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TCP

0432/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0432/2026-S2

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0432/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 74011-2025-149-AL Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 05/2025 de 18 de mayo, cursante de fs. 29 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bonifacia Huanca Layme contra Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 17 de mayo de 2025, cursante de fs. 19 a 23 vta., la accionante manifiesta lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción El 8 de marzo de 2025, fue víctima de violencia verbal y física por parte de Cleto Huanca Layme y Julia Quito de Huanca, su hermano y cuñada, respectivamente, contando del referido hecho con el Certificado Médico Legal Forense de 12 del mismo mes y año, por el que se le otorgó tres días de impedimento; por lo que, en la misma fecha, presentó denuncia verbal ante el Ministerio Público. En esa investigación, los denunciados debieron prestar su declaración informativa el 10 de abril de 2025; sin embargo, debido a su inasistencia, se dispuso la emisión de mandamientos de aprehensión en observancia del art. 224 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Más adelante, el 2 de mayo de 2025, solicitó formalmente se emitieran los mandamientos de aprehensión, y Edith Susana Carvajal Zavala, Fiscal de Materia -ahora demandada- accedió a proceder conforme a lo impetrado; no obstante, de manera irregular y actuando en desprotección de su persona, el 13 de idéntico mes y año, remitió el cuaderno de investigación para que asumieran competencia las autoridades de la comunidad "Chijipina Chico" de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. Eso ocasionó que, hasta el 14 del indicado mes y año, no se hubieran emitido los respectivos mandamientos de aprehensión. La Fiscal de Materia demandada no actuó con la debida diligencia y celeridad procesal que establece la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, cuando, como víctima, se ve en la necesidad de suplicar se cumpla con la ley y se lleve adelante la investigación. A consecuencia de la referida negligencia procesal, desde el día de los hechos, no retornó a su domicilio en su comunidad, ya que no solo estaba amedrentada por los agresores, sino también por las autoridades Indígena Originaria Campesinas (IOC), quienes intentan obligarla a conciliar un hecho de violencia. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados Denuncia la lesión de sus derechos a la vida e integridad física, citando al efecto el art. 15.II y III de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, de inmediato o en un plazo razonable no mayor a las veinticuatro horas, se resguarde el derecho a la vida, restableciendo las formalidades legales, debiendo la autoridad fiscal demandada emitir la orden de aprehensión de los sindicados, en virtud del art. 224 del CPP, disponiendo su inmediata ejecución. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia virtual el 18 de mayo de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 27 y 28 vta.; se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos del memorial de la acción de tutela; y, ampliando en audiencia señaló que:

  1. a)En los casos de violencia contra la mujer, rige el principio de celeridad; no obstante, en el caso, pese a que la Fiscal de Materia demandada dispuso que se emitan los mandamientos de aprehensión contra los denunciados, hasta la fecha de la interposición de esta acción de defensa aquello no sucedió, al contrario, el 13 de mayo de 2025, remitió el cuaderno de investigación ante la autoridad judicial, quien habría referido que existía un conflicto de competencias jurisdiccionales y que la situación se resolvería ante la autoridad IOC; y,
  2. b)El Ministerio Público no actuó de oficio como era su obligación ni con la debida diligencia tal cual lo establece la norma especial y la jurisprudencia constitucional, cuando, en el caso, ya existían antecedentes de violencia con relación al sindicado.

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