0440/2019-S2

Texto de la resolucion

VOTO DISIDENTE DE LA SCP 0440/2019-S2 Sucre, 24 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 27373-2019-55-AL Departamento: La Paz Partes: Hermógenes Víctor Maldonado Ríos en representación sin mandato de José Rodrigo Claver Ossio contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción en lo Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA

La suscrita Magistrada, expresa su disidencia con lo resuelto en la SCP 0440/2019-S2 de 24 de junio, que confirmó la Resolución 001/2019 de 8 de enero, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; constituida en Tribunal de garantías y, denegó la tutela solicitada, sin haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

En todo caso, considera que debió confirmar en parte dicha Resolución Constitucional; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, respecto al debido proceso relacionado con los principios de celeridad, legalidad y acceso a la justicia; y, DENEGAR la tutela solicitada con relación al reclamo de que no podía llevarse adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares sin haber resuelto el incidente de actividad procesal defectuosa.

En todo caso, considera que la resolución debió ser sustentada, sobre la base de los siguientes fundamentos:

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

El peticionante de tutela estima como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente legalidad, defensa y acceso a la justicia, por cuanto el Juez demandado, antes de resolver el incidente de actividad procesal defectuosa que interpuso, que es de previo y especial pronunciamiento, resolvió la la excepción de incompetencia deducida por otro coimputado y pretendió llevar adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares, donde se solicitó su detención preventiva, encontrándose en peligro su libertad; por lo que pide se conceda la tutela; y en consecuencia se ordene a la autoridad demandada, resolver con carácter previo los incidentes que formuló antes de considerar las medidas cautelares.

II.1. El control jurisdiccional durante todas las fases que forman la etapa preparatoria

El art. 54 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el juez de instrucción en lo penal es competente para: "El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos..."; concordante con lo anotado el art. 279 de la misma norma, determina: "La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional..."; por su parte el art. 289 de la misma disposición legal, refiere: "El Fiscal, al recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, dirigirá la investigación conforme a las normas de este Código, requiriendo el auxilio de la policía y del Instituto de Investigaciones Forenses. En todos los casos informará al juez de instrucción el inicio de las investigaciones dentro de las veinticuatro horas"; finalmente, el art. 74.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), señala que los jueces de instrucción en lo penal tienen competencia para: "El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en la ley".

De las disposiciones legales glosadas se concluye que es obligación del juez instructor en lo penal en su rol cautelar de derechos y garantías constitucionales, controlar que la primera fase del proceso penal se desarrolle de acuerdo a lo determinado en la normativa procedimental penal, ejerciendo control sobre las actuaciones tanto de la Ministerio Público que es el director funcional de la investigación y la Policía que coadyuva a la labor investigativa bajo la dirección del Ministerio Público, debiendo en su caso reencauzar y restablecer en el marco de los principios que rigen en el sistema penal, los actos por parte de las referidas autoridades cuando impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en la propia ley especial.

Teniendo en cuenta que por mandato de la Constitución vigente los jueces y tribunales están compelidos a resolver los litigios a la luz de la Norma Suprema del Estado, entendimiento que supone la materialización del principio de eficacia y aplicación directa del texto constitucional, en ese sentido, la eficacia de los derechos fundamentales no se encuentra a merced de su desarrollo legislativo, sino que son directamente aplicables.

En consecuencia, la actividad de los jueces de instrucción en lo penal se desarrolla en la etapa preparatoria, donde ejerce el control y garantía constitucional que el sistema penal incorpora para garantizar el sistema de controles y de pesos y contrapesos y evitar cualquier abuso o atropello que puedan incurrir tanto el Ministerio Público como la misma Policía; siendo la investigación la actividad principal de la etapa preparatoria, la misma debe estar sujeta a ciertos límites y parámetros de control, para evitar que en la misma no se violen ni vulneren garantías constitucionales, pues el juez actúa como un tercero imparcial sin facultades investigativas y su actuación debe obedecer estrictamente a la aplicación directa de la Constitución.

Ahora bien, es necesario aclarar que también le corresponde al juez cautelar determinar la aplicación de medidas cautelares que le solicite el Ministerio Público, las que tienen una finalidad estrictamente procesal así como la resolución de los incidentes y excepciones, que en lo hechos permiten el ejercicio del derecho a la defensa del imputado en esta primera fase, las que deben ser resueltas observando las garantías previstas en la Constitución y en los Pactos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, porque son estos instrumentos legales los que sientan las bases que ineludiblemente debe cumplir el Estado Plurinacional en la lucha contra la delincuencia.

II.2. Sobre el plazo de la interposición de los incidentes en etapa preparatoria después de las modificaciones introducidas por la Ley 586