0422/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0422/2022-S1 Sucre, 17 de junio de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 41619-2021-84-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 072/2021 de 9 de junio, cursante de fs. 44 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hortencia Susana Venegas Méndez contra Mariano Condori Roque, Subalcalde del Distrito 3 del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de mayo de 2021, cursante de fs. 22 a 24, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2 de marzo de 2021, mediante orden de desapoderamiento, ingresó a vivir y tomar posesión del bien inmueble ubicado en Villa Dolores de El Alto, lote 148, manzano 12, con una superficie de 500 m2, registrado en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 2.01.4.01.0041705, el cual adquirió en una subasta pública realizada en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de El Alto del departamento de La Paz. Al ingresar al mencionado bien inmueble, se percató que éste no contaba con el servicio básico de agua potable y alcantarillado, pese a que se encuentra en una zona residencial, pues existen tuberías y redes de distribución del líquido elemento, porque las demás viviendas cuentan con dicho servicio básico.

Motivo por el cual, el 20 de marzo del citado año, se apersonó a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) de El Alto, solicitando la instalación del servicio básico; por lo que, dicha empresa, después de realizar la inspección correspondiente y analizar la documentación presentada, aprobó su solicitud de conexión de agua potable y alcantarillado, señalando que previamente debía acudir a la Subalcadia del Distrito 3, a efecto de que le otorguen el permiso para abrir la zanja respectiva, razón por la que el 5 de abril de igual año, acudió a la indicada Subalcaldia, donde le solicitaron una serie de requisitos, entre ellas, un certificado del Presidente de la Junta Vecinal, quien lamentablemente al peticionar tal certificado, le manifestó que el certificado solicitado le costaría Bs960.- (novecientos sesenta bolivianos), además de un inmobiliario y/o una impresora, pues dicho monto correspondería a las faltas a reuniones por parte del anterior propietario, y la impresora era para que entre como nueva vecina, y que de no cumplir con lo mencionado no le extendería la certificación que acredite que es vecina de la zona.

Finalmente, por memorial de 4 de mayo del señalado año, dio a conocer dicho extremo al Subalcalde del Distrito 3 del GAM de El Alto -ahora autoridad demandada-, solicitando la apertura de la zanja sin el mencionado requisito, haciendo notar que conforme establecen los arts. 13 inc. a) y 72 de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario -Ley 2029 de 29 de octubre de 1999-, concordante con los arts. 15, 16, 27, 29, 42, 107 y 109 del Reglamento Nacional de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para Centros Urbanos, aprobado por Resolución Ministerial 510/92 de 29 de octubre de 1992, no es necesaria la presentación del certificado del Presidente de la Junta Vecinal, para que se le otorgue la conexión de agua potable y alcantarillado, haciendo notar que es obligación de la entidad municipal, asegurarse que todas las viviendas cuenten con el mencionado servicio básico, señalando que cualquier decisión asumida sea notificada vía whatsapp al 78771675; sin embargo, no recibió respuesta alguna; por lo que, el 7 de similar mes y año, se apersonó a la indicada entidad en busca de respuesta, donde le señalaron que regrese el 14 de igual mes y año, fecha en la que nuevamente le manifestaron que retorne el 21 del mismo mes y año, fecha en la que volvió a apersonarse; empero, no obtuvo respuesta alguna hasta la fecha -se entiende hasta la presentación de esta acción tutela-.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la petición y a vivir bien, citando al efecto los arts. 8 y 24 Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública se realizó el 9 de junio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 42 a 43, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo señaló que a horas 8:30 del 9 de junio de 2021 -fecha de audiencia pública de esta acción tutelar-, fue notificada por parte de la entidad demandada, con la Nota "CITE SADM-3/AJ/MJOD/032/2021 de 26 de mayo", en la cual otorgan la autorización extemporánea de la apertura de una zanja, para la conexión de agua potable y alcantarillado, la cual resulta importuna, puesto que ya interpuso la presente acción de amparo constitucional, por lo que solicitó el pago de costas y costos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Asimismo, a través de su representante legal en audiencia pública señaló que, la peticionante de tutela identificó como acto ilegal la falta de respuesta a su solicitud que formuló en la anterior gestión de la ex Alcaldesa Soledad Chapetón; sin embargo, cabe aclarar que como señaló la peticionante de tutela, el día de hoy -se entiende 9 de junio de 2021-, se puso a conocimiento de la solicitante de tutela el Informe CITE SADM-3/AJ/MJOD/032/2021 de 26 de mayo, en el que se recomendó la viabilización del trámite de apertura de zanjas, para que pueda realizar las conexiones de agua potable, que inicialmente solicitó, en ese entendido opera la teoría del hecho superado, pues antes de realizada la audiencia pública señalada al efecto, la accionante tuvo conocimiento de la reparación del acto reclamado, por lo que no tendría razón de ser que la jurisdicción constitucional se pronuncie en el fondo si la pretensión de la impetrante de tutela ya fue reparada, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente:

II.1. Cursa Testimonio de Escritura Pública 644/2019 de 10 de abril, respecto a la adjudicación judicial del bien inmueble situado en Villa Dolores, lote 148, manzano 12, con una superficie de 500 m2, inscrito en DD.RR. bajo la Matrícula Computarizada 2.01.4.01.0041705, que otorga Mauricio Carlos Rivadeneyra Ergueta, Juez Público Civil y Comercial Décimo de El Alto del departamento de La Paz, a favor de Hortencia Susana Venegas Méndez -ahora accionante-, en calidad de adjudicataria dentro del proceso civil ejecutivo seguido por Martin Javier Zegarra Maldonado y Remedios Álvarez Corazón contra Javier Sumi Rojas, por cobro de dinero (fs. 4 a 13).

II.2. Por Mandamiento de Desapoderamiento de 17 de febrero de 2021, el Juez Público Civil y Comercial Décimo de El Alto del departamento de La Paz, ordenó el desapoderamiento del mencionado bien inmueble a fin de que se entregue a su propietaria la -ahora accionante-, sea con facultades de allanamiento, ruptura de candaos, cerraduras y auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario (fs. 16).

II.3. Consta aprobación de EPSAS para la conexión de agua potable y alcantarillado de 22 de marzo de 2021, en el bien inmueble de propiedad de la impetrante de tutela (fs. 17).

II.4. Mediante memorial presentado el 4 de mayo de 2021, la peticionante de tutela solicitó a la Subalcadia del Distrito 3 del GAM de El Alto, la orden de apertura de zanja, aclarando que la certificación emitida por la Junta Vecinal, no es un requisito sine qua non para la conexión de agua potable y alcantarillado (fs. 2 a 3).

II.5. A través de Memorándum DESP/MAE/M/021/2021 de 6 de mayo, Mariano Condori Roque, fue designado Subalcalde del Distrito 3 del GAM de El Alto (fs. 29).

II.6. Mediante Informe CITE SADM-3/AJ/MJOD/032/2021 de 26 de mayo, María Josefina Orosco del Catillo, Asesora Jurídica, en atención a la solitud de orden de apertura de zanja, recomendó a la autoridad ahora demandada, otorgar dicha autorización a objeto de que la impetrante gestione la apertura de zanja para la conexión de agua potable y alcantarillado en el inmueble ubicado en Villa Dolores, dicho Informe fue recepcionado el 28 de mayo de 2021 (fs. 30 a 31).

II.7. Cursa Nota CITE SADM-3/MCR/053/2021 de 7 de junio, emitida por la autoridad demandada, referente a la solicitud de orden de apertura de zanja, para su notificación a la solicitante de tutela a efecto de que gestione lo solicitado por la unidad correspondiente de la Subalcaldia del Distrito 3 del GAM de El Alto, la cual fue notificada a la accionante el 9 de junio de 2021 a horas 8:30 (fs. 32 y 33).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la petición y a vivir bien; toda vez que, mediante memorial de 4 de mayo de 2021, solicitó a la Subalcaldia del Distrito 3 del GAM de El Alto, la orden de apertura de zanja para la conexión de agua potable y alcantarillado; motivo por el cual acudió a dicha instancia el 7, 14 y 21 de similar mes y año; empero, no recibió respuesta alguna a su petición.

III.1. Sobre las dimensiones de la cesación de los efectos del acto reclamado, como causal de improcedencia prevista en el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional. Diferencias entre la teoría del hecho superado y la sustracción de materia

El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece como causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, la cesación de los efectos del acto reclamado; sobre el particular, la SC 0050/2004-R de 14 de enero, en su Fundamento Jurídico III.2, hace referencia a los alcances de este artículo, al indicar que:

Cuando deja de existir el acto ilegal denunciado, el recurso de amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, puesto que no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó el recurso; situación, que torna improcedente el recurso, por haber cesado los efectos del acto reclamado (...).

De igual forma la SCP 1541/2014 de 25 de julio1 en su Fundamento Jurídico III.2, entiende que cuando cesa el acto denunciado de ilegal, el amparo constitucional ya no tiene razón de ser ni objeto, por cuanto "...no se puede pretender protección de un derecho fundamental o garantía constitucional, respecto a un supuesto acto u omisión de un particular o una autoridad, cuando desapareció la causa en la que se fundó la acción...".

En ambos casos, ya no tiene razón de ser ingresar al estudio de la trilogía de la problemática planteada -conformada por el acto lesivo, el derecho supuestamente vulnerado y la pretensión- que se constituye en la materia justiciable o en el objeto de análisis de la acción de amparo constitucional; pues, opera la carencia de objeto procesal, que se constituye en un hecho procesal -valga la redundancia- que da lugar a la declaración de improcedencia de esta acción tutelar, ya que cualquier resolución que pudiera emitir la jurisdicción constitucional, sería ineficaz para la protección de los derechos fundamentales.

Entonces, sobre la base de lo señalado precedentemente, la carencia de objeto procesal, resulta ser la consecuencia jurídica de la cesación de los efectos de acto reclamado o hecho superado; o, de la cesación del acto reclamado o sustracción de materia; en ese contexto, amerita precisar las características y las diferencias de las referidas circunstancias o dimensiones en las que se puede presentar esta figura procesal como causal de improcedencia:

Al respecto, la referida SCP 1541/2014, sistematizó los requisitos establecidos por la jurisprudencia para aplicar esta causal de improcedencia:

Este entendimiento fue asumido por las SSCC 0039/2006-R, 0470/2006-R y 1640/2010-R; Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1290/2016³, 0671/2018-S2 y 0215/2019-S2, entre otras.

Además, debe tomarse en cuenta que para que se produzca la sustracción de materia, el objeto procesal debe existir al momento de interponerse la acción de tutela y desaparecer antes del pronunciamiento de la Sentencia.

Asimismo, es necesario hacer referencia a la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, reiterada por la SCP 2202/2013 de 16 de diciembre y por la SCP 1621/2014 de 19 de agosto, entre otras; en cuyo Fundamento Jurídico III.1, señaló:

En este mismo sentido, la SC 0998/2003-R de 15 de julio, refirió al respecto: "...la cesación del acto ilegal en el sentido del citado precepto, radica básicamente en el hecho de que la resolución o acto de la autoridad o particular denunciado de ilegal, por su voluntad o por mandato de otra autoridad superior, hubiere quedado sin efecto antes de la notificación con el amparo al que hubiere dado lugar, vale decir, que si bien se produjo la lesión, ésta se reparó de motu proprio del legitimado pasivo".

Sin embargo, a partir de este razonamiento, se generaron confusiones sobre estos presupuestos procesales, modificando la verdadera naturaleza jurídica y significado del hecho superado o cesación de los efectos del acto lesivo y la sustracción de materia o desaparición del acto lesivo; utilizando estas figuras procesales indistintamente como si se tratara de la misma causal de improcedencia para denegar la tutela, ya sea porque el acto que causó la lesión o amenazó con la vulneración de derechos constitucionales se reparó, cesó o desapareció, configurando estas causales de improcedencia como si se tratara de un hecho superado, tal cual lo señaló la SCP 0696/2019-S2 de 12 de agosto -entre otras-, o como si fuese una sustracción de materia como lo indicó la SCP 1621/2014 -entre otras-.

Por estas razones, es necesario que este Tribunal, a través de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, realice las conceptualizaciones, diferenciaciones y aclaraciones respecto a estas dos figuras procesales, tal cual se efectuó precedentemente; pues considera, que antes de generar entendimientos sobre una figura procesal constitucional, siempre se debe partir del análisis de la normativa que rige nuestro ordenamiento jurídico constitucional, tomando en cuenta que cada problemática planteada tiene sus propias peculiaridades; es por estos motivos, que para analizar las diferencias entre hecho superado y sustracción de materia, se tomó en cuenta que en la tradición jurisprudencial se suscitan dos causales de improcedencia que devienen de la interpretación del art. 53.2 del CPCo con relación a la cesación de los efectos del acto reclamado; siendo que ambos casos se suscitan, por una carencia de objeto procesal o materia justiciable.

Entendiendo como objeto procesal en materia constitucional, a la trilogía del problema jurídico planteado; siendo que la carencia del mismo, se suscita ante una desaparición del acto lesivo, cesación o satisfacción de los derechos fundamentales o cuando la pretensión se hace insubsistente, constituyéndose en causales de improcedencia de esta acción de tutela.

En este marco se distinguen dos dimensiones como causales de improcedencia de la acción de amparo constitucional por carencia de objeto procesal, que encuentran diferencias en las siguientes características:

Cabe señalar, que no basta el cese de los efectos del acto lesivo y la desaparición del acto lesivo, sino que es necesario que sea total, es decir, que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, aspecto que permitirá declarar la improcedencia por ésta causal.

Entendimiento asumido en la SCP 0019/2020-S1 de 13 de marzo.

III.2. Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho a la petición en base al estándar jurisprudencial más alto

En relación al derecho a la petición, la suscrita Magistrada en la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, asumió un razonamiento progresivo en cuanto a la protección de la tutela vía acción de amparo constitucional al haber decidido aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0276/2019-S2 de 24 de mayo, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al referido derecho.

En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo.

En mérito a la asunción del razonamiento más progresivo, señaló que la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la CPE, debe ser protegido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme manda el art. 196.I de la Ley Fundamental, que establece: "El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales".

A partir de dicha previsión, este Tribunal se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas11; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Norma Suprema, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la Ley Fundamental; en ese entendido, dentro de ese catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la CPE, que establece: "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario", de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos.