Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0432/2023-S2 Sucre, 1 de junio de 2023
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad
Expediente: 45796-2022-92-AL Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 59 a 63, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Gómez Viracochea contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 40 a 44 vta., el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2021, se dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva en su contra, como ser la detención domiciliaria, su presentación ante el Ministerio Público cada siete días, fianza económica y arraigo; decisión que fue asumida ante la concurrencia de los peligros procesales previstos en los arts. 234.6 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por tal motivo, interpuso recurso de apelación incidental.
En ese orden, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, declaró improcedente la impugnación planteada por la víctima y procedente en parte su recurso de apelación incidental; sin embargo, la Vocal demandada de manera ilegal y desmotivada mantuvo subsistente su detención domiciliaria, accionar contrario a la prohibición desarrollada en la , que sostiene que el juzgador debe resolver conforme lo sostenido por la parte acusadora y no suplir dicha deficiencia en desmedro del juez natural en su elemento de imparcialidad.
Denunció que pese a que el Ministerio Público desarrolló una labor negligente, al no haberse presentado a la audiencia de apelación, y que los argumentos de la víctima no fueron sostenidos por su abogado, la Vocal demandada con nuevos fundamentos que no fueron parte del debate decidió resolver su impugnación con base en un criterio personal dejándolo en estado de indefensión, lo cual resultó en una falta de coherencia entre lo planteado y resuelto.
En ese entendido, fue incongruente sostener que la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP fue acreditado mediante la declaración de testigos, cuando éstos no fueron individualizados ni sostuvieron estar presionados física o psicológicamente para brindar o no su declaración.
En relación a lo previsto por el art. 235 ter. del CPP, sostuvo que no concurría peligro de fuga alguno; sin embargo, se ordenó su presencia cada siete días en el Ministerio Público, arraigo, fianza económica y su detención domiciliaria; que si bien fue con autorización de trabajo no era proporcional ni razonable, al respecto, la autoridad demandada señaló que no cumplió con la carga argumentativa lo cual fue contrario a lo consignado en antecedentes.
Finalmente, alegó que ante la sola concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, correspondía modificar -bajo un test de razonabilidad y proporcionalidad- las excesivas medidas impuestas y levantar su detención domiciliaria.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Señaló como lesionados sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, la garantía del juez natural en su componente de imparcialidad; citando al efecto los arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que se deje sin efecto el Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 4 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 59, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El accionante ratificó in extenso todos los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
I.2.2. Informe de la demandada
María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, remitió informe escrito de 4 de febrero de 2022, cursante a fs. 52 y vta., manifestando lo siguiente:
- a)Por Auto de Vista 414/2021, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental interpuesto por José Luis Gómez Viracochea; por consiguiente, se determinó que no concurría el riesgo de fuga previsto en el art. 234.6 del CPP;
- b)Posteriormente el 22 de octubre de 2021, devolvió el legajo procesal al Juzgado de Instrucción Penal Tercero de Quillacollo del referido departamento;
- c)Se dio estricta observancia a los presupuestos del debido proceso y al principio de verdad material intrínsecamente vinculado a la justicia material, por cuanto la inconcurrencia de una de las partes no conlleva a la veracidad de las premisas expuestas cuando no corresponden a los sustentos que informan el legajo procesal; y,
- d)Se remitió al Auto de Vista 414/2021 dictado y solicitó que se deniegue la tutela; toda vez que, la mera disconformidad del accionante con lo resuelto no es causa suficientes para dar curso a la acción de libertad formulada.
I.2.4. Resolución
El Juez de Partido de Sentencia Penal y Liquidador Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución de 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 59 a 63, denegó la tutela peticionada conforme a los siguientes fundamentos:
- 1)Respecto a los presupuestos de procedencia de la acción de libertad el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala que la misma se activa cuando cualquier persona crea que su vida está en peligro, está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad;
- 2)Sobre la obligación de los tribunales de alzada de fundamentar y motivar sus resoluciones, la , dispuso que el debido proceso implica, entre otras cosas, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales y administrativas;
- 3)El art. 124 del CPP determina que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados y expresaran los motivos de hecho y derecho en que basan su decisión; en el mismo orden, respecto al contenido de forma y fondo de la resoluciones judiciales, el art. 236.4 del mismo cuerpo legal dispone que debe realizarse una fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la decisión, con cita de las normas legales;
- 4)En cuanto a la protección del debido proceso vía acción de libertad, no abarca todas las formas a que puede ser vulnerado, sino, que está reservada para aquellos entornos en que se restringe los derechos a la libertad física y de locomoción. De igual forma para que la justicia constitucional pueda aperturar su competencia se exige la concurrencia de dos presupuestos; el primero, que los actos lesivos denunciados sean la causa directa para la restricción del derecho a la libertad física, y el segundo, que exista absoluto estado de indefensión;
- 5)De la revisión del Auto de Vista 414/2021, se observó que la autoridad judicial demandada analizó los argumentos expuestos por el recurrente para así declarar procedente en parte su impugnación. En el mismo sentido, explicó las razones para la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP;
- 6)Se evidenció que el 24 de agosto de 2021 tuvo lugar el acto lesivo denunciado y que el Auto de Vista 414/2021 -ahora impugnado- fue dictado el 24 de septiembre de idéntico año; y que posteriormente, después de cinco meses se formuló la presente acción tutelar, sin que en el transcurso de todo ese tiempo se haya realizado denuncia alguna sobre la supuesta lesión del derecho a la libertad física; y,
- 7)"...se tiene que si bien es cierto que la parte accionante alega que a momento de haberse resuelto la medida cautelar la juez a quo también hubiese infringido ese derecho, no ha sido reclamado mediante esta acción concluyendo que solo se ha accionado a la presidenta de la sala penal tercera del Tribunal Departamental de Justicia. Por todos estos antecedentes la acción de libertad interpuesta por José Luis Gómez Viracochea no cuenta con sustento legal" (sic).
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Al no existir consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Del acta de audiencia pública de aplicación de medidas cautelares de 24 de agosto de 2021, se evidenció que la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de igual data dispuso que José Luis Gómez Viracochea -hoy accionante- cumpla las medidas cautelares personales establecidas en el art. 231 bis. parágrafo I numerales 2, 5 y 6 del CPP; ante la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.6 y 235.2 de la Norma Adjetiva Penal. Decisión que fue objeto de apelación por la defensa y el Ministerio Público (fs. 2 a 9).
II.2. Por Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró: "...IMPROCEDENTE el recurso de apelación incidental interpuesto por Danilo Blanco Nogales; y PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación opuesto por José Luis Gómez Viracochea, sea únicamente en relación al riesgo de fuga contenido en el num.6) del art. 234, determinándose la extracción del mismo de la situación jurídica del imputado..." (sic [fs. 17 a 20 vta.]).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, la garantía del juez natural en su componente de imparcialidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de lesiones graves y leves, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 24 de agosto de 2021 dispuso el cumplimiento de las medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis. parágrafo I numerales 2, 5 y 6 del CPP, debido a la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.6 y 235.2 del mismo cuerpo legal. Impugnada la decisión, la Vocal demandada por Auto de Vista 414/2021 de 24 de septiembre, si bien dio por enervado el peligro de fuga y concurrente el de obstaculización, mantuvo las medidas impuestas cuando correspondía la aplicación de otras menos gravosas.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
III.1. El derecho a una decisión fundamentada, motivada y congruente
Sobre el particular la ; estableció que la arbitrariedad de una decisión puede estar expresada en: "b.1) Una 'decisión sin motivación', o existiendo esta es b.2) Una 'motivación arbitraria'; o en su caso, b.3) Una 'motivación insuficiente'.
- b.1)Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. La 'justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]'.
- b.2)Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- 'Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales'.
En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.
(...)
- b.3)De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una 'motivación insuficiente'.
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