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TCP

0431/2000-R

Tribunal Constitucional Plurinacional
Resumen del caso

Sentencias 0431/2000-R

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 431/00-R

Expediente: No. 2000-00979-03-RHC Materia: Recurso de Hábeas Corpus Partes: César y Zenobio Huanca Quispe contra Armando Pinilla, Juez Octavo de Partido en lo Penal. Distrito: La Paz Lugar y fecha: Sucre, 04 de mayo de 2000. Magistrado Relator: Dr. Hugo de la Rocha Navarro

VISTOS: En revisión la Resolución de fs. 20 a 21, pronunciada en 23 de marzo de 2000 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de La Paz, dentro del Recurso de Hábeas Corpus interpuesto por César y Zenobio Huanca Quispe contra Armando Pinilla, Juez Octavo de Partido en lo Penal, los antecedentes arrimados al expediente; y

CONSIDERANDO: Que, los recurrentes en su demanda de fs. 7 a 8 de obrados señalan que dentro del proceso penal que se les sigue por la supuesta comisión del delito de parricidio, se encuentran detenidos desde el 5 de julio de 1996 sin que hasta la fecha se hubiera dictado sentencia de primera instancia. Refieren que en octubre de 1998 solicitaron libertad provisional por retardación de justicia, la cual fue resuelta después de 2 meses rechazándose el beneficio y prorrogando el plazo por 6 meses para concluir la causa.

Indican que habiendo transcurrido 10 meses, es decir más de los 6 meses de la prórroga, formularon una nueva solicitud, esperando que el resultado sea favorable; sin embargo después de aproximadamente 2 meses se dicta resolución rechazando la solicitud con el argumento de que la retardación no es responsabilidad del juzgador, razonamiento que implica el desconocimiento de la aplicación de la Ley No. 1685.

Expresan, finalmente que al evidenciarse en forma clara y precisa que en el presente caso existe detención ilegal por la no aplicación del inc. 2 del art. 11 de la Ley 1685, interponen Recurso de Hábeas Corpus al amparo de los arts. 18 de la Constitución Política del Estado y 89 de la Ley No. 1836, solicitando que sea declarado procedente y se disponga su inmediata libertad.

CONSIDERANDO: Que, instalada la Audiencia Pública en fecha 23 de marzo de 2000, cual consta de fs. 17 a 19 y vta. de obrados, los recurrentes por medio de su abogado reiteran los términos de su demanda y la amplían manifestando que el “fundamento de la demanda se ha basado en el inc. 2) del art. 11 de la Ley No. 1685, puesto que han transcurrido no solamente 18 meses, sino 4 años” (sic) que se encuentran detenidos sin que haya sentencia ejecutoriada. Refieren que las demoras que se han suscitado a partir de la prórroga no son en absoluto atribuibles a ellos ni a su defensa, siendo evidente que en una oportunidad se solicitó la suspensión de una audiencia, pero fue porque el Ministerio Público no había facilitado los medios de transporte para que se pueda realizar dicho acto procesal.

Concluyen diciendo que respecto a ellos no pueden existir limitaciones que hagan factible la negativa de su libertad; vale decir que no son delincuentes y que de acuerdo al informe de la Gobernación del Penal no han tenido intentos de fuga y tampoco son personas que van a obstaculizar la averiguación de la verdad, razones por las que piden se declare procedente el recurso planteado.

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