Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 53036-2023-107-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 003/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Isabel Quispe Salazar en representación sin mandato de Rina Cáceres Mendoza contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza y Lizeth Jhuma Quispe Ochoa, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 4 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 3 a 4 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones, la Jueza y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandadas- trasgredieron el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que incumplieron su deber de remitir los antecedentes del recurso de apelación incidental formulado por las partes, sin considerar que dicha remisión debió efectuarse en el plazo de veinticuatro horas.
Pese al superabundante tiempo transcurrido la Jueza demandada no ejerció su autoridad al interior de su Juzgado, ya que debió ordenar la remisión de antecedentes, incluso antes de ingresar en vacaciones judiciales, toda vez que tenía actos pendientes que realizar; es así que, ante la demora en la remisión, al apersonarse al Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz el 4 de enero de 2023, pudo evidenciar que el recurso de apelación incidental no había sido remitido, sin que exista informe o representación que explique las razones de dicha omisión, lo cual vulnera indebidamente la legalidad y el debido proceso, el principio pro actione, así como el derecho a la impugnación en su calidad de víctima.
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