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TCP

0422/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0422/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0422/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de cumplimiento

Expediente: 69810-2024-140-ACU Departamento: Pando

En revisión la Resolución 02/2024 de 19 de diciembre, cursante de fs. 38 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de cumplimiento interpuesta por Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia contra Yordy Enrique Leverenz López, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Puerto Rico del departamento de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de diciembre de 2024, cursante a fs. 9 a 13, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Nuestra Constitución Política del Estado (CPE), en sus arts. 70 y 72 prevé los derechos de las personas con discapacidad, así como la obligación que tiene el Estado de garantizar a las personas que pertenecen a este grupo vulnerable, los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley.

La Delegación Defensorial de Pando, recibió denuncias respecto a la falta de pago del bono de discapacidad desde hace tres meses -se infiere computable desde la fecha de interposición de esta acción de defensa- registrando dicha instancia el caso como DP/SSP/19069/2024.

Por lo que, habiendo evidenciado el incumplimiento de lo establecido en el art. 3 de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- la Delegación Defensorial de Pando, cursó la nota CITE DP/SSP/RIE/PAN/9581/2024 el 6 de diciembre, solicitando al Alcalde del GAM de Puerto Rico del departamento de Pando, el cumplimiento del citado artículo; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción de cumplimiento, dicha solicitud no mereció respuesta alguna; es decir, que la autoridad demandada no se allanó al cumplimiento de la precitada norma legal.

El precitado art. 3 de la Ley 977 contiene un deber específico, claro, expreso y exigible, no sujeto a condición, ya que dispone el pago mensual a personas con discapacidad grave y muy grave de Bs250.- (doscientos cincuenta bolivianos) a partir del 2018; además, dicha norma establece claramente el responsable de su cumplimiento, señalando a tal efecto "los Gobiernos Autónomos Municipales".

Con lo señalado, se tiene localizado el objeto de la pretensión de esta acción de defensa; no obstante, que el cumplimiento de dicha previsión normativa, indirectamente se encuentra vinculada con la garantía de derechos de personas con discapacidad, previstos en el art. 70.1 y 5 de la CPE de ser protegidos por su familia y el Estado y al desarrollo de sus potencialidades individuales.

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