Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0436/2022-CA Sucre, 12 de diciembre de 2022
Expediente: 51745-2022-104-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Santa Cruz
En consulta las Resoluciones Administrativas de 12 de octubre de 2022, cursantes de fs. 3 a 4, pronunciadas por la Directora de Sumarios Administrativos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, por las que rechazó la solicitud de promover las acciones de inconstitucionalidad concreta interpuestas por José Cristhian Montero Padilla y José Alcides Montero Menacho, demandando la inconstitucionalidad de la normativa aplicada y la no aplicación de la disposición específica y vigente -Ordenanza Municipal 25/2004 de 16 de abril- de la Empresa Descentralizada Frigorífico Municipal (FRIMUP) "Pampa de la Isla" del departamento de Santa Cruz, sin identificar los preceptos que considera infringidos de la Constitución Política del Estado.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial presentado el 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 7 a 10 vta., José Cristhian Montero Padilla -ahora accionante- señaló que hace más de tres años ingresó a trabajar en el Frigorífico Municipal (FRIMUP) "Pampa de la Isla" del departamento de Santa Cruz, como "AYUDANTE II MATARIFE" bajo la modalidad de contrato suscrito con el Gerente General y la Asesora Legal de indicada Empresa; empero, al haberse determinado responsabilidad administrativa fue sancionado con la destitución del cargo, habiendo observado el Auto de Inicio de Sumario Administrativo, en aplicación del Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra -Decreto Edil 057/2022 de 26 de enero-; toda vez que, la empresa FRIMUP a la cual pertenece tendría su propio Estatuto Orgánico aprobado, Reglamento Interno que no ha sido modificado o derogado, y se encuentra vigente mediante Ordenanza Municipal (OM) 25/2004 de 16 de abril; motivo por el que, planteó recurso de revocatoria y en el mismo escrito la presente acción normativa.
Asimismo, señaló que la administración pública deberá investigar la verdad material en oposición a la verdad formal conforme lo establece el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); vale decir, que los acontecimientos o situaciones fácticas que se condicen con la realidad de los hechos deberán sobreponerse a la verdad material.
Finalmente, pide que se revoque la Resolución Segunda -se entiende la Resolución Final de Sumario RFS/102/2022 de 14 de septiembre- que determina su responsabilidad administrativa, con sanción de destitución del cargo, y nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo; asimismo, solicita se tramite la acción de inconstitucionalidad concreta por no estar de acuerdo a la Constitución Política del Estado y normas laborales "...vulnerando los Derechos como trabajador a la no aplicación de normativa específica vigente de la EMPRESA DESCENTRALIZADA FRIGORÍFICO MUNICIPAL PAMPA DE LA ISLA - FRIMUP ORDENANZA 25/2004 DE 16 DE ABRIL DE 2004" (sic).
I.2. Respuesta a la acción
No se advierte respuesta alguna, menos consta que la Autoridad administrativa consultante hubiera corrido traslado.
I.3. Resolución de la autoridad administrativa consultante
Por Resolución Administrativa de 12 de octubre de 2022, cursante de fs. 3 a 4, la Directora de Sumarios Administrativos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, "RECHAZA" promover la acción de inconstitucionalidad concreta, bajo los siguientes fundamentos:
- a)El accionante en la presente acción sólo hace mención a normas constitucionales que estarían siendo infringidas; y,
- b)No se expresó ni justificó en qué medida la decisión que debe adoptar el juez o tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada; y ante su incumplimiento de dichos requisitos hace inviable el control de constitucionalidad.
II. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN
II.1. Norma impugnada y preceptos constitucionales supuestamente infringidos
Se demanda la inconstitucionalidad de la Normativa aplicada y la no aplicación de la disposición específica y vigente -OM 25/2004 de 16 de abril- de la Empresa Descentralizada FRIMUP del departamento de Santa Cruz, sin identificar los preceptos que considera infringidos de la Constitución Política del Estado.
II.2. Marco normativo procesal constitucional y legal
De acuerdo a lo previsto por el art. 196.I de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución y ejerce el control de constitucionalidad.
Por su parte el art. 73.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que la: "...Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo, cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales".
A su vez, el art. 79 del mismo Código señala que: "...Tienen legitimación activa para interponer Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción".
Del marco jurídico establecido, se evidencia que la acción de inconstitucionalidad concreta solo puede ser activada dentro de un proceso judicial o administrativo, debiendo necesariamente la norma cuestionada de inconstitucionalidad ser aplicada al proceso en el que se propuso.
A su vez, el art. 24.I.4 del CPCo, determina que las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias y atribuciones, consultas y recursos deberán contener además: "...la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado" (las negrillas nos corresponden).
Por otra parte, el art. 27.II del señalado Código, instituye que la Comisión de Admisión podrá rechazar las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos:
"a) Cuando concurra la cosa juzgada constitucional.
- b)Cuando sea presentada de manera extemporánea en los casos que así corresponda, o
- c)Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo" (las negrillas nos pertenecen).
II.3. Sobre la debida fundamentación jurídico-constitucional como requisito de admisión de las demandas de acción de inconstitucionalidad
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