0431/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0431/2019-S1 Sucre, 24 de junio de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 27197-2019-55-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 02/2019 de 10 de enero, cursante de fs. 509 a 513, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Víctor Ramiro Gutiérrez Siles y Néstor Alfonso Molina Vargas, socios y representantes legales de la empresa HILBOCRIL TEXTILES Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Edgar Ramos Quispe, Tours Ramiro Suzaño Miranda, Armando Mamani Poma y otros.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 20 y 27 ambos de diciembre de 2018, cursantes de fs. 105 a 111 y 115, los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 26 de octubre de 2015, suscribieron con los ahora demandados "...UN CONVENIO PRINCIPAL DE COMPRA Y VENTA DE BIEN INMUEBLE Y DE BIENES MUEBLES Y PERTINENCIAS..." (sic), debidamente reconocido ante Notario de Fe Pública, afecto a la compra del lote de terreno y construcciones civiles e industriales, ubicado en la av. Hilbo 3408 de la zona de Senkata en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, con Matrícula Computarizada 2.01.4.01.0196708, así como la transferencia de maquinaria industrial, herramientas, repuestos, muebles, enseres, equipos de computación, materia prima, productos en proceso y terminados; y, otros, de acuerdo a las especificaciones del referido convenio, documento que tiene fuerza de ley de acuerdo a los arts. 450 y 519 del Código Civil (CC); así, estando en posesión pacífica del citado inmueble, el 26 de noviembre de 2018 a horas 6:30 aproximadamente, fuera de todo contexto legal, tomando acción por mano propia y sin recurrir a las autoridades legalmente constituidas, los ahora demandados -antiguos vendedores-, junto a noventa personas con total violencia, amenazas y amedrentamientos tomaron el predio, procediendo a desalojarlos sin ninguna orden judicial, provocando a todos los trabajadores la paralización de la producción y el cese del trabajo, ocasionando perjuicio económico y dejando sin fuente laboral alrededor de ciento cincuenta personas, impidiendo el ingreso económico a la empresa impetrante de tutela, cuando de acuerdo a la cláusula quinta del convenio, se prevé el tratamiento a seguir en caso de mora en los pagos por parte de los compradores y sus efectos, donde se establece incluso el pago de interés del 1,5 % mensual, así, como que el vendedor reconoce desde ya su condición de propiedad privada y no perjudicar de ninguna manera la producción incluso si existiera conflicto entre las partes.

Ante dicha situación solicitaron a los "avasalladores" a través de carta notariada la devolución de los predios; empero, no emitieron ninguna respuesta; asimismo, se presentó querella ante el Ministerio Público, cuyo caso aún no ha merecido una tutela efectiva, puesto que no se ha realizado ninguna acción a fin de recuperar el predio avasallado; por lo que, si los vendedores consideraban que existía incumplimiento al -convenio principal de compra y venta de bien inmueble y de bienes muebles y pertenencias-, debieron seguir los pasos legales para presentar sus descargos ante autoridad competente, pero de ninguna manera a través de medidas de hecho avasallar el predio despojándolos, de su posesión legítima.