0427/2023-S2

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)La nulidad del Auto de Vista 359 de 22 de noviembre de 2021; y,
2. b)Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 220, debiendo emitirse uno nuevo "...respetando los principios de congruencia, motivación y fundamentación (...) al debido proceso a la defensa y valore las pruebas en igualdad, proporcionalidad y aplique la duda razonable y el principio de favorabilidad..." (sic).

Los accionantes a través de su representante, ratificaron in extenso los argumentos expresados en su memorial de acción de libertad, añadiendo que:

1. 1)Se encuentran detenidos desde el 16 de agosto de 2021, por determinación de la Jueza codemandada, fallo ratificado por el Auto de Vista 359;
2. 2)En cuanto a la autoría, cursa un informe en el que se advertiría que Irma Ortiz Oyola habría realizado una llamada a su hija Rosario Cadima Ortiz indicando que ella había quitado la vida a su padre; posteriormente, efectuó una declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) -dentro de otro proceso-; señalando que, cansada de agresiones físicas, psicológicas y sexuales terminó con la vida de su esposo, detallando como lo había consumado; hechos que reiteró en la audiencia de medidas cautelares, extremos que no fueron valorados por las autoridades demandadas; pues, se basaron únicamente en indicios negativos; por ello, debió aplicarse el principio de la duda razonable; y,
3. 3)El aludido fallo de alzada, no valoró ni advirtió los indicios que no tiene responsabilidad en el hecho, "tampoco lo rechazó" la prueba desarrollada en otro proceso, en el que, Irma Ortiz Oyola confesó haber quitado la vida a su esposo; no habiendo valorado las pruebas fehacientes en relación a los peligros de fuga y obstaculización.

Miriam Rosell Terrazas, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito presentado el 2 de febrero de 2022, cursante a fs. 99 y vta., manifestó que:

1. i)Una vez radicado el expediente de apelación en el efecto devolutivo, relativo al proceso seguido por el Ministerio Público contra los accionantes por la presunta comisión del delito de parricidio, el 22 de noviembre de 2021, se dictó el Auto de Vista 359 resolviendo el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 220, conforme lo previsto en los arts. 57 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) concordante con el 265 del Código Procesal Civil (CPC), siendo el mismo claro, concreto y acorde conforme a la precisión de agravios de dicho recurso, reuniendo los elementos del debido proceso de fundamentación, motivación y congruencia establecido por el art. 115 de la CPE, en relación al art. 213 del CPC; y,
2. ii)La acción de libertad no cumplió con el requisito prescrito en el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), tomando en cuenta que la referida Sala se encontraría conformada por su persona y Oscar Jesús Menacho Angeleri, que no fue demandado; pues, toda decisión es emitida por ambos Vocales; por lo tanto, impedidos de dictar cualquier resolución de concederse la tutela, al no haber sido demandado el Tribunal por completo.

María del Carmen Diez Oyola en representación de Sonia Cadima Ortiz a través de su abogado en la audiencia de garantías refirió que:

1. a)Se adhirió al informe escrito presentado por la Vocal demandada;
2. b)Este mecanismo de defensa cuenta con requisitos formales para establecer si concurren o no los supuestos agravios denunciados;
3. c)Los accionantes realizaron una interpretación antojadiza, refiriendo que las autoridades demandadas no hubieran tomado en cuenta la documentación probatoria pertinente acerca de la autoría y el peligro de fuga;
4. d)No ofrecieron elementos de descargo puntual y categórico emitido por alguna autoridad para que en la audiencia de garantías sea valorada y demuestre el indebido procesamiento;
5. e)En la audiencia de medidas cautelares no se valoran pruebas, simplemente se estiman elementos suficientes de convicción;
6. f)Al generarse agravios en la etapa de juicio oral, debieron interponer una acción de amparo constitucional y no así de acción de libertad;
7. g)No hubo vulneración de derechos; pues, todo lo argumentado fue parte de los fundamentos expuestos en la audiencia de medidas cautelares;
8. h)Durante el desarrollo del referido acto procesal, se efectuó apelación oral; empero, los solicitantes de tutela no hicieron conocer cuál fue el agravio de la Jueza codemandada que el Tribunal de alzada no hubiera tomado en cuenta, lo único que alegaron fue el carácter subjetivo de la apreciación de la prueba presentada, no existiendo ningún descargo que demuestre dicha situación;
9. i)El Tribunal de garantías se encontraría inhibido de realizar una valoración probatoria, más aun si la misma no fue identificada ni individualizada;
10. j)En la acción de libertad no existe la individualización de los impetrantes de tutela;
11. k)El art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), prevé que una audiencia de apelación únicamente debe circunscribirse a los puntos de reclamación; y,
12. l)En el verificativo de apelación se establecieron los mismos fundamentos expresados en la audiencia de garantías.