0439/2023-S3

Gregorio Aro Rasguido y Ángela Sánchez Panozo, Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, mediante informe escrito, cursante de fs. 1337 a 1341 vta. y en audiencia, a través de sus representantes legales, rebatieron los argumentos de la demanda tutelar, señalando:

1. a)El Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022 ahora impugnado, fue emitido como emergencia del recurso de reposición planteado por Roberto Rodrigano contra el Auto de 30 de marzo de 2022, que a su vez resolvió el incidente de nulidad de obrados presentado por el mismo recurrente, al evidenciar que si bien el Juez Agroambiental de Concepción del departamento de Santa Cruz, a momento de rechazar el incidente de nulidad planteado no realizó la debida fundamentación y motivación, la parte demandada una vez que fue notificada con el Auto de 26 de octubre de 2021, pudo plantear recurso de reposición contra el mismo, habiendo dejado precluir su derecho y convalidando tal situación, no pudiendo alegar vulneración de derechos y garantías cuando por dejadez propia no activó en su momento todos los mecanismos legales pertinentes a objeto de hacer valer sus derechos, como tampoco pretender subsanar tal situación con un incidente de nulidad;
2. b)Resoluciones pronunciadas por Sala Segunda del Tribunal Agroambiental en etapa de ejecución de la Sentencia JAC-05/2021 emitida por el Juzgado Agroambiental de Concepción, dentro del proceso de rendición de cuentas y abono de dinero seguido por Juana Vaca Correa contra Roberto Rodrigano ahora tercero interesado, por la cual se declaró probada la demanda disponiéndose se proceda a restituir a favor de la demandante, la suma de $us480 570.-, por concepto del precio recibido por la venta del predio "La Piedra", más los intereses legales, costas y costos del proceso a liquidarse en ejecución de sentencia;
3. c)No resulta ser evidente lo aseverado por la parte impetrante de tutela, puesto que el aludido Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, en su Considerando II, en relación al recurso de reposición señala que éste se encuentra previsto en el art. 253 del CPC, siendo aplicable a la materia en atención al régimen de supletoriedad establecido en el art. 78 de la LSNRA, modificada parcialmente por la Ley 3545, que textualmente señala; por lo que el mismo procede contra las providencias y autos interlocutorios con objeto de que la autoridad judicial, advertida de su error, los modifique, deje sin efecto o anule; y puede plantearse en cualquier momento del proceso, inclusive en ejecución de sentencia, si la naturaleza de lo resuelto lo permite;
4. d)En dicho acápite se hace referencia a lo razonado en la SCP 0814/2012 de 20 de agosto, donde se establece que los autos interlocutorios simples, al no poner fin al procedimiento, por su naturaleza procesal facultan a la autoridad jurisdiccional a realizar el saneamiento procesal de oficio o a petición de parte, por lo que la autoridad judicial, con base en el art. 3.4 del CPC concordante con el art. 90 del mismo cuerpo normativo adjetivo, tiene el deber de velar por un desarrollo procesal exentos de vicios procesales que afecten el orden público;
5. e)El Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, en cuanto a la nulidad procesal, hace referencia a lo establecido por el art. 105 del CPC que señala, que ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo responsabilidad; pero podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin; siendo por ello válido aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión. Y, a su vez, señala la jurisprudencia contenida en la SCP 0427/2013 de 3 de abril, en virtud a la cual toda autoridad judicial de cualquier jurisdicción puede declarar una nulidad de actos procesales únicamente por vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales. Entendimiento similar emitido en el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 05/2021 de 26 de enero, por el cual se dispuso que las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constaten irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional;
6. f)También dicho Auto Interlocutorio Definitivo impugnado, en relación al incidente de nulidad en ejecución de sentencia, señala que de conformidad al art. 338 del CPC, toda cuestión accesoria con el objeto principal del litigio y no sometida a un procedimiento especializado se tramitará en la vía incidental. En el caso concreto, dicha figura jurídica fue utilizada por el recurrente de forma posterior a la emisión del Auto Agroambiental Plurinacional S2a 107/2021, frente a la cual precisamente emergió el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022 que enfatiza -haciendo cita de los razonamientos establecidos en las 0SSCC 0831/2007-R y 00495/2005-R, además de la SCP 0450/2012 de 29 de junio y la SCP 0832/2016-S3 de 9 de agosto, esta última haciendo a su vez referencia a lo señalado en la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, en torno a la justicia material-, que debe ser buscada por el sistema de administración de la justicia boliviana, que no puede concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales; por lo que las nulidades procesales se encuentran reservadas únicamente a casos extraordinarios expresamente establecidos en la ley, generalmente relacionados a una indefensión absoluta provocada a las partes procesales o a terceros con interés legítimo y que generen una situación injusta respecto a la cual los jueces no pueden quedar indiferentes. Para ello todo Juez debe tener la capacidad de identificar desde un inicio los actuados u omisiones, que en el futuro podrían provocar una nulidad e impedir que los mismos se desarrollen inadvertidamente hasta llegar a consumarse;
7. g)Asimismo, toda nulidad originada en la deficiente tramitación del proceso genera responsabilidad del administrador de justicia conforme el art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que establece que en caso de nulidad de obrados o una reposición de actuados, el tribunal deberá comunicar de oficio la decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley; a más de considerar necesariamente que se encuentran prohibidas las nulidades originadas en formalismos o ritualismos procesales, pues éstas deben encontrarse expresamente previstas en la ley y reclamarse oportunamente, pues resulta reprochable a la parte procesal que conociendo la existencia de una causal de nulidad permita el avance del proceso; a más de que la misma no puede originarse en la negligencia de la parte procesal que la solicita la misma, por lo que tampoco puede declararse sobre actos que la parte procesal haya consentido o convalidado. Concluyendo dicho Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, luego del análisis de la jurisprudencia constitucional precitada, que es procedente el incidente de nulidad aún en ejecución de sentencia solo en determinadas circunstancias y siempre que concurran presupuestos excepcionales, como el caso concreto, donde se tiene advertida una situación de indefensión provocada al demandado, habiéndose materializado la existencia de lesión a derechos fundamentales como la tangible vulneración del derecho a la defensa;
8. h)En el considerando III del Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, se señala que mediante Auto Interlocutorio Simple de 30 de marzo de 2022, se advirtió que en el presente caso, si bien el Juez Agroambiental de Concepción a momento de rechazar el incidente de nulidad planteado, no realizó la debida fundamentación y motivación, la parte demandada una vez que fue notificada con el Auto de 26 de octubre de 2021, pudo plantear recurso de reposición contra el mismo, habiendo dejado precluir su derecho y convalidando tal situación, no pudiendo alegar vulneración de derechos y garantías cuando por dejadez propia no activó en su momento todos los mecanismos legales pertinentes a objeto de hacer valer sus derechos, como tampoco pretender subsanar tal situación con un incidente de nulidad; y a su vez, se indicó que el Auto aludido, señala que en estado de sentencia no corresponde admitir el incidente de nulidad rechazándolo in límine; el mismo que no fue notificado a las partes procesales;
9. i)En este sentido, conforme se tiene de los actuados procesales se evidencia que el Juez Agroambiental de Concepción, al emitir el Auto de 26 de octubre de 2021, sin realizar la debida notificación con el mismo a cada una de las partes, puesto que no cursa diligencia alguna en el expediente, más aun tomando en cuenta que la resolución se pronuncia sin fundamentación ni motivación sobre el rechazo al incidente de nulidad planteado, vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en el art. 115.II de la CPE, constituyendo un acto irregular que lesiona normas procesales de carácter público y por tanto de cumplimiento obligatorio, activando de esta manera los presupuestos para la procedencia del incidente de nulidad, al evidenciarse indefensión en la parte demandada;
10. j)El hecho de no haberse notificado a las partes con el Auto de 26 de octubre de 2021, ocasionó un estado de indefensión absoluta en el demandado, coartándole el ejercicio pleno del derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y derecho de acceso a la justicia, como elementos constitutivos del debido proceso, debiendo aplicarse el respectivo saneamiento procesal, reconduciéndolo de conformidad a lo establecido por el art. 115 de la CPE y los arts. 4 y 5 del CPC; siendo importante referir que en relación a la falta de motivación y fundamentación por parte del Juez Agroambiental de Concepción que rechazó in límine el incidente de nulidad, atinge dejar establecido que al tratarse de un aspecto de fondo, no podría ser analizado ni resuelto a través de dicho Auto que resolvía el recurso de casación interpuesto, sino a través de la instancia respectiva, correspondiendo en definitiva lo resuelto; es decir, la declaratoria de ha lugar el recurso de reposición planteado anulando obrados hasta ponerse a conocimiento de las partes el Auto de 26 de octubre de 2021 a fin de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa;
11. k)Respecto a la nulidad de obrados en ejecución de sentencia, se acogió lo razonado en la 0SC 0151/2006-R de 6 de febrero, en la que se desarrolla la posibilidad de su planteamiento en ese estado del proceso, puesto que la cosa juzgada como resultado de vulneración de derechos y garantías, pierde su valor de decisión intangible y poco vale como tal;
12. l)En el presente caso no se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de legalidad y de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones -como señala la peticionante de tutela-, puesto que lo único que se hizo es salvaguardar los derechos constitucionales que le asisten a las partes, cual es el derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y fundamentalmente a la defensa, por cuanto al anular obrados hasta que se materialice la legal notificación con el Auto de 26 de octubre de 2021, se precauteló el derecho que le asiste al incidentista a interponer los recursos o acciones necesarias previstas en la normativa vigente; derecho que como se mencionó, en el presente caso fue restringido a raíz de la falta de notificación con el aludido Auto que resolvió rechazar el incidente de nulidad interpuesto por la parte demandada, independientemente de que dicho auto hubiese adolecido de la debida motivación y fundamentación o que dicho incidente de nulidad hubiese sido o no planteado replicando similares fundamentos como los esgrimidos en el recurso de casación interpuesto y que a la postre fue resuelto en uno u otro sentido ya sea de forma favorable o desfavorable a las pretensiones de las partes; y,
13. m)El Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, no vulnera en ninguna medida los derechos de la solicitante de tutela; toda vez que, se explica de manera concreta las razones fácticas, los antecedentes, la exposición de citas legales y el análisis de la aplicabilidad de los mismos al caso concreto, interpretando de manera correcta la normativa legal, no habiéndose demostrado por tanto la supuesta vulneración al debido proceso en su vertiente de legalidad, derecho de acceso a la justicia de manera pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 085/2022 de 6 de julio, cursante de fs. 1375 a 1379 vta., concedió la tutela solicitada, en cuyo mérito dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, emitido por los Magistrados ahora accionados; ordenando que los mismos pronuncien una nueva resolución en observancia a los parámetros y estándares del debido proceso y lo expresado en el fallo constitucional dictado. Esta decisión fue asumida sobre la base de los siguientes fundamentos:

1. 1)El mencionado Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, emerge de un recurso de reposición planteado por el ahora tercero interesado contra el Auto de 30 de marzo de 2022, último también dictado por esa Sala, que resolvió el incidente de nulidad manifestando que se habría operado una convalidación o dejadez del incidentista, puesto que habiendo sido notificado no interpuso de manera inmediata los recursos que consideraba pertinentes, siendo a partir de la relación de esos antecedentes y la petición de nulidad de obrados, por falta de fundamentación y motivación del Auto de 26 de octubre de 2021;
2. 2)A partir de esos antecedentes, los Magistrados accionados, a manera de fundamentos, invocan a la aplicación del art. 253 del CPC aplicable al caso por supletoriedad establecida en el art. 78 de la LSNRA respecto a la nulidad procesal, así como lo dispuesto en el art. 105 del CPC y las 0SSCC 1644/2004-R de 11 de octubre, 00788/2010-R de 2 de agosto, entre otras, respecto a la factibilidad de disponerse una nulidad procesal;
3. 3)En el análisis del caso contenido en el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, se hace referencia al Auto de 30 de marzo de 2022 -emitido también por las autoridades accionadas- en el que sancionó la negligencia de Roberto Rodrigano por no oponerse al rechazo in límine de su primer incidente de nulidad planteado mediante el Auto de 26 de octubre de 2021, y a su vez, se indica que esta última Resolución referida no fue notificada a las partes, impidiendo con ello que pueda ser impugnada por el ahora tercero interesado;
4. 4)Aludiendo parámetros jurisprudenciales e invocando el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 103/2021, a manera de conclusión, las autoridades accionadas en la Resolución hoy impugnada en sede constitucional, refieren que el hecho de no haberse notificado a las partes con el Auto de 26 de octubre 2021 generó estado de indefensión absoluta, impidiendo el ejercicio pleno del derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, elementos configuradores del debido proceso al que están sometidos las autoridades jurisdiccionales, que por mandato constitucional son garantes primarios de los derechos fundamentales; y que, al no haberse evidenciado y analizado esa situación mediante Auto de 30 de marzo de 2022, correspondía sea repuesto a fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa; por lo que, dispone anular obrados hasta la nota de 27 de octubre de 2021 de remisión del recurso de casación planteado por el ahora tercero interesado, disponiendo se ponga en conocimiento a las partes intervinientes el Auto citado -26 de octubre de 2021-, para garantizar el derecho a la defensa; y, deja sin efecto el Auto Agroambiental Plurinacional S2a 107/2021;
5. 5)De lo anotado, se puede evidenciar que la fundamentación citada está referida a los criterios permisivos para demandar la nulidad procesal o nulidad de obrados aun en ejecución de sentencia bajo circunstancias excepcionales, cuando se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales y sería el único medio para reparar un derecho sustancial; sin embargo, en dicha fundamentación del Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, no se encuentra la exposición de los parámetros que rigen la nulidad procesal -carácter excepcional-, vinculados a los principios de especificidad, finalidad del acto, trascendencia y no convalidación: para que a partir de ello, se realice el análisis del caso;
6. 6)En ese contexto, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional contenida -entre otras- en la SCP 1149/2013-L, citando a su similar SCP 0876/2012, ha establecido como parámetros y presupuestos que deben concurrir, la especificidad, la finalidad del acto en su aspecto objetivo, el principio de trascendencia y finalmente el principio de convalidación; último en virtud del cual, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento, por lo que no puede ser declarada si el interesado consintió expresa o tácitamente el acto procesal cuestionado;
7. 7)En el caso examinado, si bien se alude a que la nulidad procede bajo circunstancias excepcionales, el Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022 no contiene una análisis con base en los parámetros que rigen las nulidades, y por lo tanto, la decisión asumida no cuenta con un sustento razonable, siendo por el contrario una decisión arbitraria por cuanto no basta aludir una supuesta indefensión para el incidentista -quien al no haber sido notificado con el Auto de 26 de octubre de 2021, no pudo activar los recursos o mecanismos de defensa-; más aún, cuando la misma Sala emisora del Auto Interlocutorio ahora cuestionado, en el Auto de 30 de marzo de 2021, estableció que el incidentista fue notificado con el Auto de 26 de octubre de 2021, porque una vez devuelto el expediente al Juzgado de origen, el entonces demandado incidentista impugnó otros aspectos y pidió la remisión del expediente a la Sala Agroambiental, y una vez que dicho expediente volvió a esa Sala, recién planteó otro incidente denunciando el rechazo in límine de su primer incidente;
8. 8)De ahí resulta que cuando la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental ahora accionada, refiere haberse generado lesión a los derechos fundamentales por la falta de notificación con el Auto de 26 de octubre de 2021, esta manifestación resulta ser simplemente retórica y carente de sustento, porque no identifica ni explica el perjuicio cierto, objetivamente verificable e irreparable que se le hubiese provocado y de qué manera la nulidad va a permitir reparar aquel daño sustancial. Al respecto, se debe tener en cuenta que, el contenido del incidente rechazado in límine es absolutamente idéntico al recurso de casación y lo único que se cambió fue la suma y el petitorio; en ambos mecanismos, se pidió declarar la nulidad de obrados hasta la notificación con la demanda de rendición de cuentas, que debió ser sustanciada como incidente fuera de audiencia. Estos aspectos y denuncias fueron analizados y resueltos en casación por la misma Sala Segunda del Tribunal Agroambiental, cuya ratio decidendi es que el procedimiento aplicado en la tramitación de la causa es el previsto por la norma;
9. 9)De modo que, cuando los Magistrados accionados sustentan la nulidad en el hecho de no haberse citado con el Auto de 26 de octubre de 2021 y por consecuencia haberse restringido la posibilidad de interponer los recursos, no considera el contenido de los antecedentes y la falta de perjuicio real y efectivo a la parte demandada, solo alude resguardar el derecho de las partes a conocer el aludido Auto y que puedan ejercer el derecho a la defensa, sin explicar el efecto sustancial que tendría la nulidad de obrados en el marco de la doctrina constitucional -conforme se tiene desarrollada entre otros en la SC 1149/2013-L-, entendiendo que la nulidad debe ser excepcional y en circunstancias muy graves que la ameriten y permita una reparación sustancial de una afectación cierta y objetiva; y,
10. 10)El Auto Interlocutorio Definitivo S2a 24/2022, carece de sustento que justifique la nulidad de obrados, por lo que dicha decisión únicamente satisface pruritos formales y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión del derecho a la ejecución de lo resuelto por la jurisdicción agroambiental -denunciado como lesión al derecho de acceso a la justicia pronta, oportuna sin dilaciones indebidas-; ya que no tiene relevancia para reparar un derecho sustancial, y por lo mismo, resta eficacia a lo resuelto en el proceso agroambiental difiriendo la materialización y efectivización de derechos de la parte accionante. II. CONCLUSIONES