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TCP

0424/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de marzo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0424/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0424/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 67983-2024-136-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 168/2024 de 4 de octubre, cursante de fs. 256 a 259, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Sánchez Aviz contra Milton Elías Altamirano Vargas, Gerente General a.i. y Samuel Augusto Pita Romero, Autoridad Sumariante, ambos de la Empresa Minera Colquiri .

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 11 y 16 de septiembre de 2024, cursantes de fs. 33 a 36; y, 39, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue Fisioterapeuta del Centro de Salud "Virgen de Fátima" dependiente de la Empresa Minera Colquiri. El 3 de noviembre de 2023, Mabel Leydi Torrico Zenteno de Guerreros -ahora tercera interesada- mediante informe presentó una denuncia contra su persona por supuestos malos tratos, agresión psicológica y actitud prepotente; por consiguiente, el 20 de ese mes y año se dictó el Auto de Inicio Sumario Administrativo 22/2023, para luego dictarse la Resolución Administrativa de Proceso Sumario 20/2023 de 27 de diciembre contra la que planteó Recurso de Revocatoria denunciando el incumplimiento del art. 22 literal a del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001; puesto que, el Auto de Inicio Sumario Administrativo 22/2023 fue emitido diecisiete días comunes después de la denuncia y once días administrativos, incumpliendo el plazo improrrogable de tres días previsto en dicho artículo. En respuesta fue emitida la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024 de 5 de febrero, que incurrió en una incongruencia normativa respecto al incumplimiento del plazo para el inicio del proceso de acuerdo al citado artículo. En consecuencia, presentó recurso jerárquico denunciando lesiones al debido proceso incurridas por la Resolución de revocatoria impugnada que fue ratificada la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 de 9 de febrero, que le fue notificada el 14 de marzo de 2024.

Fue vulnerado el derecho al debido proceso en el momento en el que se le inició el sumario administrativo, el cual debió ser activado dentro de tres días de recepcionada la denuncia, incurriendo en una falta del principio de legalidad y seguridad jurídica al incumplirse lo previsto por el art. 22 literal a del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública modificado por .el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001. Asimismo, la Resolución Administrativa sobre Recurso de Revocatoria 01/2024, en su Considerando II al citar el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) incurre en una incongruencia porque el proceso seguido contra su persona se sujetó a la Ley de Administración y Control Gubernamentales y al señalado Reglamento; por lo que, al no cumplirse los plazos procesales no podía iniciarse el sumario administrativo. Sin embargo, la Resolución Administrativa Jerárquica 02/2024 fue pronunciada sin efectuar una revisión exhaustiva del proceso sumario para así evitar la vulneración de sus derechos en cuanto a la legalidad y cumplimiento del plazo para el inicio del sumario administrativo, por lo que también vulneró su derecho al debido proceso, restringiendo asimismo su derecho al trabajo al privárselo de su medio de subsistencia de la cual percibe una remuneración para mantenerse así y a su familia, atentando contra la estabilidad laboral a la que tiene derecho.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos a los principios de legalidad y seguridad jurídica; y, al trabajo, remuneración y estabilidad laboral; citando al efecto los arts. 46.I, 48.III y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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Tribunal Constitucional Plurinacional19 de marzo de 20260424/2026-S1Fuente oficial