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TCP

0425/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0425/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 69842-2024-140-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 260/2024 de 29 de noviembre, cursante de fs. 120 a 124 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dominga Guzmán Vda. de Espejo y Alex Espejo Guzmán contra William Eduard Alave Laura y Luis Carlos Torrez Alarcón, ex y actual Fiscal Departamental de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 31 de octubre y 14 de noviembre de 2024, cursante de fs. 69 a 76 y 84 a 87, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Los accionantes refieren que son propietarios del Ex Fundo Churu Suchini, Provincia General José Manuel Pando del departamento de La Paz, conforme se comprueba por la Escritura Pública 3041/2022 de 20 de diciembre, de aceptación de herencia al fallecimiento de su padre y esposo; bien inmueble que cuenta con una superficie de 203.6000 ha.

Sin embargo, el 26 de junio de 2024, formalizaron denuncia por los delitos de avasallamiento y amenazas, ya que su propiedad fue avasallada el 22 de junio del mismo año, por los señores Beatriz Gutiérrez Villalobos y Segundino Gutiérrez Villalobos, refiriendo que, por el temor a ser agredidos, se limitaron observar cómo los denunciados ingresaban su ganado a la señalada propiedad.

Al día siguiente de lo ocurrido, el 23 de junio de 2024, informaron del avasallamiento, presentando la respectiva denuncia en el módulo policial de Santiago de Machaca, y en compañía de un efectivo policial, se dirigieron al lugar del hecho, sin embargo, sin ningún respeto al referido funcionario policial, fueron agredidos verbal y físicamente por Héctor Eduardo Espejo Vargas y José Miguel Espejo Choquehuanca.

Mediante Resolución 01/2021 de 30 de mayo, emitido por la Federación de Autoridades Originarios Tupac Katari y Bartolina Sisa, se declaró a José Miguel Espejo Choquehuanca, Héctor Eduardo Espejo Vargas y Álvaro Galo Espejo Vargas, personas no gratas por los avasallamientos y despojos que realizaron en la población de Santiago de Machaca Zona "C".

Dichos extremos fueron puestos a conocimiento del Ministerio Publico; sin embargo, mediante Resolución DRCHQ 012/2024 de 3 de julio, el Fiscal de Análisis de la Fiscalía Departamental de La Paz, desestimó la denuncia formulada por los ahora accionantes, misma que fue objetada mediante memorial de 28 de agosto de 2024, emitiéndose al efecto la Resolución FDLP/WEAL/D-386/2024 de 3 de octubre, por la que se ratificó la Resolución DRCHQ 012/2024, disponiendo el archivo de obrados.

Dicha determinación es carente de motivación y fundamentación, toda vez que, se adjuntó para demostrar el derecho propietario, la tarjeta de propiedad, pago de impuestos de la gestión 2022, Escritura Pública 3041/2022 de declaratoria de herederos y plano del lote; sin embargo, el Fiscal Departamental ahora demandado señaló que no se acreditó ese extremo; además de que señaló que no existen elementos de convicción respecto al delito de amenazas, no obstante haber presentado como prueba fotografías del día del avasallamiento, aparte de pruebas testificales.

Tales extremos resultan ser inaceptables, al utilizarse argumentos desatinados desconociendo la naturaleza jurídica de la etapa preparatoria, dejando en manos del fiscal, si el procesado cometió el delito o no; también, en cuanto a los informes presentados como prueba documental, la autoridad demandada señaló en su resolución jerárquica, que los mismos contaban con contenido subjetivo y sin precisiones sobre los hechos denunciados y la participación de los presuntos autores en los hechos delictivos.

De tal manera, que el Ministerio Público privó de su derecho a la defensa al permitir ingresar a la etapa preparatoria de juicio, para conformar un eventual juicio penal y obtener los suficientes medios probatorios para una acusación, aspecto que también afecta al debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

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