Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0433/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad
Expediente: 53305-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 02/23 de 19 de enero de 2023, cursante de fs. 249 vta. a 251, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Max Helguero Mercado contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 18 de enero de 2023, cursante de fs. 223 a 236 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se inició un proceso de asistencia familiar en su contra por Julia Echeverria Peredo; empero, fue desarrollado cometiendo fraude, incumpliendo formalidades legales y normativa de orden público, provocando su indefensión y vulnerando sus derechos; puesto que, en su memorial de interposición de la demanda de asistencia familiar -de 9 de noviembre de 2010-, la demandante señaló que: '"El demandado tiene Domicilio real en el Plan Tres Mil, Urbanización Punta Arema, UV. 244, Mza. 01 y domicilio laboral en Batallón de Seguridad Física dependiente del Comando Dptal. de Policial"' (sic), cuando ambos domicilios están ubicados en lugares distintos a los mencionados.
Ante ello, -el 3 de noviembre de 2020- planteó incidente de nulidad de citación e impugnación de liquidación, mencionando que la citación de 27 de noviembre de 2010, es fraudulenta, ilegal y contraria a los arts. 120 y 121 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg.), puesto que, se sentó la indicada diligencia señalando que: '"se citó en su domicilio laboral rehusando firmar en presencia de testigo"' (sic), sin embargo, contiene declaraciones falsas y está viciada de nulidad, cuando en la referida fecha se encontraba declarado en comisión fuera de la ciudad -de Santa Cruz-, por ello, no podía ser encontrado, menos rehusarse a firmar ni tampoco intervenir el testigo de actuación.
Posteriormente, el referido incidente fue resuelto por Auto Interlocutorio -143 de 29 de enero de "2020", lo correcto es 2021- rechazándolo por falta de fundamentación y prueba al no haberse presentado a la audiencia, sin que la autoridad demandada considere que fue notificado a "fs. 50" con la providencia -de 14 de enero de 2021- que señalaba la fecha y hora de audiencia en tablero judicial, actuado que no cumplió con la finalidad de hacer conocer de forma real y efectiva los actos que fueron objeto de notificación, ya que, además, expresó que se notificó el 28 de enero de "2020" -lo correcto es 2021- con un memorial y decreto de 14 de enero de 2021; es decir, un año antes de la presentación del memorial; asimismo, no señaló la persona a quién se notificó, cuando debió efectuarse mediante correo electrónico o al número de WhatsApp señalado en su memorial de incidente de nulidad e impugnación de la liquidación de fs. "41-42", de acuerdo a lo establecido en el art. 72 del Código Procesal Civil (CPC).
En el mismo memorial -de 3 de noviembre de 2020- de incidente de nulidad de citación también formuló impugnación de liquidación, manifestando que, no descuidó sus obligaciones con sus hijos, a quienes cada mes les entregó Bs1 000.- (mil bolivianos), les proveía de vestimenta; y, que al momento de separarse de su madre dejó Bs70 000.- (setenta mil bolivianos) y una vagoneta marca Toyota con número de placa 1927-TNL, los cuales debieron ser utilizados para generar ingresos y cubrir las necesidades de los menores; sin embargo, la autoridad demandada no resolvió ni se pronunció al respecto en el Auto Interlocutorio 143, que no resolvió de forma alguna la impugnación a la liquidación, considerando, además, que debió presumirse la "admisión" de sus alegatos, ya que en la contestación a la misma, la demandante reconoció el pago de los depósitos efectuados en su cuenta de ahorro y no se manifestó sobre el dinero y el vehículo que quedaron en su poder.
Por otra parte, en esta acción tutelar denuncia que, la notificación por cédula practicada en "fs. 24" -se infiere de suspensión de audiencia de conciliación para el 24 de marzo de 2011- fue realizada en un domicilio falso, en la cual figura como testigo Rafael López Rojas, y en la diligencia de "fs. 26" se advierte la misma firma, pero con el nombre de Rafael Rojas Pérez, por lo que son nulas de pleno derecho.
De igual manera, la Sentencia de fs. "28" -de 7 de abril de 2011-, con la que supuestamente fue notificado -el 22 de octubre de 2020- a "fs. 36", no cumple con los requisitos de validez, constituyéndose también en nulo y lesivo a sus derechos y garantías al provocar su indefensión, porque debió ser notificada en su correo electrónico o al número de su WhatsApp.
Asimismo, pese a estar pendiente de resolución la impugnación a la liquidación, la demandante del proceso, mediante memorial de "fs. 55" -de 12 de abril de 2021-, de forma dolosa, solicitó nueva liquidación por el periodo de 27 de noviembre de 2010 a 27 de marzo de 2021. Posteriormente, mediante "resolución" de "fs. 58 vta." -decreto de 17 de mayo de 2021- se aprobó la liquidación y se lo intimó al pago dentro del tercer día; asimismo, se dictó el Auto Interlocutorio -145- de 4 de junio de 2021, que dispuso se expida mandamiento de apremio, de igual fecha, en su contra hasta que pague el monto de Bs124 000.- (ciento veinticuatro mil bolivianos). Sin embargo, el Juez demandado debió considerar que la demandante a "fs. 45" reconoció que existen depósitos bancarios a su cuenta de ahorros, los cuales no fueron reducidos en la nueva liquidación, además, su hijo "Luis Andrés" es mayor de veinticinco años, debiendo descontarse el 25% que se le asignó.
Razón por la cual, la aprobación, intimación de pago y orden de expedir mandamiento de apremio, constituyen actos de "...ABERRACION JURIDICA PERVERSA Y CONTRARIO A DERECHO..." (sic), lesionando sus derechos al debido proceso, libertad y los principios de legalidad, igualdad y justicia.
De igual manera, luego de la emisión de la Sentencia 28, la demandante de asistencia familiar abandonó el proceso por nueve años y seis meses, sin exigir que se notifique la citada resolución y la cancelación del monto fijado como asistencia familiar, omisión que ocasionó la prescripción extintiva del derecho a exigir la ejecución y cumplimiento de la obligación reconocida por la mencionada Sentencia, de acuerdo a lo previsto en el art. 1492 del Código Civil (CC), "y que opero al solo cumplimiento del termino establecido por el Art. 1.507 del citado cuerpo legal" (sic), por consiguiente, la obligación de pago de la asistencia familiar también queda extinta por efecto de la prescripción.
De acuerdo al certificado de nacimiento de Luis Andrés Helguero Echeverría que nació el 25 de febrero de 1993 a 25 de febrero de 2011, ya cumplió la mayoría de edad y adquirió la capacidad de obrar, cinco años después de ello, su derecho a cobrar y exigir el pago de asistencia familiar se extinguió por efecto. De la misma forma, con Marco Antonio, Matilde Valentina e Isabel Valentina, todos de apellidos Helguero Echeverria, por tal razón, los actos efectuados por su madre después de su mayoría de edad son nulos de pleno derecho.
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