0420/2022-S4

Empero, esta fundamentación es insuficiente y arbitraria para ratificar la Resolución de sobreseimiento, en razón a los siguientes argumentos:

1. a)No se requiere prueba pericial para demostrar las mejoras efectuadas después de la prohibición de innovar impuesta, ya que existe muestrario fotográfico que la Oficial de diligencias del juzgado de la causa tomó de la construcción en la colindancia, las mismas que datan de 5 y 23 de marzo de 2018; fotografías del registro del lugar de los hechos de 1 de agosto de 2019 y la inspección ocular de 31 de enero de 2020, las cuales no fueron valoradas por el Fiscal Departamental, además de no valorar la declaración testifical de Patricia Rivero, quien declaró que los denunciados jamás paralizaron la construcción hasta su conclusión;
2. b)No se usó la vía penal para el cumplimiento de ningún contrato u obligación civil, lo que denunciaron es el delito de desobedecer a una orden judicial de innovar, teniendo el Ministerio Público la obligación de ejercer la acción penal en los delitos de acción pública, siendo el proceso civil el que definirá la controversia patrimonial entre las partes, avocándose únicamente a verificar si los denunciados cometieron el ilícito penal; y,
3. c)La certificación emitida por Secretaría del Juzgado Civil Noveno de la Capital, que indica que no existe desobediencia, no configura el tipo penal, ya que no es necesario que la autoridad cuya orden fue desobedecida emita una resolución en la que se establezca la consumación del delito, no correspondiendo a los juzgados en materia civil la investigación de la comisión de delitos o efectuar la condenación de los denunciados, no correspondiendo dilucidar esos extremos al juez civil.

Fabiola Villegas Zelaya, Fiscal Materia, en audiencia manifestó que:

1. 1)Con relación a la lesión del debido proceso en su vertiente fundamentación, la Resolución Fiscal departamental contiene una fundamentación legal y efectúa la cita de norma que sustentan la parte dispositiva, señalando que en la investigación y antecedentes se cuenta con un proceso en materia civil, en la cual intervienen las mismas partes procesales sobre el deslinde y dimensión de un terreno urbano; y,
2. 2)Respecto a la valoración de la prueba esta no puede ser valorada en sede constitucional en una problemática de fondo, pues ello derivaría en invalidar otra jurisdicción desnaturalizando la esencia de la acción tutelar, por cuanto la valoración de la prueba es facultativa de la jurisdicción ordinaria.

Justina Jiménez Rojas de Zenteno y Julio Zenteno Montaño, por intermedio de su abogado, en audiencia, señalaron que:

1. i)No se escuchó sobre la vulneración que hubiere existido, ni se hizo mención al art. 115 o 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), únicamente se dice que se vulneró el derecho a una debida motivación;
2. ii)Existe "subsidiariedad" porque refiere que únicamente la labor interpretativa es de la jurisdicción ordinaria, solo si es absurda le corresponde a la jurisdicción constitucional; y,
3. iii)El recurso de impugnación no expresó ningún agravio, además de que el proceso civil sigue vigente y no hay ningún informe que diga que existe desobediencia, así mismo no existe una pericia que demuestre en qué parte del terreno se realizó la innovación. Como efecto del recurso de reposición que plantearon, el Juez de la causa emitió una determinación de prohibición de innovar sobre 26 m2, sin que exista una pericia o por lo menos un informe del Oficial de Diligencias que indique sobre qué parte tienen que abstenerse de innovar; asimismo, la parte denunciante nunca presentó una prueba que establezca justamente la data del tiempo de la mejora; en ese marco, nunca incumplieron la nueva prohibición de innovar, existiendo una paralización de la obra que hasta el día hoy se encuentra inconclusa; es decir, la parte en la que se les ordenó no innovar, jamás fue afectada por alguna construcción.

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 93 de 15 de junio de 2021, cursante de fs. 98 a 100 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos:

1. a)No es un hecho controvertido que entre las partes existe un proceso civil radicado en el Juzgado Público en lo Civil y Comercial Noveno del mencionado departamento, donde se dictó una medida cautelar de prohibición de innovar; en este contexto, en la Resolución 024/21, que se sostiene en la objetividad que deben verificar los fiscales, fundamentó que no existe prueba pericial científica realizada por el Colegio de Arquitectos o Sociedad de Ingenieros que disponga de forma clara el tiempo de la construcción y si se hubiera hecho alguna mejora de 26 m² luego de la última resolución dispuesta por el Juez Público Civil y Comercial Noveno del citado departamento y que esta acción se activa como última ratio en defensa de los derechos siempre y cuando no exista una vía más rápida para solucionar las controversias; entonces el Ministerio público postuló que no cuenta con los elementos suficientes para demostrar, en un eventual juicio oral, la comisión del delito de desobediencia a la autoridad. Continúa sosteniendo dicha Resolución jerárquica que, se estableció la prohibición de utilizar la vía penal para el contrato donde se ejerce la voluntad vulnerando este aspecto la indivisibilidad de la acción penal; asimismo, que "...desobediencia a la autoridad; que la fundamentación significa expresar las razones y que estén sustentados en la norma..." (sic), respecto de lo cual citó el art. 160 del CP, explicando en qué consiste el tipo penal desobediencia a la autoridad, haciendo eco de una certificación emitida por el Juez de la causa donde refiere que no existió ninguna desobediencia a la autoridad, por lo que no existiría el nexo de causalidad; en consecuencia, la autoridad cuestionada, fundamentó sobre los elementos fácticos con los que cuenta y, por ende, explicó las razones de su decisión, resultando suficiente por cuanto estableció los puntos claros y concretos del porqué de su decisión; y,
2. b)Respecto del tipo penal de desobediencia a la autoridad, conforme ya se expuso, el Fiscal demandado se sostiene en una certificación emitida por el Juzgado de origen en el que refiere que no se incumplió ninguna orden judicial, dicha documental consiste en una certificación de 21 de octubre de 2019 emitida por Gabriela Cuellar Arteaga, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Noveno, que en su última parte establece: "...no existe hasta el momento alguno, resolución que indique desobediencia a alguna resolución de los señores Justina Jiménez Rodas de Centeno y Julio Centeno Montaño..." (sic); en consecuencia, teniéndose esta certificación, la valoración que se pueda hacer en jurisdicción constitucional no cambiará el fondo de la cuestión; en cuanto a la pericia que extraña el Ministerio Público, ella puede determinar científicamente si es que se realizó la construcción que estaba prohibido realizar; en consecuencia, no existe relevancia constitucional y, por ende, no se advierte la vulneración de algún derecho constitucional.