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TCP

0435/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
24 de junio de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Voto Disidente 0435/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 27178-2019-55-AAC Departamento: Chuquisaca Partes: Waldemar Peralta Alcoba contra Esteban Urquizu Cuellar, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la de 24 junio, que confirmó la Resolución 3 de 11 de enero de 2019, pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, -constituida en Juez de garantías- y denegó la tutela solicitada.

En todo caso, considero que debió REVOCAR la mencionada Resolución constitucional; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada; conforme a los siguientes fundamentos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, estabilidad laboral, debido proceso y al acceso a la justicia, por cuanto la autoridad demandada emitió la Resolución Administrativa Gubernamental CH 197 de 26 de junio de 2018, confirmando la resolución administrativa impugnada y el memorándum de agradecimiento de servicios, sin considerar que su relación laboral con el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Chuquisaca empezó como consultor en línea entre el 1 de julio al 31 de octubre de 2012, continuo en la misma calidad entre el 2 de enero al 15 de mayo de 2013; luego en la modalidad de contrato a plazo fijo entre el 15 de mayo al 31 de diciembre de 2013, y otros dos contratos similares en la gestión 2014 y 2015; por memorando Cite U.RRHH-D 48/2015 de 18 de febrero, fue designado como "Jefe de la Unidad Administrativa y Financiera de Dirección Central, dependiente del SEDES Chuquisaca" y por memorando Cite U.RRHH-D 002/2018 de 3 de enero, como "Administrador del Instituto Psicopedagógico dependiente del SEDES Chuquisaca", lo que le convirtió en funcionario de carrera administrativa, con derecho a la inamovilidad funcionaria; empero, cuando solicito vacación en lugar del descanso le comunicaron el agradecimiento de servicios mediante memorándum Cite URRHH-A 45/2018 de 1 de febrero, para hacerse efectiva una vez concluida su vacación, por lo que solicitó:

  1. a)Dejar sin efecto la Resolución Administrativa Gubernamental impugnada; y,
  2. b)Se ordene su reincorporación a su fuente laboral con el pago de todos sus sueldos devengados y la condenación de costas, daños y perjuicios. En consecuencia, correspondía que la verificara si los extremos antes anotados resultaban evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela, desarrollando, para el efecto, los siguientes temas:
  3. 1)Del derecho al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas;2) El derecho a la estabilidad laboral en el nuevo orden constitucional; y,
  4. 3)La carrera administrativa como regla y el carácter excepcional del funcionario provisorio en el orden constitucional; y,
  5. 4)Análisis del caso concreto.

II.1. Del derecho al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas

La consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tuvo como una de sus características esenciales, la consagración del derecho al trabajo, que en nuestro caso se encuentra reconocido en el art. 46.I.1 de la Constitución Política del Estado (CPE); en ese marco resulta pertinente citar el entendimiento formulado en la jurisprudencia constitucional respecto a este derecho, como "la potestad o facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos que se encuentran bajo su dependencia"1. Es preciso agregar además que la norma fundamental impone al Estado, el deber de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas (parág. II).

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el "Protocolo de San Salvador"2 establece en su art. 6:

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