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TCP

0441/2015-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
28 de diciembre de 2015
Resumen del caso

Auto 0441/2015-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0441/2015-CA Sucre, 28 de diciembre de 2015

Expediente: 13286-2015-27-AIA Materia: Acción de inconstitucionalidad abstracta Departamento: La Paz

La acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por Rolando Villena Villegas, Defensor del Pueblo, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 6 del Decreto Supremo (DS) 2195 de 26 de noviembre de 2014, por ser presuntamente contrarios a los arts. 2, 30.II.4 y 15, 109.II, 403.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 23, 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 1.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 1.1 y 2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); y, 6.1, 7.1 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

I. SÍNTESIS DE LA ACCIÓN

I.1. Argumentos jurídicos de la acción

Por memorial presentado el 9 de diciembre de 2015, cursante de fs. 13 a 25 vta., el accionante manifiesta que, las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) en la historia de Bolivia, mantuvieron una relación llena de tensiones con el Estado, por el irrespeto sistemático a sus derechos humanos por parte del último, aspecto que motivó a ese sector implementar estrategias que les ha permitido mantener sus instituciones, organizaciones, su identidad como pueblos y la aplicación de sus normas y procedimientos propios a pesar de siglos de sometimiento, agresión y genocidio.

Expresa que, el derecho a la libre determinación en relación a los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos indígena, originario campesinos, tiene por objeto combatir la asimilación histórica y garantizar que los pueblos puedan mantener su integridad cultural y seguir sus propias aspiraciones de desarrollo libremente determinado, derecho que es consagrado en el art. 2 de la Constitución Política del Estado (CPE), lesionado por el art. 4 del Decreto Supremo (DS) 2195, que establece un mecanismo para la asignación porcentual de la compensación financiera por impactos socio ambientales de las actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos, cuando se desarrollen en territorios indígena originario campesinas, tierras comunales, indígenas o campesinas. Dicho mecanismo prevé que la referida compensación se materializará a través de un acuerdo de compensación entre el titular y los beneficiarios, determinando a tal efecto un procedimiento y reglas específicas.

En la regulación citada se observa dos aspectos:

  1. a)En cuanto al alcance de la compensación; el art. 4 en su primer parágrafo, determina que ésta se materializará a través de un acuerdo de compensación entre el titular de las actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos y los beneficiarios, en el que se establezcan entre otros aspectos los proyectos a ser financiados. Todo ello en franco desconocimiento del derecho a la libre determinación de NPIOC; toda vez que, el destino o finalidad de los montos porcentuales de la compensación no pueden ser objeto de negociación y/o aprobación del titular de las actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos, sino de la decisión privativa de las poblaciones beneficiarias en función de su necesidades sociales, económicas, culturales y de sus cosmovisiones propias; y,
  2. b)Por otra parte, el mismo artículo en el parágrafo III, dispone que, cuando exista dos o más poblaciones beneficiarias se realizará una distribución de la compensación entre éstas. No obstante, el párrafo segundo del parágrafo Tercero del mismo artículo dispone que "si pasados los ciento ochenta (180) días calendario del inicio de la negociación de la compensación financiera no se ha llegado a un consenso entre las poblaciones beneficiarias, la Autoridad Competente determinará de oficio la distribución de la compensación, mediante resolución administrativa del Viceministerio de Desarrollo Energético del Ministerio de Hidrocarburos y Energía".

El enunciado, contraviene a la Constitución Política del Estado; toda vez que, de forma arbitraria y vulnerando el derecho a la libre determinación de las NPIOC, determina que la autoridad competente; es decir un órgano estatal, será la que defina de oficio mediante resolución administrativa la distribución de los porcentajes de compensación que corresponde a cada una de las poblaciones beneficiarias, si estas no han llegado a un acuerdo en el plazo establecido. La disposición, no respeta el derecho de los NPIOC a definir y seguir su senda de desarrollo libremente a fin de salvaguardar su integridad cultural y fortalecer su desarrollo, y por el contrario impone la decisión de un ente del Estado sin considerar las visiones propias de cada población beneficiada.

En el Estado Plurinacional se asientan múltiples naciones, entendidas desde una doble dimensión, como comunidades históricas pre coloniales, con territorio natal determinado, que comparte lengua y cultura diferenciada; y, como pueblos con poder político para definir sus destinos, en el marco de la unidad. Así, el derecho a la libre determinación, establecido en el art. 2 de la CPE, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, es concebido como autodeterminación; sin embargo, contrariamente a esta concepción constitucional, el anunciado ahora impugnado, decide e impone sus visiones de desarrollo sobre la distribución de compensaciones entre poblaciones beneficiarias por actividades, obras y proyectos hidrocarburíferos. Por todas estas razones, los enunciados del art. 4 del DS 2195, resultan ser contrarios a los arts. 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT; 3, 23 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 2, 30.II.4 y 403.I de la CPE, que reconocen el derecho a la libre determinación de los NPIOC.

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