0440/2023-S4

El impetrante de tutela, en audiencia, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándola, señaló que:

1. a)El art. 230 del CPP, establece las formalidades y requisitos para que una persona pueda ser privada de su libertad; sin embargo, del informe de la acción directa y de la declaración de la testigo de cargo, se advierte, que el supuesto hecho se habría realizado el 12 de octubre y no así el 14 de ese mes y año; por lo que, no correspondía su aprehensión ya que se estaría vulnerando ese derecho que es fundamental, establecido en el art. 23.I y III de la CPE; y numeral 3 del art. 198 del CPP, que le otorga facultades a los fiscales asignados al caso conforme el 226 de dicha norma; es decir, para que el fiscal pueda prescindir de la aprehensión la pena mínima que determina el Código Penal, es "32 años la máxima es 5" (sic); pero en este caso los delitos que se le atribuyen son "1 año es decir que se ha conculcado delitos de manera ilegal y seguridad jurídica, nuestro país conforme el Art. 1 de la CPE, se constituye en un estado de derecho" (sic); por todo ello, no hubo flagrancia ya que el 14 de octubre de 2021 en el cruce a Viacha, como se leyó de la declaración de una testigo, que ha mencionado dos facturas, las cuales están plasmadas en la acción directa en el reverso, facturas que fueron entregadas el 12 del citado mes y año; por lo que, el 14 del mencionado mes y año, no había objeto del delito, debiendo en este caso esta autoridad, haber presentado la querella y se dé curso al inicio de investigaciones; y, no vulnerar sus derechos;
2. b)En cuanto a la Sargento codemandada, ésta no ha presentado ningún justificativo respecto al informe de la acción directa de 14 de octubre de 2021, tampoco el codemandado "Oliver"; por ello, se solicitó se aplique la SCP 0027/2019-S2; y,
3. c)Respecto al principio de subsidiariedad considerando que la acción de libertad es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador; es así, que de acuerdo a la 0SCP 0064/2015-S3 supera este principio que hace que se pueda analizar el fondo de la denuncia.

Kevín Daza Vicker, Fiscal de Materia, en la presente audiencia de consideración de la acción tutelar, señaló que:

1. 1)El 14 de octubre de 2021, desde las 16:00 a 23:00, se encontraba cumpliendo turno, conforme instructivos de la Fiscalía de El Alto, asume, haber recibido una acción directa en la cual se consignaron los hechos sobre falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, siendo una intervención directa, detención preventiva por parte de funcionarios policiales, quienes según el relato de esta acción directa, se habría encontrado en flagrancia a varias personas entre ellas el ahora accionante, en posesión de documentos probablemente falsos, posteriormente, el 15 de octubre de 2021, a las 08:00, se remitió el caso conforme a instructivos a plataforma de la Fiscalía de El Alto, con la finalidad de que se sortee la causa, en ningún momento su persona como autoridad fiscal hubiera emitido mandamiento de aprehensión alguno, como mal pretende hacer creer el impetrante de tutela;
2. 2)Al respecto, fue practicado un acta de aprehensión por parte de particulares y conforme el art. 228 del CPP; en su condición de Fiscal de turno no podría otorgar la libertad de la persona aprehendida; y,
3. 3)Por lo expuesto, esta acción de defensa carece de legitimación pasiva; toda vez que, ella no emitió ningún mandamiento de aprehensión contra el accionante, no ha sido el Ministerio Público quien le ha privado de su libertad; como se señaló precedentemente, existe un acta de aprehensión por particulares e informe de intervención policial preventivo; por lo que, se ha cumplido con el procedimiento al haber remitido al Fiscal titular de la causa, quien hizo conocer el inicio de investigación así como la correspondiente imputación formal, lo que acredita que esta causa ya está en conocimiento del Juez contralor de garantías, siendo ésta la autoridad competente, ante quién debió formular su reclamo el solicitante de tutela y no activar de manera directa esta acción de libertad; por esta razón, pidió se deniegue la tutela impetrada en su contra.

Félix Antonio Pacorinacona López, Fiscal de Materia, siendo el titular encargado de la investigación del presente caso, señaló que:

1. i)El accionante refiere que se le habría vulnerado groseramente su derecho a la libertad, debido a una acción directa y posterior ello todo sería ilegal; sin embargo, sucede que, el proceso CU. 201502022107515 es resultado de una acción directa contra "Mateo" Jarro Mamani, con aprehensión de particulares conjuntamente otros dos ciudadanos Gloria Susana Guillén y Wilson Flores Martínez; es decir, que su persona en su condición de Fiscal ha conocido la causa;
2. ii)En el presente caso, pone en conocimiento que el accionante ya ha sido sometido a control jurisdiccional a través de un audiencia de medidas cautelares el día de ayer a las 14:00 que concluyó a las 16:30 -se entiende del 16 de octubre de 2021-, en la cual se dispuso su detención preventiva, es así que "se ratifica en la Sentencia mencionada por Kevin Daza Vicker, codemandado" (sic); y,
3. iii)Por tanto, el solicitante de tutela, ya ha sido remitido ante una autoridad de control jurisdiccional; y dado que, la acción directa ha sido realizada por particulares y no así por el Ministerio Público, conforme el art. 226 del citado Código, no cuenta con responsabilidad alguna, en base a la SCP 0049/2012 de 26 de mayo, no hubo un indebido procesamiento, ya que se estableció su situación jurídica por autoridad competente; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada con imposición de multa al abogado, ya que la presente acción tutelar es dilatoria.

Lidia Carolina Quelali Quispe, Suboficial Segunda de la FELCC de El Alto, de la Policía Boliviana, a través de informe escrito, de 17 de octubre de 2021, cursante de fs. 34 a 35, manifestó que:

1. a)En estricta observancia del art. 227 inc. 1) y 229 del CPP, se conduce a esta persona por la existencia de un delito de acción penal pública, en flagrancia por particulares, remitiéndose al aprehendido a la División "Eco Fin" de la FELCC de El Alto, quedando a cargo como investigador adscrito a la presente investigación Juan Carlos Daza Zenteno Caso, Sargento Segundo, signado 201502022107515, dentro las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, siendo el investigador funcional de la investigación Félix Antonio Coparicona López, cuyo control jurisdiccional de las investigaciones a cargo del Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz;
2. b)Emergentes de los actos investigativos dentro del presente caso, el Fiscal adscrito a librado imputación formal llevándose a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la cual la autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva del ahora accionante, a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, siendo su situación actual; por tanto, si éste sintió que se le habría vulnerado sus derecho, debió acudir ante esta instancia, en cumplimiento del art. 54.1 del CPP; y,
3. c)Finalmente, no existe legitimación pasiva en su contra ya que su persona no dispuso la detención preventiva del imputado ni mucho menos dio la orden para tal situación, como establece la 0SCP 1424/2011-R de 10 de octubre; sino más bien, fue emergente de los actos investigativos, previa imputación formal realizada por el representante del Ministerio Público; por lo que, no cometió vulneración alguna de los derechos denunciados, correspondiendo denegarse la tutela solicitada.

El Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 09/2021 de 17 de octubre, cursante de fs. 40 a 42 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. 1)Se puede evidenciar la existencia del proceso 201502022107515 contra el ahora accionante que por informe de acción directa las circunstancias ya se habrían descrito, pudiendo entenderse de que este proceso ha sido aperturado tras una aprehensión por particular y como es de conocimiento técnico de los abogados hay diferentes formas de iniciar un proceso o la acción de justicia que puede ser de oficio, acción directa, mediante querella, en el presente caso fue por parte de una aprehensión por particular, a tal efecto el Código de Procedimiento Penal, faculta a los particulares, la posibilidad de aprehender a personas que estarían cometiendo actos contrarios a la normativa en ese entendido se pudo evidenciar, por el principio de verdad material que existe un acta por parte de particulares y por conducto regular se habría puesto en conocimiento de una agente policial -ahora demandada-, esta funcionaria pública al tener conocimiento de una aprehensión por particular, habría plasmado su acción directa y por conducto regular que establece el procedimiento, puso en conocimiento del Fiscal de Materia de turno, hoy también demandado, quien habría dispuesto en el decreto de 14 de octubre de 2021, se realicen los diferentes actos investigativos, lo cual no se realizarían, ya que corresponden a la justicia ordinaria;
2. 2)El art. 228 del CPP, establece que: "Que en ningún caso el fiscal o la policía podrán disponer la libertad de las personas aprehendidas ellas deberán estar a disposición de un juez quien definirá su situación procesal del ahora accionante" (sic), asimismo, el art. 229 del citado código, dispone: "la autoridad policial y la autoridad fiscal están impedidos de disponer su libertad" (sic), también se pueden verificar que estas autoridades no habrían sido quienes lo aprehendieron de forma flagrante no en aplicación del citado art. 226;
3. 3)En el caso del Ministerio Público, su calidad de aprehendido ha sido en aplicación del art. 229 de dicha norma, situación totalmente clara y conforme dispone el procedimiento, tanto por la normativa penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, la facultad privativa del Ministerio Público es darle una calificación provisional y atribuir cargo en el presente caso, todo ese conducto regular establecido ha sido cumplido y puesto a disposición del Juez de control jurisdiccional, siendo el Juez de Instrucción Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y,
4. 4)Respecto a la dualidad y simultaneidad de esta causa, el Tribunal Constitucional ha dado el correspondiente lineamiento, a través de la 0SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableciendo que el: "ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional..."; por lo señalado, la acción de libertad procederá de forma directa, solo si los medios legales ordinarios no son los adecuados o idóneos para reparar de forma directa y eficaz la libertad ilegalmente restringida; en este entendido, el accionante debió acudir ante el Juez contralor de la causa, a efectos de cumplir este lineamiento; al contrario, no se pudo advertir de que el impetrante de tutela hubiera denunciado la supuesta vulneración del derecho a la libertad ante otras autoridades que correspondía conforme a ley; por lo que, no empleo el principio de subsidiariedad en el presente caso.