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TCP

0439/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
10 de abril de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0439/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0439/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción popular

Expediente: 79890-2025-160-AP Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 115/2025 de 4 de diciembre, cursante de fs. 231 a 241, pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por Marcelo Reino Gómez Mendoza, Patricia Martha Huanca Cusi y Roberto Alfredo Lema Trigo, miembros del Comité de Desarrollo San Jacinto Norte, Zona Oeste (CODESAJAN) contra Estela Marivel Huallpa Valencia y Lucía Ana Huallpa Valencia, miembros de la Comunidad Campesina San Jacinto Sur, todos del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de diciembre de 2025, cursante de fs. 112 a 117 vta., los accionantes expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Durante aproximadamente nueve años, CODESAJAN captó, administró y distribuyó el recurso hídrico proveniente de una vertiente ubicada en la zona, garantizando el abastecimiento regular a las familias beneficiarias, sin que se susciten conflictos, cobros indebidos ni objeciones formales por parte de la Comunidad Campesina San Jacinto Sur, en el marco de los acuerdos previos gestionados de común acuerdo con la Sub Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. No obstante, la Comunidad Campesina San Jacinto Sur, asumió una postura de exclusividad sobre la vertiente, alegando un supuesto derecho propietario sobre el recurso hídrico, exigiendo que CODESAJAN se sometiera a determinadas condiciones, entre ellas, pagos económicos y el reconocimiento de titularidad sobre la fuente de agua, las cuales fueron rechazadas al considerar que el agua constituye un bien de dominio público, no susceptible de apropiación privada, y un derecho fundamental para la vida, cuyo acceso debe ser garantizado de manera universal y equitativa. Pese a haberse promovido mecanismos de diálogo, orientados a alcanzar una solución definitiva, incluso mediante el envío de una comunicación formal solicitando la explicitación de su postura, los miembros de la Comunidad Campesina San Jacinto Sur, no presentaron una respuesta viable, manteniendo una actitud renuente al diálogo.

El 13 de noviembre de 2025, Estela Marivel y Lucía Ana, ambas Huallpa Valencia -ahora demandadas-, ingresaron al sistema de captación y almacenamiento de agua, -que se encontraba bajo la administración de CODESAJAN-, procediendo al corte total del suministro del recurso hídrico, privando de este servicio básico a todas las familias de la zona, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y con problemas de salud, generando una afectación directa e inmediata a las condiciones mínimas de vida digna.

Posteriormente, se convocó a una reunión con el fin de promover una solución concertada entre ambas partes, planteándose alternativas como el uso compartido, la administración conjunta y la cooperación mutua; no obstante, dichas iniciativas no prosperaron, persistiendo la comunidad demandada en una postura intransigente, al sostener que el uso de la vertiente les correspondería de manera exclusiva, lo que generó una situación de incertidumbre respecto al acceso continuo al servicio de agua potable.

En mérito a dichos antecedentes, la conducta denunciada -que se materializó desde el 25 de noviembre de 2025-, constituye una medida de hecho y una privación arbitraria del derecho al agua, proscrita por la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional, debido a su carácter de derecho fundamental, individual y colectivo, prohibiendo su restricción mediante actos unilaterales de particulares.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncian la vulneración del derecho de acceso al agua, citando al efecto el art. 373 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)La inmediata reposición del servicio; y,
  2. b)El pago de costas y costos, incluidos los honorarios de abogados, más el resarcimiento de daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 4 de diciembre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 222 a 230 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de popular y, ampliándolo en audiencia de garantías, manifestó que:

  1. 1)Al estar amenazado el derecho colectivo al suministro de agua, se encuentran legitimados para interponer la presente acción de tutela de conformidad con los arts. 34 y 136 de la CPE, los cuales facultan a cualquier persona a accionar en defensa de derechos e intereses colectivos, sin necesidad de acreditar pertenencia a una comunidad específica;
  2. 2)El agua constituye un derecho fundamentalísimo y un bien de dominio público, no susceptible de apropiación privada, rechazando la pretensión de la parte demandada de atribuirse titularidad exclusiva sobre la vertiente;
  3. 3)La acción fue promovida en representación de un colectivo amplio de personas afectadas, incluyendo diversas familias beneficiarias del servicio de agua, y no únicamente en interés individual de los accionantes; y,
  4. 4)No resulta evidente la supuesta escasez del recurso hídrico alegada por la parte demandada, existiendo, más bien, desperdicio de agua.
I.2.2. Informe de la parte demandada

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