0424/2019-S3

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0424/2019-S3 Sucre, 13 de agosto de 2019

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional

Expediente: 28018-2019-57-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 15 de febrero de 2019, cursante de fs. 165 a 168 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana María y Marina Tintaya Rocha; e, Isabel Tintaya de Maida contra José Eddy Mejía Montaño, Mirtha Mabel Montaño Torrico y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 11 y 28 de enero de 2019, cursantes de fs. 47 a 56 vta.; y, 60 vta., las accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Martha Encinas Rodríguez y otro, por la presunta comisión del delito de asesinato, en el que la nombrada fue imputada, acusada y condenada en sentencia a la pena privativa de libertad de treinta años sin derecho a indulto, encontrándose el proceso en grado de apelación restringida, la mencionada acusada presentó acción de libertad contra los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandados-, confutando el Auto de Vista de 29 de noviembre de 2018, que mantuvo su condición de detenida preventiva, pronunciado en respuesta al recurso de apelación incidental que formuló, acción tutelar que el Tribunal de garantías mediante Resolución 18/2018 de 1 de diciembre, concedió en parte disponiendo que las autoridades demandadas dicten una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada en el plazo de veinticuatro horas; razón por la cual, emitieron el Auto de Vista de 3 de igual mes y año que determinó la cesación de la detención preventiva en favor de la acusada y ordenó su detención domiciliaria además de otras medidas sustitutivas, sin convocar a las partes a audiencia que necesariamente debió ser señalada para su pronunciamiento, bajo el carácter de oralidad del trámite de una apelación de medida cautelar previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo que se dictaría una nueva resolución sobre el recurso interpuesto por la defensa de la "imputada", y correspondía a dichas autoridades ordenar la notificación de las demás partes intervinientes en el proceso -Ministerio Público y víctima-, a fin de que asuman defensa en igualdad de condiciones con la prenombrada; al no haber ocurrido así, se limitó su actuación en la causa penal y se les puso en situación desventajosa en relación a la acusada que tenía pleno conocimiento de la indicada Resolución ya que solicitó su cumplimiento; por lo que, no fueron oídas antes de su emisión, puesto que es deber de los Vocales demandados, escucharles antes de cada decisión judicial por su condición de víctimas, aspecto que tampoco fue cumplido, toda vez que jamás se les hizo conocer a través de una notificación con veinticuatro horas de anticipación que se pronunciaría una nueva resolución, circunstancia que limitó su derecho de acceso a la justicia y su actuación como víctimas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Las peticionantes de tutela denunciaron la lesión de sus derechos a la defensa, igualdad, tutela judicial efectiva como elementos del debido proceso; así como la "...garantía de ejercicio de la acción penal en condición de víctima..." (sic), citando al efecto los arts. 115, 119.I y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE).