0440/2022-S2

La parte accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido del memorial de la acción de amparo constitucional presentada y ampliándolo expresó lo siguiente:

1. a)La RA EMC-RPCD/345.6/2021, que resolvió el contrato administrativo suscrito con la Empresa demandada, carecería de fundamento legal y técnico; no observó el procedimiento aplicable en el mismo, desconociendo los derechos al debido proceso y a la defensa;
2. b)La aludida Empresa, solicitó la ejecución de las boletas de garantía, un día antes a que se practique la notificación con la resolución contractual, y pese a la existencia de una medida cautelar, se dispuso su ejecución;
3. c)Las causas para que el contrato no hubiera sido cumplido dentro del plazo, se debieron a hechos de fuerza mayor; caso fortuito como la pandemia del COVID-19; además, del incumplimiento de la entidad demandada en el pago de las planillas de avance, no podría exigirse el acatamiento de las obligaciones contractuales cuando no existirían recursos económicos;
4. d)Se acordó un plazo de quinientos diez días para la ejecución del contrato; empero, en el documento se consignó un término de cuatrocientos veinte días, hecho reclamado oportunamente; sin embargo, pese al tiempo transcurrido no mereció respuesta;
5. e)El Superintendente Administrativo y Financiero de la Empresa demandada no tendría competencia para notificar a la Asociación Accidental con la resolución contractual, se desconocería los requisitos de validez del acto administrativo previsto en el art. 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA);
6. f)Esa determinación administrativa, no fue tramitada observando el debido proceso, no contenía una parte considerativa en la que se fundamente los hechos probados;
7. g)Una de las causas de la terminación contractual, tenía que ver con la falta del pago al personal, situación que no tomó en cuenta; ya que, la misma se debió a que la Empresa Minera Colquiri no cumplió oportunamente con los pagos que le adeudaba;
8. h)El 17 de marzo de 2021, pidieron la resolución del contrato, sin que hubiera existido respuesta; y,
9. i)No se les hizo conocer los informes que sustentarían la RA EMC-RPCD/345.6/2021.

Milton Elías Altamirano Vargas, en representación de la Empresa Minera Colquiri, por informe presentado el 21 de junio de 2021, cursante de fs. 1431 a 1447 y en audiencia de garantías manifestó que:

1. 1)No fueron legalmente notificados; por cuanto, el número telefónico 68350816 sería una línea fija que no tendría acceso a WhatsApp, tomando conocimiento de esta acción tutelar únicamente cuando recibieron la nota de la Empresa accionante; solicitando se paralice la ejecución de las boletas de garantía;
2. 2)Al momento de la suscripción del contrato principal, la parte peticionante de tutela no observó en ningún momento el plazo de vigencia del acuerdo ni cuando fue protocolizado ante la Notaria de Gobierno; en todo el transcurso del tiempo, la Asociación Accidental ahora peticionante de tutela reconoció que el plazo para la entrega de la obra era de cuatrocientos veinte días, incluso en las cinco oportunidades en que fue ampliado el mismo;
3. 3)Desde la orden de proceder de 6 de noviembre de 2018, la obra tendría un avance del 40.27% ni siquiera del 50% en dos años, sin que sea cierto que la falta de pago por las planillas de avance hubiera ocasionado el retraso;
4. 4)El conducto regular para las solicitudes de ampliación o resolución contractual o cualquier aspecto relacionado a la ejecución, sería la supervisión y fiscalización conforme la guía del mismo nombre;
5. 5)Durante la pandemia del COVID-19, no se acreditó que el personal hubiera contraído la enfermedad;
6. 6)Los eventos de fuerza mayor y caso fortuito no fueron acreditados ni aceptados por la parte accionante para ampliar la vigencia del contrato;
7. 7)Si bien el prenombrado por Carta Notariada INTC 059/2021 de 17 de abril, manifestó su decisión de resolver el contrato, no observó el conducto regular establecido contractualmente ni el proceso previo que debió observarse, haciendo conocer dicha intención;
8. 8)La Empresa Minera Colquiri, nunca quiso disolver el contrato; lo que, la parte peticionante de tutela pretendía era cobrar la planilla de avance; empero, al no conseguir su propósito, ni contar con el personal clave para continuar el proyecto o la capacidad económica, el 15 de abril de 2021, unilateralmente decidió paralizar sus actividades;
9. 9)Las notificaciones fueron realizadas observando el contrato administrativo y lo dispuesto en el Reglamento Específico a las NB-SABS;
10. 10)El Responsable del Proceso de Contratación Directa, tendría facultades para la emisión de resoluciones conforme lo establece el art. 32 del DS 0181; y,
11. 11)Los daños causados por el incumplimiento del contrato por parte de la Asociación Accidental ahora accionante, no solo serían económicos, sino también ambientales pues la obra estaba destinada a impedir la contaminación causada por residuos mineros.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 113/2021 de 24 de mayo, cursante de fs. 1631 a 1638, concedió en parte la tutela impetrada, ordenando:

1. i)Dejar sin efecto la RA EMC-RPCD/345.6/2021, y la parte demandada reedite los actos administrativos y garantice la resolución administrativa del contrato, si en su razonamiento sería procedente, criterio aplicable para la parte solicitante de tutela;
2. ii)Remitir oficio al Banco Unión S.A. disponiendo se restituyan las boletas de garantías a dicha entidad financiera y estas permanezcan íntegras hasta que se resuelva el contrato conforme a lo previsto en la parte dispositiva primera de esa Resolución; lo que, constituiría una disposición cautelar de carácter instrumental, temporal y modificable; y,
3. iii)La restricción en el SICOES sería realizada siempre y cuando se cumpla con la resolución establecida en la fecha de su emisión; sustentando ese fallo con base en los siguientes fundamentos:
4. a)No consideraron que se trate de un contrato administrativo puro;
5. b)La administración pública en los mencionados documentos tendrían facultades exorbitantes para resolver un acuerdo, "ex oficio inaudita parte" (no oída la otra parte, y se aplica a las situaciones en las cuales el juez accede o deniega la pretensión de un litigante sin sustanciarla con el adversario); empero, dicha atribución debía ser ejercida en el marco contractual, y a través de una resolución debidamente fundamentada;
6. c)La entidad demandada resolvió el contrato fuera de dichos límites, pero ese aspecto no correspondería ser censurado por la jurisdicción constitucional, obligado a mantener una relación contractual;
7. d)No se comprendieron las razones por las que, no se precauteló la bilateralidad o la garantía a ser oído en aquel vínculo;
8. e)Tampoco se analizó si se cumplió o no el contrato suscrito; puesto que, el derecho denunciado como lesionado fue el debido proceso, pues en la resolución del acuerdo también debería existir ese derecho; y,
9. f)Se omitió resguardar elementos mínimos del citado derecho en su elemento a la defensa, al no haberse otorgado la oportunidad a la parte peticionante de tutela a conocer los informes y ser escuchados antes de la extinción contractual.