0418/2022-S1

Se inició proceso administrativo en su contra a instancia de Jhonny Rolando Carrasco Ureña, Director Administrativo y Financiero de la Escuela Superior de Formación de Maestros (FSFM) "Simón Rodríguez" y el Profesional V Gestión Institucional Juan Mamani Mendoza, quienes mediante Informe IN/VESFP/DGFM/EFB 0025/2019 de 29 de marzo, indujeron en grave error, entre ellos los siguientes:

1. a)En el cuarto párrafo punto II, el autor del informe Juan Mamani Mendoza, refirió de manera maliciosa que su designación fue producto de una falta muy grave, por el único hecho de que en ese entonces el Director General institucionalizado de la ESFM "Simón Rodríguez" era su cónyuge, aspecto alejado de la realidad. Sin embargo, del examen del Memorándum de su designación 0088640 en el que se sustenta la denuncia, se encuentra suscrito por Fernando Carrión Justiniano, Director General de Formación de Maestros VESFP Ministerio de Educación, lo que demuestra que su designación como docente fue efectuada por dicha autoridad y no así por el Director General de la Escuela Superior de Formación de Maestros "Simón Rodríguez";
2. b)La Autoridad Sumariante Externa del Ministerio de Educación instauró proceso en su contra a través del Auto de Inicio de Proceso Sumario 001/2019, violentando su derecho al debido proceso y juez natural, puesto que la Sumariante contratada por el Ministerio de Educación solo es competente para procesar a Viceministros y autoridades superiores del Ministerio de Educación, resultando sin competencia para procesarla; por ello, opuso excepción de incompetencia, ya en su condición de maestra normalista pertenece a la carrera docente, al estar inscrita en el Escalafón del Magisterio conforme al DS 04688 y se encuentra regida por la Resolución Suprema (RS) 2122414, conforme lo estableció la SCP 0720/2018-S4 de 30 de octubre; aspecto sobre el que la Autoridad Sumariante no se pronunció; más al contrario, desconoció su condición de profesión de la carrera docente; y,
3. c)Posteriormente, interpuso Recurso de Revocatoria y finalmente Recurso Jerárquico, donde siguió reclamando dichos aspectos; empero, la Resolución de Recurso Jerárquico 044/2020 de 4 de febrero, tampoco se pronunció sobre el fondo de su reclamo y arbitrariamente omitió realizar un razonamiento en sentido que su persona pertenece a la carrera docente y no se encuentra dentro de la estructura jerárquica señalada por el art. 103 del DS 29894, sino por el contrario, se encuentra regida por la legislación especial del magisterio conforme dispone el art. 3.III del Estatuto del Funcionario Público -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-; por lo que, la autoridad demandada suprimió su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, al juez natural y a la defensa.

Adrián Rubén Quelca Tarqui, Ministro de Educación, a través de su abogada y representante legal Laura Gabriela Viricochea Pizza, en audiencia, expresó lo siguiente:

1. 1)El proceso sumario instaurado contra la ahora accionante, ha sido a raíz de la inexistencia de declaración jurada de relación de parentesco, en este caso, la relación conyugal que ella tenía como docente de la Unidad Educativa Cercado del Departamento de Cochabamba con el que era el Director de la Escuela de Formación de Maestros "Simón Rodríguez", que en ese entonces era su esposo;
2. 2)La Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez -Ley 070 de 20 de diciembre de 2010-, a través de su disposición abrogatoria única establece que, en tanto se acuerde la reglamentación para el ámbito específico del sistema educativo plurinacional se van a sujetar al marco normativo anterior a la promulgación de esa ley, este precepto normativo establece la vigencia del régimen disciplinario existente en el servicio de educación pública, el que se constituye en un régimen especial, esto a partir de lo previsto en el art. 2 del DS 23968 que respecto a la constitución de servicio a la educación pública, crea las carreras docente y administrativa de servicio de educación pública en todos los establecimientos educativos no autónomos del servicio y en su estructura de administración curricular y de servicio técnico pedagógico y de administración de recursos; en este marco, en el régimen disciplinario del servicio de educación pública, se encuentran dos tipos de servidores: administrativos y de la carrera docente. En ese sentido, los servidores de la carrera docente se encuentran regidos por el DS 23968 y por el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio aprobado por RS 2122414; y, los de carrera administrativa se encuentran regidos por la Resolución Ministerial (RM) 062/2000 del Reglamento de la Carrera Administrativa Del Servicio de Educación Pública; bajo esta normativa es que el Ministerio de Educación encuentra dos cónyuges trabajando dentro del sistema de educación público, una como docente y otro como director, a la esposa se le aplicaría la normativa establecida para la Carrera Docente y el procesamiento en su contra en el marco de la indicada RM 062/2000;
3. 3)Sin embargo, el motivo por el que se ha procesado a la accionante en el marco de la RM 062/2000, es porque el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio así como en el DS 23968 de 24 de febrero de 1995, no establecen específicamente en su catálogo de faltas o contravenciones administrativas una referida al incumplimiento de la declaratoria o de existencia de parentesco familiar dentro del servicio de educación pública; ante ello, se ha aplicado dicha normativa y porque ambos han sido procesados en el mismo sumario; por lo que, en este caso no existe una nulidad o una ilegalidad de procesamiento, no habiéndose vulnerado el derecho al juez natural; y,
4. 4)La fundamentación y motivación efectuada en la RM 044/2020 ahora impugnada, es suficiente a los puntos impugnados por la ahora accionante en su recurso jerárquico, razón por la cual se ha procedido a la ratificación de la resolución de revocatoria emitida por la entonces Autoridad Sumariante Externa, cuya contratación se debió precisamente a que el cónyuge de la accionante era Director de la Escuela Superior de Formación de Maestros a quien se lo debía procesar disciplinariamente conforme a la RM 062/2000, esta norma establece la conformación de un Tribunal Disciplinario para poder procesar a los miembros de la carrera administrativa, en el presente caso, la conformación del Tribunal debería ser para el procesamiento del Director; es decir, para el cónyuge de la accionante; empero, se integró a la ahora accionante al caso principal, para que sean procesados dentro del mismo proceso sumario, emitiéndose el Auto Inicial para ambos casos, tanto para la ahora accionante como para su esposo Ubaldo Artime Quispe Salas, Director General de la ESFM "Simón Rodríguez".

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 116/2021 de 1 de junio, cursante de fs. 227 a 230 vta., concedió en parte la tutela solicitada, al haber evidenciado la vulneración del debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; y, denegó respecto a la vulneración de los otros derechos alegados por la accionante; en consecuencia, dispuso dejar sin efecto la Resolución Ministerial 044/2020 de 4 de febrero; y, ordenó que en el plazo de cinco (5) días hábiles se emita resolución debidamente fundamentada y motivada, haciendo conocer la aplicación de la normativa legal en cuanto a los procesos disciplinarios de docente del Ministerio de Educación; dejando establecido que solamente es con referencia a la parte accionante Sonia Contreras Pérez y no así en relación a otros involucrados en el proceso sumario. Decisión emitida sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. i)Si bien en audiencia, el Ministerio de Educación demandado, hizo referencia a que no se contaría con una norma expresa en el Reglamento de sanciones y procesos disciplinarios conforme al régimen disciplinario relacionado a la declaración sobre incompatibilidad para aplicar en este caso a la parte accionante, por lo cual se hubiera considerado la normativa aplicable a los servidores administrativos, en este caso, a los servidores administrativos docentes; sin embargo, bajo el entendimiento de la SCP 0720/2018-S4, la cual señala que: "cada uno de los tipos de servidores públicos referidos en el párrafo precedente tiene un régimen disciplinario diverso a ser aplicable; así, para los servidores administrativos les es aplicable el régimen disciplinario normado en el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 062/2000 de 17 de febrero, criterio desarrollado en la SC 1301/2002-R de 28 de octubre; en cambio, para los servidores de la carrera docente, no le son aplicables las normas legales antes citadas para el procesamiento específico de los servidores administrativos, sino que están sujetos a otro régimen disciplinario especial, como es el comprendido en los arts. 26 al 33 del DS 23968, norma jurídica que prevé que el Director Distrital de Educación instaurará el proceso administrativo siguiendo el procedimiento que establece el Reglamento de faltas y sanciones disciplinarias, en base a las pruebas y los testimonios acumulados; en ese marco, resulta además aplicable a este sector del servicio de educación pública, lo previsto por el Reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo aprobado por la RS 212414 de 21 de abril de 1993" ;
2. ii)La Resolución 044/2020 ahora impugnada, en los puntos I, II y III, señala que por el contrato de consultoría individual por producto DGAJ/CM-026/2019 suscrito el 27 de mayo, el Ministerio de Educación a través de Teodosio Nicolás Torrez Mamani-Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación, procede a contratar a la Abogada Sumariante Externa para sustanciar procesos sumarios administrativos para funcionarios públicos como el Director General y Docentes de la ESEM "Simón Rodríguez", bajo las cláusulas y condiciones fijadas en dicho contrato; por tanto, se acredita la competencia y designación legal de la abogada y hace referencia a la normativa legal que a ella le hubiera facultado dicho nombramiento para ser Sumariante Externa, también refiere a su calidad y su condición para que sus actos sean válidos y competentes, así como el Auto de Inicio 001/2019 y actos posteriores, por lo cual no se hubiera vulnerado los arts. 13, 122, 256 y 410 de la CPE y art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), ese es el fundamento que se puede advertir en la RM 044/2020; y además que en el Considerando II y IV de la Resolución ASMRF01/2019, la sumariante de forma motivada habría resuelto la resolución de incompetencia e incidente de nulidad. Sobre este punto, si bien en la audiencia de amparo constitucional la parte demandada explicó la normativa y porqué se integró a la accionante al proceso de su cónyuge; empero, estos extremos no se encuentran fundamentos en la Resolución 044/2020, más aún cuando se tiene la referida Sentencia Constitucional Plurinacional que hace una diferenciación en cuanto al régimen disciplinario y la aplicación de las normas legales, por tener un procesamiento específico diferente, si bien el recurso jerárquico ha sido escueto; sin embargo, la accionante hizo referencia en forma reiterada que pertenece a la carrera docente y que no se encuentra en la estructura jerárquica señalada en el art. 103 del DS 29894; por tanto, estaría en la legislación especial del magisterio conforme dispone el art. 3.III de la Ley 2025;
3. iii)Esta Sala Constitucional establece que no hay una resolución debidamente motivada y fundamentada que otorgue respuesta a los agravios planteados por la accionante; es decir, en cuanto a la norma aplicable o porqué esa norma no ha sido aplicada y los motivos por los cuales ha sido integrada al proceso administrativo iniciado en contra de su cónyuge. Por lo anterior, el Tribunal de garantías considera viables los fundamentos en cuanto a la falta de motivación y fundamentación de la Resolución Ministerial 044/2020; y;
4. iv)En cuanto a la vulneración del derecho a la defensa, se establece que la accionante desde un inicio hizo uso de los medios que la ley le confiere, interpuso excepción de incompetencia; posteriormente, recurso de revocatoria para concluir con el recurso jerárquico, así también respecto a la situación del juez natural, consideran inviable la tutela por lesión a estos derechos.

II.7. Por Resolución Ministerial 044/2020 de 4 de febrero, el Ministro de Educación, confirmó la Resolución Revocatoria de Proceso Sumario ASEME-RR 02/2019 de 16 de agosto; señalando como fundamentos los siguientes:

1. a)Mediante Informe Legal DAGJ/UGJ 0084/2020 de 4 de febrero, emitido por la Directora de Asuntos Jurídicos, señaló que en mérito al Informe de 16 de diciembre de 2019, emitido por el Responsable de equipo de Gestión Institucional y la Directora General de Formación de Maestros, indica lo siguiente: Análisis Recurso Jerárquico de la Lic. Sonia Contreras Pérez: Mediante Contrato de Servicio de Consultoría Individual por Producto DGAJ/CM/-026/2019 suscrito en fecha 27 de mayo, el Ministerio de Educación, a través del Lic. Teodosio Nicolás Torrez Mamani, Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación, procede a contratar a la suscrita, como Consultor por Producto "ABOGADO SUMARIANTE EXTERNO PARA SUSTANCIAR PROCESO SUMARIO ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIOS PÚBLICOS DIRECTOR GENERAL Y DOCENTE DE LA ESFM "SIMÓN RODRÍGUEZ", bajo las cláusulas y condiciones fijadas en dicho contrato. Del análisis de la documento cursante a fs. 1 a 29 de obrados, se concluye en que existe posible contravención y responsabilidad administrativa, en las que hubiesen incurrido el Lic. Ubaldo Artime Quispe Salas, Director General de la ESFM "Simón Rodríguez" y la Lic. Sonia Contreras Pérez en el cargo de Docente de Educación Especial de la Unidad Académica "Cercado" dependiente de la ESFM "Simón Rodríguez", emitiendo consiguientemente la suscrita abogada sumariante externa, Auto de Inicio de Proceso Administrativo 001/2019 en fecha 03 de julio; y que por tanto se acredita la competencia y designación legal de la abogada sumariante, por lo cual no se hubiera vulnerado los arts. 13, 122, 256 y 410 de la CPE y art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH);
2. b)La Resolución Ministerial 044/2020, expresa que en el Considerando II y IV de la Resolución ASMRF01/2019, la sumariante de forma motivada resolvió la resolución de incompetencia e incidente de nulidad y desestimó la solicitud de revocatoria del auto de 16 de julio de 2019, por tanto no es evidente el argumento de la recurrente, puesto que la abogada sumariante resolvió dicha excepción; y,
3. c)Por lo ampliamente señalado y analizados los argumentos expuestos, esta instancia, ha evidenciado que la impugnación en grado jerárquico no se adecua a las previsiones contenidas en el ordenamiento jurídico administrativo; consecuentemente, la recurrente no ha desvirtuado la presunción de legalidad de que se halla investido el acto administrativo emitido por la Abogada Sumariante Externa del Ministerio de Educación; por lo que, en cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en el art. 25 del DS 26237 de 29 de junio de 2001, que modifica el DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento a la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 del Sistema de Administración y Control Gubernamentales; recomendó la emisión de la disposición normativa que confirme la Resolución Revocatoria de Proceso Sumario ASEME-RR 02/2019 de 16 de agosto, emitida por la Autoridad Sumariante Externa del Ministerio de Educación (fs. 146 a 152).

En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los extremos demandados so0n evidentes para conceder o denegar la tutela; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. 1)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre3 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre4 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-5.