Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0438/2019-S1 Sucre, 24 de junio de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 27205-2019-55-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 01/2019 de 9 de enero, cursante de fs. 1680 a 1694 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Luis Rodríguez Landaeta contra Daney David Valdivia Coria, Director Ejecutivo General a.i. y José Alfonso Mendoza Cuevas, Sub Director de Recursos Jerárquicos ambos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), Rosa Cecilia Vélez Dorado, Directora Regional a.i. y Juan Carlos Guzmán Ruiz, Sub Director Regional I de la Sub Dirección Tributaria ambos de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz; y, Oscar Daniel Arancibia Bracamonte, Gerente Regional Oruro a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de diciembre de 2018, cursante de fs. 565 a 578 vta., el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2009 era propietario de un vehículo marca VOLVO F12, tipo camión, motor TD122FH195165508, chasis YV2H3A1C2LB459425, con placa de control 2104 YTB, el cual transfirió mediante contrato de 18 de julio del mencionado año, a Hanz Wilder Quispe Condori, a quién otorgó poder amplio y suficiente mediante el Testimonio 844/2009 de 17 de noviembre, a efectos de que este último pueda efectuar actos de administración, conservación y disposición del referido vehículo, por lo que entiende que dejó de ser el titular del derecho propietario del mismo.
El 25 de octubre de 2017, sorpresivamente tomó conocimiento del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-GROGR-SET-PIET-378/2017 de 16 de octubre; por el cual se le comunicó el inicio de ejecución tributaria de una infracción que nunca cometió, en el que se encuentra involucrado el camión que dejó de ser de su propiedad. Ante tal situación, interpuso incidente de nulidad de obrados, ya que dicha infracción debió ser respondida por quien es el verdadero propietario del vehículo en cuestión. Refirió que no hay pena sin culpabilidad, por cuanto los procesos administrativos sancionatorios tienen las mismas características que un proceso penal debiendo aplicarse los principios básicos del Derecho Penal, garantizando los derechos fundamentales de la persona; empero, la ANB le condenó a la ejecución tributaria sustentándose en lo dispuesto del art. 90 del Código Tributario Boliviano (CTB), sin otorgarle el derecho a ser oído, establecido en el art. 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), además en el Acta de Intervención Contravencional seguido del Acta de Comiso, no se identificó a la persona sindicada, ante lo cual presume que el referido camión fue abandonado por el verdadero propietario Hanz Wilder Quispe Condori, aspecto que es de conocimiento de la Administración Aduanera.
La ANB emitió el Proveído AN-GROGR-ULEOR-SET-PROV 146/2017 de 14 de noviembre, por el cual rechazó la nulidad de obrados que presentó, alegando que se respetó el derecho a la defensa, máxime cuando el vehículo de "...su propiedad se encuentra comisado en Depósitos Aduaneros Bolivianos desde la gestión 2015, no pudiendo alegar el propietario desconocimiento del proceso..." (sic), obviando la transferencia que realizó de dicho vehículo, vulnerando así su derecho a ser oído, razón por la cual interpuso recurso de alzada, mereciendo la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-PZ/RA 0248/2018 de 5 de marzo, que confirmó el acto impugnado, sin siquiera hacer referencia al Acta de Intervención Contravencional que en sus observaciones refiere: "...EL ALFA NUMERICO DE CHASIS DEL VEHICULO PRESENTA POSIBLES INDICIOS DE ADULTERACION, POR LO QUE SE SUGIERE SE REALICE EL PERITAJE DE REVENIDO QUIMICO, POR LA DIRECCIÓN DE ROBO DE VEHÍCULOS (DIPROVE)..." (sic), en cuyo caso, la Administración Aduanera debió previamente efectuar el examen correspondiente y no iniciar una persecución en contra de quien ni participó en el hecho contravencional. El 4 de junio de 2018, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1340/2018, la cual tampoco se pronunció adecuadamente sobre los fundamentos denunciados en el recurso jerárquico que planteó.
Señaló que el informe de la División Técnica de Identificación Vehicular CITE: Oficio 296/2017, estableció que el chasis no coincide con el vehículo camión que transfirió el 2009 a Hanz Wilder Quispe Condori, quien debió ser procesado.
Por todo lo expresado, denunció que se vulneraron sus derechos al debido proceso (porque el proceso administrativo debió tramitarse sin errores formales, velando por un orden justo), a la defensa por "los actos omisitos" (sic), ya que dicho derecho se constituye en un elemento del debido proceso, el cual precautela que las personas dentro de un proceso tengan conocimiento y acceso a los actuados, pudiendo impugnar los mismos en igualdad de condiciones. Asimismo, reclama que se lesionó su derecho a ser oído conforme prevé el art. 115 de la CPE, por cuanto los memoriales que presentó no consideraron que el vehículo con placa de control 2104 YTB fue transferido el 2009, y que el vehículo objeto del proceso sancionatorio tributario tiene la placa de control 708 CET, atribuyéndole responsabilidad que no le corresponde.
Señaló que, tampoco se consideró que el Acta de Intervención Contravencional como el Acta de Comiso, no le fueron notificados incumpliendo la formalidad procesal de comunicarle sobre la existencia de un proceso iniciado en su contra, al respecto citó la , reiterada por la .
Finalmente, refirió que en mérito a lo establecido en los arts. 83, 84, 89 y 98 del CTB, el Acta de Intervención Contravencional por Contrabando debió ser notificada personalmente al presunto infractor a fin de resguardar los derechos al debido proceso y a la defensa, conforme señaló la . De igual forma, para la validez de una notificación, ésta debe ser de conocimiento real y efectivo para que no se genere indefensión en la tramitación y resolución en cualquier tipo de procesos, considerando que la notificación cumple un doble propósito de garantizar el debido proceso y la materialización de los principios rectores de la administración de justicia prevista en el art. 180.I de la CPE; asimismo, las formas procesales tienen la finalidad de asegurar la eficacia material de los derechos fundamentales, conforme establecen las Sentencias Constitucionales (SSCC) "1845/2004", "757/2003-R" y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales "140/2012" y "427/2013".
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su elemento a la defensa y a ser oído, citando al efecto el art. 115 de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga la nulidad de todo el proceso aduanero hasta el momento de disponerse la notificación con el Acta de Intervención Contravencional expresada en la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0317/2015 de 19 de octubre, debiendo ordenarse la notificación personal en su domicilio real que es de conocimiento de la ANB.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
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