0425/2023-S4

En el proceso penal que el Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia le siguen por presunta comisión del delito de violación infante, niña, niño o adolescente, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, a petición del Fiscal de Materia asignado al caso mediante Resolución de 25 de noviembre de 2021, en audiencia de medidas cautelaras, dispuso su detención preventiva; decisión que, siendo apelada, fue resuelta por el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-; quien mediante Auto de Vista de 13 de enero de 2022, declaró procedente en parte su recurso incidental; empero, manteniendo su detención preventiva. Decisión que considera lesiva a sus derechos fundamentales pues esta decisión:

1. a)Manifiesta una incongruencia;
2. b)Incorrecta valoración de la prueba;
3. c)Errónea aplicación de la Ley, respecto a los arts. 233 parte in fine; 239.2 y 7; y, 222 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y,
4. d)Falta de motivación e incorrecta aplicación del art. 233.1 y 2, con relación al art. 234.7 del CPP, al momento de determinar la subsistencia de su detención preventiva determinada por el Juez a quo, mismo que solo tomó en cuenta que no pudo presentar certificado Cuestionario de Convivencia Escolar para la No Violencia (CENVI).

La Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías mediante la Resolución 06/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 20 a 22, denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos:

1. 1)El Auto de Vista 44/2022 de 13 de enero, que hoy es cuestionado, declaró la admisibilidad del recurso de apelación, disponiendo ratificar en parte la Resolución 212/2021 de 25 de noviembre, emitida por el Juez a quo, en tal sentido, señaló que no concurren los riesgos de fuga contemplados en los arts. 234.1 y 2, por lo que modificó los mismos; empero, mantuvo subsistentes los riesgos de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234.7; y, 235.1 y 2 de la norma adjetiva penal; y,
2. 2)De la lectura del Auto de Vista cuestionado, se advierte una adecuada fundamentación o motivación que respalda la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 233.1; 234.7; y 235.1 y 2 del CPP, inclusive la autoridad demandada, en favor del accionante estableció que no concurren los riesgos procesales establecidos en el art. 234.1 y 2 del adjetivo penal, esta afirmación se respalda en los criterios expuestos en la SCP 0394/2018-S2; por lo que, la decisión se sustenta en suficiente motivación, no hallándose por lo tanto lesión del debido proceso.

II.1. Cursa Resolución 06/2022 de 4 de febrero, emitido por la Jueza de garantías, en el que se transcribe que: El Auto de Vista hoy cuestionado, resolvió los agravios formulados por el accionante de la siguiente manera:

1. i)Con relación a la concurrencia del peligro hacia la víctima y la sociedad -art. 234.7 del CPP, tanto el Juez a quo como la autoridad jurisdiccional hoy demandada, coincidieron en señalar que, "...la victima pertenece a un sector vulnerable, además de ser menor en amparo de las bases de la Ley 348 y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia, que si bien el imputado no tiene sentencia penales, este es un elemento para considerar el peligro para la sociedad, y que el acusado no presentó certificado CENVI, el certificado de no violencia contra las mujeres y siendo que el delito por el cual se le está procesando es de violación debió haber presentado documentación para considerar la situación jurídica, que se debe observar el peligro efectivo para la víctima en delitos relacionados contra la violencia hacia la mujer y que en atención a estos parámetros la autoridad se ve obligada a brindarle protección en virtud a que se trata de una víctima de 12 años y compulsándose los derechos del imputado, sobre los derechos de la menor doblemente por ser mujer, su situación de vulnerabilidad y otros, concluyo que persiste el riesgo procesal del peligro efectivo para la víctima" (sic); y,
2. ii)Respecto a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.1 y 2, la autoridad hoy demandada respondió: "...al ser parte de una empresa minera donde se suscitó el hecho delictivo, este podría destruir elementos que se encuentran en ese lugar que lleven a descubrir la verdad histórica de los hechos, siendo que también en libertad influenciaría en los testigos, participes, máxime cuando la principal testigo es precisamente la victima menor de 12 años" (sic), añadió a esta trascripción textual del Auto de Vista que, conforme se tiene de los actos investigativos del Ministerio Público y de la propia afirmación del imputado, se puede establecer que este habita en la Cooperativa "Siempre Unidos ubicado en la Comunidad Yanato" (sic) , lugar donde también habita la menor víctima del hecho delictivo (fs. 20 a 22 ).

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, congruencia, valoración de la prueba y legalidad vinculado con su derecho a la libertad, en mérito a que la autoridad jurisdiccional demandada, mediante el Auto de Vista 44/2022 de 13 de enero, resolviendo su apelación incidental contra la Resolución 212/2021, mantuvo su detención preventiva, decisión que se cuestiona por:

1. a)Ser incongruente;
2. b)Tener una incorrecta valoración de la prueba;
3. c)Aplicar de manera errónea los arts. 233 parte in fine; 239.2 y 7; y, 222 del CPP; y,
4. d)Falta de motivación e incorrecta aplicación del art. 233.1 y 2, con relación al art. 234.7 de la norma adjetiva penal.