Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de junio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26233-2018-53-AAC Departamento: La Paz
Partes: María Inés Callejas Quintana y Ximena Palacios Fernández contra Gonzalo Alcón Aliaga, Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Consejeros de la Magistratura; y, Alejandro Mujica Arias, Juez Disciplinario Primero del Consejo de la Magistratura de La Paz.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó la Resolución 254/2019 de 20 de mayo, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz -constituido en Juez de garantías-; y, en consecuencia: concedió en parte la tutela solicitada, con relación a los derechos al debido proceso en sus vertientes de valoración de la prueba y fundamentación y motivación, únicamente respecto a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura; y, denegó la misma en cuanto "al Juez disciplinario" (sic), conforme a los extremos señalados en el fallo constitucional y dejó sin efecto la Resolución SD-AP 491/2017 de 7 de noviembre, ordenando que la Sala Disciplinaria correspondiente del Consejo de la Magistratura pronuncie una nueva resolución, en la que se respeten los derechos y garantías fundamentales de las accionantes, en mérito a los fundamentos descritos en el caso de autos.
Resolución con la que si bien se está de acuerdo en parte; sin embargo, se considera que debió: CONFIRMAR en parte dicha Resolución; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada; conforme a los siguientes fundamentos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
Las accionantes denuncian la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación y errónea valoración de la prueba y a la defensa; toda vez que, habiendo señalado audiencia pública de juicio oral seguida de inspección ocular en la localidad de Mayaya el 17 de agosto de 2016, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de Lidio Alcides Villca Sánchez y otros contra Aurelio Mancilla Mamani, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, las partes se trasladaron para este acto de inspección, la cual no se llevó a cabo a efectos de corroborar si se estaban ocupando los predios que corresponderían a la otra parte, ya que el río impedía cruzar para llegar al destino, de manera que suspendieron la audiencia; sin embargo, esto fue motivo para ser denunciadas en la vía disciplinaria por abandono de funciones llegando a sustanciar el trámite y obteniendo la Sentencia Disciplinaria 31/2017 de 31 de marzo, emitida por la Jueza Disciplinaria Primera del Consejo de la Magistratura de La Paz, misma que fue impugnada, siendo resuelta mediante Resolución SD-AP 491/2017 de 7 de noviembre, dictada por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, que confirmó la decisión de primera instancia sin valorar la prueba y descargos presentados, estando ausente una adecuada fundamentación; por lo que, solicita:
- a)La "NULIDAD de obrados hasta vicio más antiguo"; es decir, hasta Auto de Admisión de 8 de septiembre de 2016;
- b)Se emita nueva resolución, respetando derechos y garantías fundamentales; y,
- c)Consideren el valor de las pruebas testificales, descargos, documentos presentadas en el trámite administrativo.
En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para el efecto se debió analizar los siguientes temas:
- 1)La fundamentación, motivación y congruencia como elementos de la garantía del debido proceso de las resoluciones ahora aludidas;
- 2)El derecho a la defensa; y,
- 3)Análisis del caso concreto.
II.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
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