Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2019-S1 Sucre, 24 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 27028-2019-55-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 65 de 5 diciembre de 2018, cursante de fs. 190 a 194 vta., pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Fabio Junior Duran Ribera y Cesar Leonardo Blanco Álvarez en representación legal de Nancy Elena y Lidia Margoth El Hage Mojica contra Macario Lahor Cortez Chávez, Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2018, cursante a fs. 64 a 76 vta., las accionantes a través de sus representantes legales, manifiestan lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El INRA tanto el "...departamental de Santa Cruz de la Sierra y el Nacional..." (sic) sin ningún sustento legal mediante informes DDSC-R.E.-INF. 1006/2018 de 20 de junio y los Informes Legales JRLL-SCE-INF-SAN 587/2018 y JRLL-SCE-INF-SAN 588/2018, ambos de 31 de agosto, negaron dar cumplimiento a la Sentencia Agroambiental Nacional S2ª 38/2017 de 12 de abril.
Refieren que, el 2010 el "Polígono 155", fue objeto de proceso de saneamiento de oficio, producto del cual se emitió la Resolución Suprema (RS) 11902 de 15 de abril de 2014; posteriormente, su hermana Amanda Margarita El Hage de Sandifor, propietaria del fundo rústico Los Junos inició un proceso contencioso administrativo contra la mencionada Resolución Suprema, el cual fue resuelto mediante la referida Sentencia Agroambiental Nacional S2ª 38/2017, que declaró probada la demanda determinándose la nulidad de la RS 11902, dejando sin efecto los actuados inclusive hasta la carta de citación con el inicio de las pericias de campo a efectos que el INRA reencause el proceso de saneamiento respecto a las resoluciones inexistentes en antecedentes "...ORIGEN DE TODAS LAS IRREGULARIDADES..." (sic) en razón de que no se puede concluir un proceso sobre supuestos, por lo que, se debe citar a los propietarios beneficiarios y sub adquirentes y colindantes del predio Los Junos.
Revisando los antecedentes del saneamiento los cuerpos cinco y seis a fs. 908, 962, 963 y 1120 se evidencian las cartas de citación a los predios Faisan, San Juanito y las comunidades indígenas Santa Rosa de Lima y San Luis de Roca, mismas que como efecto de nulidad ordenada mediante Sentencia Agroambiental Nacional S2a 38/2017, quedaron sin efecto legal alguno, fundamentando dicha determinación entre otros aspectos:
- a)La falta de Resolución Determinativa del "Polígono 155";
- b)La violación al principio de publicidad;
- c)Inexistencia de antecedentes del proceso de saneamiento, los Informes de Relevamiento DD SC-JS-V.A.S.-INF 146/2010 de 12 de agosto, el Informe Complementario DDSC AREA VAS INF. 374/2010 de 18 de agosto, que refiere al análisis multitemporal de los predios Las Campiñas, Faisan, Comunidad Indígena San Luis de Roca, Los Junos, Buena Esperanza, Puyaraimundy, Colonia Florida y San Juanito;
- d)Vulneración al principio de publicidad -arts. 44 y 45 del Decreto Supremo (DS) 25763 de 5 de mayo de 2000 Reglamento de Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria- que dejó en indefensión a los interesados al haberse omitido notificar de forma personal con la Resolución Administrativa Determinativa y la Resolución de aprobación a cada uno de los propietarios, poseedores y sub adquirentes;
- e)Se infringió el art. 47 del DS 25763, en razón a que no se publicó en ningún periódico de circulación nacional las resoluciones determinativas de saneamiento,
- f)Iniciaron el proceso de saneamiento en aplicación del DS 25763 y sin ninguna resolución de manera arbitraria cambiaron de normativa, iniciando un nuevo proceso administrativo; en el cual, fue notificada la "demandante" realizando pericias de campo sin haber cumplido el art. 266 del DS 29215 de 2 de agosto de 2007, aspecto que constituye causal de nulidad;
- g)La Resolución Instructoria respecto al "Polígono 155", es inexistente, por lo que los diferentes plazos de ampliación se determinaron de forma irregular;
- h)En las Resoluciones emitidas en etapa de ejecución para dar continuidad al proceso de saneamiento no se tomó en cuenta el cambio de normativa reglamentaria del DS 25763 al DS 29215 que efectivamente le otorga al administrador facultad de revisar actos procesales; e,
- i)La diligencia de notificación para realizar la mensura se realizó faltando menos de veinticuatro horas; es decir, no se otorgó un tiempo prudente para tomar las previsiones sobre la documentación y asesoramiento técnico vulnerándose de esa manera los derechos a la defensa y debido proceso establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
De lo señalado se colige que se determinó la ilegalidad de todo el proceso de saneamiento; así también de todas las resoluciones administrativas "...sin embargo el INRA departamental Santa Cruz y el Nacional en una posición totalmente ilegal y atentatoria a los derechos y garantías constitucionales de mi representada mediante informes legales DDSC-R.E-INF. N° 1006/2018 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018 (resolución para ambos predios por el INRA departamental) y los informes JRLL-SCE-INF-SAN Nº 587/2018 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018 (Resolución correspondiente al predio El Faisan del INRA nacional); JRLL-SCE-INF-SAN N° 588/2018 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018 (Resolución correspondiente al predio San Juanito del INRA nacional), han negado el cumplimiento a la SENTENCIA AGROAMBIENTAL NACIONAL S2 No. 38/2017 de fecha 02 de abril de 2017..." (sic).
El INRA al negarse a dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Agroambiental mediante la indicada Sentencia, está violentando sus derechos y garantías constitucionales en el entendido que la determinación de nulidad retrotrae sus efectos hasta el vicio más antiguo.
En el intento de que se respeten sus derechos y garantías constitucionales solicitaron al INRA el cumplimiento de la Sentencia Agroambiental Nacional S2a 38/2017, existiendo de parte de la referida institución una rotunda negativa al cumplimiento del citado fallo "...pese a que de la interpretación de la sentencia se puede colegir la ilegalidad de las resoluciones determinativas e instructora; y en consecuencia, todo el trámite de saneamiento de los polígonos..." (sic), vulnerándose de esa manera sus derechos a la defensa y el debido proceso en sus vertientes de seguridad jurídica y legalidad al pretender ejecutar una resolución suprema y un proceso de saneamiento que fue anulado, como también el principio constitucional de verdad material al no aplicar el efecto legal que causó la supra señalada Sentencia Agroambiental Nacional, bajo el supuesto formalismo que la demanda contenciosa administrativa de la cual emerge dicha Resolución solo fue presentada por su hermana Amanda Margarita El Hage de Sandifor, y por ende solo beneficiaría al predio Los Junos, sin tomar en cuenta que el aludido fallo define como ilegales las resoluciones determinativas e instructorias de "...todo los polígonos, las cuales son las bases para el saneamiento del polígono 155 además de que reconoce la violación del principio de publicidad en el desarrollo de todo el proceso de saneamiento, actos cometidos por los funcionarios del INRA, siendo evidente que al ser todos iguales ante la ley, el INRA no puede decir que para unos es aplicables y para nosotros no esta resolución, ya que se debe tener en cuenta que lo que nace nulo a la vida es nulo para siempre" (sic).
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