0417/2019-RCA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0417/2019-RCA Sucre, 31 de diciembre de 2019

Expediente: 32386-2019-65-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 5 de diciembre de 2019, cursante de fs. 522 a 523, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sixto Pérez Costana contra Roberto Miguel Figueroa Medrano, Gerente Regional Potosí de la Aduana Nacional.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2019, cursante de fs. 32 a 44 vta., el accionante manifiesto que, compró el vehículo, clase camión, con placa de circulación 2512 NDD, habiendo verificado el Certificado de registro de propiedad y la inexistencia de gravámenes sobre el mismo; posteriormente, realizó todos los trámites de ley para consolidar su derecho propietario ante la Dirección Nacional de Prevención de Robo DIPROVE, habiéndose emitido el Certificado de registro de propiedad el 12 de noviembre de 2011; empero, el 2014 la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, inició un proceso de fiscalización a las importaciones realizadas por Primo Flores Flores (importador del vehículo), que culminó con la ilegal emisión de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-018/2014 de 1 de octubre; y como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en esta Resolución, el 27 de julio de 2017, se determinó que su vehículo era de contrabando, por lo que, fue interceptado por funcionarios públicos de la Unidad Regional de Control Aduanero de la Gerencia Regional Cochabamba, quienes procedieron a su decomiso; no obstante que el mismo constituye su herramienta de trabajo, habiéndosele entregado el acta de decomiso 001957; motivo por el cual, al sentirse engañado, buscó a la persona que le había vendido dicho motorizado para realizar el reclamo e iniciar las acciones legales correspondientes; una vez que ubicó al vendedor, éste le informó que el camión fue adquirido del importador Primo Flores Flores, contra quien plantearon un proceso de contrabando contravencional que a la fecha cuenta con resolución sancionatoria ejecutoriada y cuya sanción fue reconocida y cancelada por el sujeto pasivo; ante ello, solicitó copia de todo el proceso, siendo ese el momento en el que recién tuvo conocimiento de los hechos que motivaron el decomiso de su motorizado.

El 7 de noviembre de 2018, presentó a la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, un memorial solicitando la nulidad de todo el proceso de contrabando contravencional del cual nunca tuvo conocimiento, toda vez que, no pudo asumir defensa, requiriendo de igual forma, que se le devuelva el vehículo; pero al no obtener respuesta, el 7 de mayo de 2019 presentó un memorial de denuncia ante la Presidencia de la Aduana Nacional y el 31 de igual mes y año, vía telefónica un funcionario de la Gerencia de la Aduana Regional Potosí, le informó que el 29 de igual mes y año, se le había notificado en Secretaria con el proveído AN-GRPGR-ULEPR-PROV 0040/2019 de 22 de mayo, de rechazo a su solicitud de nulidad del procedimiento, bajo el fundamento que el proceso en cuestión se encontraba a nombre de Primo Flores Flores, y que el mismo contaba con resolución sancionatoria ejecutoriada, reconocida y pagada por el sujeto pasivo; ante ello, solicitó copia de todo el proceso.

Añadió que el vehículo con placa de control 2512 NDD, es un bien mueble sujeto a registro, del cual es propietario desde el 2011, habiendo sido objeto de control posterior a su registro propietario, por parte de la Aduana Nacional, instancia que estableció la presunción de contrabando por parte Primo Flores Flores, a través de una resolución sancionatoria de contrabando contravencional, misma que fue notificada únicamente al importador referido y no así su persona, como actual propietario del mismo, cuando lo que correspondía, era proceder a su notificación personal desde el primer actuado; al no haberse procedido de esta manera, se provocó lesión del debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, dado que el bien en cuestión, es de su propiedad.

I.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela consideró lesionados el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, así como los derechos a la propiedad y al trabajo; citando al efecto los arts. 56, 115.II y 119. II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.3. Petitorio