. 239.1 y 5 de dicho cuerpo legal; pero no respaldó sus argumentos con prueba. Consecuentemente, su petición se rechazó por no contar con elementos nuevos, ni probatorios que la respalden y acrediten los extremos afirmados;
7. g)Por lo hasta aquí señalado, se tuvo que el Vocal y Juez ahora demandados, apegaron su razonamiento y decisión al art. 239.5 del CPP entendiendo que era deber del imputado -ahora accionante-, presentar nuevos elementos de prueba para demostrar su estado de salud y que no concurrían los motivos que fundaron su detención. Asimismo, al ser evidente que la prueba aludida por el impetrante de tutela, fue valorada anteriormente, sin que presente elementos nuevos, el razonamiento de las autoridades demandadas no resultaba lesivo a sus derechos, ni a la presunción de inocencia; y,
8. h)De lo mencionado, refiriendo que el peticionante de tutela se encontraba con medidas sustitutivas. De la revisión del Auto de Vista de "10 de agosto de 2020", se tuvo que tal extremo no resultaba cierto pues si bien se hizo mención a medidas sustitutivas, fue en la fundamentación del apoderado del municipio de Uyuni, sin que la precitada autoridad mencione en ninguna parte de su resolución final que el hoy accionante se encontraba con medidas sustitutivas.

II.2. Mediante el Auto Interlocutorio 24 de julio de 2020, Américo Isaac Calderón Calderón, Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital en suplencia legal de su similar Tercero del departamento de Potosí -hoy demandado-, rechazó la solicitud descrita en la Conclusión precedente, argumentando que:

1. 1)La Resolución de 7 de julio de 2020, a la que se refería, en realidad es un decreto de mero trámite que pudo ser observado a través del recurso de reposición en el plazo establecido por la norma, al habérsele notificado dicho actuado el 8 de julio del mismo año -de forma personal-. Sin embargo, al no solicitar la mencionada reposición, no había posibilidad de valorar algo que precluyó y se tuvo por concluido;
2. 2)En audiencia recién se identificó al art. 239.1 y 5 del CPP, como causal para la petición de cesación de la extrema medida; sin embargo, no se presentó ningún elemento nuevo (certificado médico, nueva solicitud de atención por especialista, receta o instructivo médico emitido por el especialista, etc.), ni se acreditó algún hecho novedoso a ser analizado. Sobre todo considerando que el estado de salud del accionante fue objeto de análisis el 16 de abril de 2020, sin que exista recurso de apelación incidental alguno a lo determinado; y,
3. 3)Siempre se iba a precautelar la salud de Patricio Vito Mendoza Hualla, lo único que se requería es que haga conocer de forma específica el lugar donde sería tratado. Existían también servicios delivery que proporcionaban el servicio de alimentación pese a la pandemia; sin que eso quiera decir que deba optar por dicha opción que ameritaba tomarse en cuenta, pues lo que requería el peticionante de tutela era solamente alimentación con poca sal. Asimismo, la exigencia alimenticia, no era de imposible cumplimiento en la ciudad de Potosí. Aclaró que tampoco era necesario que ingrese una cocinera al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo Cantumarca de Potosí; sino que, bajo medidas de bioseguridad (desinfección de los envases) se podía proceder a introducir su alimento; aspecto que, ya se encontraba autorizado. Finalmente complementando la Resolución, señaló que al plantearse la solicitud de cesación de la detención preventiva con base en el art. 239.1 y 5 del CPP, la propia norma señalaba expresamente la necesidad de presentar nueva prueba; en tal mérito, correspondía acreditar el estado de salud del peticionante de tutela. Escuchada la determinación, la abogada del hoy demandante de tutela, solicitó se complemente el pronunciamiento respecto a "...la razón por la cual su autoridad está rechazando lo autorizado por su misma autoridad..."; y, anunció "...al amparo del art. 251 del CPP, voy a apelar, solicitando también a su autoridad que remita antecedentes ante el superior en grado, reservándome el derecho de fundamentar la audiencia de apelación..." (sic). La contraparte, solicitó que conforme al procedimiento nuevo, establecido por la Ley 1173, se fundamente el recurso de apelación incidental de forma oral en audiencia. Al respecto, el Juez aclaró que conforme al art. 251 del CPP, era posible fundar el recurso de forma oral o escrita; sin embargo, en aplicación del art. 403 del mismo cuerpo legal, se determinaba que dicha fundamentación debía ser escrita. Disyuntiva ante la cual, se sostuvo que debía aplicarse la norma más favorable al imputado; por lo que, se estableció que podía presentar el referido recurso de forma escrita dentro de setenta y dos horas; razonamiento que, se empleó en un anterior recurso planteado por escrito por el hoy accionante, en el mismo caso. Consecuentemente, se advirtió que transcurrido el plazo "se determinará lo pertinente", disponiéndose la remisión de obrados al existir una apelación anterior que ya fue decretada (fs. 53 a 56 vta.).