Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0428/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 56248-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 107 de 9 de junio de 2023, cursante de fs. 40 vta. a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Gonzales López contra Arminda Méndez Terrazas y Ever Álvarez Orellana, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante mediante memoriales presentados el 26 de mayo y 2 de junio de 2023, cursante de fs. 3 a 10; y, 26 a 28 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsedad ideológica, fue condenado encontrándose recluido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; es así que, el 15 de octubre de 2021 luego de haber cumplido con todos los requisitos establecidos en los arts. 6 y 8 del Decreto Presidencial 4461 de 2 de febrero de 2021 de amnistía, fue beneficiado con el indulto total -se entiende a través de la Resolución Administrativa (RA) de indulto 274/2021 de 19 de octubre y a través del Auto Interlocutorio Definitivo 309/2021 de 28 de octubre, por la Jueza de Ejecución Penal Primera del referido departamento homologó el indulto aprobado por el Ministerio de Gobierno y luego se subsano el Certificado de Antecedentes Penales (REJAP) y se emitió el Auto Definitivo de Indulto Total 311/2021 de 29 de octubre, por la citada Jueza, librándose el mandamiento de libertad en su favor.
En ese entendido, la Resolución de homologación de "28 de octubre de 2021" se emitió mientras aún se encontraba vigente el Decreto Presidencial 4461; ya que, su abrogación es a partir del 29 de octubre de 2021; lo que quiere decir, que las resoluciones de homologación que fueron aprobadas el 29 del mencionado mes y año ya no tenían validez, pero la Resolución que homologó su indulto fue emitida el 28 de ese mes y año, en el último día de validez jurídica del citado Decreto Presidencial, porque únicamente faltaba subsanar sus antecedentes penales en el REJAP.
Es así que, Melvy Merlo Alvis el 25 de octubre de 2022, presentó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 213 del referido mes y año, que le benefició con la homologación, bajo el argumento que el -Decreto Presidencial 4461 de 2 de febrero de 2021, es abrogado mediante un único artículo del Decreto Presidencial 457, que establece la vigencia de la abrogatoria a partir de su publicación, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero la misma aprobó el Decreto Presidencial 4571 el 21 de octubre de 2021 y lo publicó el 28 de similar mes y año; es decir, que el 29 de igual mes y año, ya no estaba vigente el indulto dispuesto por el Decreto Presidencial 4461.
Impugnación que fue remitida a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, siendo resuelta en audiencia de 30 de enero de 2023, donde se emitió el Auto de Vista 03/2023 de la referida fecha, que estableció procedente el recurso de apelación ordenando se revoque el Auto Interlocutorio 213/2022 de 4 de octubre, además de acuerdo con el art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se dispuso que se libre orden de captura, determinación asumida, debido a que los Vocales ahora accionados no valoraron correctamente la fecha en la cual se había emitido la "Resolución", que fue el 28 de octubre de 2021 cuando aún se encontraba vigente el Decreto Presidencial 4461 de 2 de febrero de 2021; por lo que, debió continuar su trámite incluso después de abrogado el citado Decreto Presidencial, lo que se entiende como la ultra actividad de la ley en base al principio de vacatio legis, que es la excepción a la regla de irretroactividad de la Ley, que implica que los trámite iniciados deberán continuar hasta su conclusión.
I.1.2. Derechos garantías y principios supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la tutela judicial efectiva y a la defensa; citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 incs. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
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