0437/2019-S1

En ejecución de sentencia de divorcio, el Juez Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de la Paz mediante Resolución 920/2017 de 16 de noviembre dispuso la división y partición de bienes del extinto matrimonio Cafferata-Jiménez, la cual contiene disposiciones que importan agravio para su persona, debido a que:

1. a)Se determinó como gananciales, bienes que en matrimonio se concedieron como aporte de capital a la empresa Internacional Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) con anuencia de ambos cónyuges; y,
2. b)No se reconoció como "gananciales" las deudas que se asumieron durante la vigencia del matrimonio.

Ante esa situación interpuso recurso de apelación contra la mencionada Resolución, mismo que fue resuelto mediante Auto de Vista 451/2018 de 13 de junio, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -cuyos integrantes son ahora demandados-, a través del cual se revocó en parte dicha Resolución impugnada sin efectuar la verificación y valoración respecto a los argumentos expuestos en su recurso de apelación; toda vez que, determinó que:

1. 1)Los terrenos de Ovejuyo no salieron de la comunidad de gananciales -sin considerar que la Escritura Pública 6/2001 (no refiere fecha) en la que consta que el extinto matrimonio de "mutuo propio" aportó terrenos de Ovejuyo a la empresa Internacional S.R.L.- con el argumento de que los referidos bienes no están identificados en dicha Escritura y que al no estar inscrita en Derecho Reales (DD.RR.) no era oponible a terceros, soslayando indebidamente los arts. 519 y 521 del Código Civil (CC) y 150 del Código de Comercio (Ccom); y,
2. 2)Con relación a la deuda de anticresis sostuvo que "...el art. 192 del Código de las Familias y Proceso Familiar, si no se presenta prueba que en el mismo han intervenido ambos, las obligaciones del mismo han de ser asumidas unilateralmente por el Cónyuge que suscribió el Contrato" (sic).