Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0421/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 45860-2022-92-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 023/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 273 a 279 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Quiroga Flores contra William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz; y, Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura del Distrito Judicial de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 25 de noviembre de 2021 y 5 enero de 2022, cursantes a fs. 1, 48 a 78; y, 82 a 98 vta., respectivamente, el accionante señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal seguido contra Luis Gualberto Fernández Ramos, Mariela Gutiérrez Mallea y Mabel Condori Calle, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto por el art. 154 del Código Penal (CP), el Fiscal de Materia emitió la Resolución de Rechazo 210/2019 de 3 de junio, basando dicha determinación en el art. 304.3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque la investigación no aportó suficientes elementos para fundar la acusación; por lo que, contra dicha determinación, el accionante interpuso memorial de objeción, el 14 de junio de 2019, exigiendo que el Fiscal Departamental revoqué el rechazo determinado por el Fiscal de Materia, por no haberse efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes, conforme a la denuncia ni valorado la evidencia obtenida, específicamente el Reglamento de Procesos Disciplinarios y las declaraciones informativas de los imputados. En la tramitación de la referida objeción interpuesta de su parte, denunció que el Fiscal Departamental, William Eduard Alave Laura, vulneró de manera deliberada y dolosa el art. 305 del CPP al rehusar, inicialmente, conocer el referido recurso, ello bajo el argumento de que el Fiscal de Materia debía mantener actualizado el registro en el sistema informático; situación que generó que los antecedentes fueran devueltos y remitidos en tres oportunidades distintas, entre los meses de julio y octubre de 2019, entre otros actos dilatorios derivando en que el Fiscal Departamental demandado, emitiera la Resolución 1633/2019 el 15 de octubre, por la cual revocó la resolución de rechazo, después de cuatro meses desde su recepción, cuando la norma otorga el plazo fatal de diez días para emitir la correspondiente resolución jerárquica; lo más curioso es que dicha resolución, se le notificó a su persona el 27 de mayo de 2020, es decir, después de más de siete meses de emitida la misma. Refiere que el 28 de enero de 2020, solicitó la enmienda de la citada resolución jerárquica, debido a que en su contenido no se pronunció respecto a todas las personas sindicadas, limitándose únicamente al Juez Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura -Luis Gualberto Fernández Ramos-, lo que configuraría una incongruencia omisiva por parte del Fiscal Departamental de La Paz, ya que los elementos presentados claramente demostraban la comisión del delito de incumplimiento de deberes por parte de la Secretaria del Juzgado Disciplinario Segundo de la Representación Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura -Mariela Gutiérrez Mallea-, como de la Auxiliar notificadora del referido juzgado, al no haber actuado dichas funcionarias, conforme a sus obligaciones dentro del trámite del proceso disciplinario iniciado en su contra, al haber arrimado de manera irregular y extemporánea memoriales y realizado notificaciones irregulares. Sin embargo, mediante requerimiento de 29 de marzo de igual año, dicha autoridad rechazó su solicitud con el argumento de que debía estarse al resultado del recurso jerárquico ya fundamentado, invocando además la , para afirmar que dicha autoridad no tendría facultades para pronunciarse sobre solicitudes de complementación y enmienda al ser estas de carácter estrictamente jurisdiccional. Asimismo, dirigió esta acción tutelar contra Juan Onofre Mamani Cordero, Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura, que rehusó deliberadamente cumplir el requerimiento fiscal para la realización de una auditoria jurídica, al emitir un informe de rechazo de 7 de mayo de 2021, respecto del proceso disciplinario por faltas graves que sigue Eugenio Huanca Laura en contra del impetrante de tutela, argumentando que dentro de los procesos disciplinarios existe una potestad autónoma de conocer y sancionar faltas disciplinarias, por lo que no correspondería que sean objeto de una auditoría jurídica, desconociendo lo establecido en el art. 184 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Ello implica que el referido Auditor Jurídico del Consejo de la Magistratura, no obstante, de la advertencia del Fiscal de Materia Alejandro Gamboa Mendoza para la realización de auditoría jurídica, al emitir una negativa injustificada de prestar cooperación judicial directa, en su condición de perito reconoció las prerrogativas, fueros, privilegios e inmunidades que benefician al exjuez disciplinario y las funcionarias de apoyo jurisdiccional denunciadas penalmente de su parte; lo que implica una desobediencia directa de lo establecido por los arts. 136 -cooperación interna- y 218 -informes- del CPP, que establecen la obligación que tienen tanto las autoridades judiciales como administrativas de prestar informes y de cooperar ante los requerimientos del Ministerio Público dentro de la tramitación de un proceso penal. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación; a la petición; y, "la supresión de documentos", citando al efecto los arts. 13. I, 14. I, II, III, IV y V; 115.II, 119.II, 180.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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