Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de junio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 27144-2019-55-AAC Departamento: Pando Partes: Carlos Azad Ayala en representación de Carlos Azad Arce contra Carmen Azad Seyo, Félix Camacho Zenón y otros.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la 24 de junio, que revocó la Resolución de 21 de diciembre de 2018, cursante de fs. 90 a 92, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Pando, constituida en Jueza de garantías; y, denegó, la tutela impetrada.
En todo caso, considera que debió CONFIRMAR dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, parte resolutiva que debió ser sustentada sobre la base de los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La parte accionante alega la vulneración de su derecho a la propiedad privada; toda vez que, su hija biológica conjuntamente con diez personas, aprovechando su ausencia, sin justificación legal ni autorización, invadieron su predio, ejerciendo violencia, rompiendo candados, deschapando puertas y ocupando totalmente el inmueble, negándose a desocuparlo bajo diversas amenazas.
En consecuencia, correspondía dilucidar en revisión, si tales argumentos eran evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto debió analizarse los siguientes aspectos:
- a)Sobre la protección reforzada de los derechos de las personas adultas mayores;
- b)Fundamento de la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia;
- c)El derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en sentido amplio, derecho fundamental común vulnerado con acciones vinculadas a medidas o vías de hecho;
- d)La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho;
- e)Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; y,
- f)Análisis del caso concreto.
II.1. Sobre la protección reforzada de los derechos de las personas adultas mayores
La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: "Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, toda las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana" (las negrillas son agregadas)
Por su parte, el art. 68 del citada Norma Suprema, refiere:
I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.
II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores (las negrillas son agregadas)
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante -Ley 872 de 21 de diciembre de 2016-, adopta las siguientes definiciones:
"Maltrato": Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza.
La referida Convención, sobre la base de los principios1 de promoción y defensa de los derechos humanos; dignidad; igualdad y no discriminación; bienestar y cuidado; solidaridad, buen trato y atención preferencial; y, enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, en sus arts. 4, dispone:
Articulo 4 Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: (...)
- c)Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos (las negrillas son nuestras)
Ahora bien, dentro del catalogo de derechos de las personas adultas mayores reconocidos por la citada Convención, se encuentran, entre otros, los siguientes:
Articulo 5 Igualdad y no discriminación por razones de edad
Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez.
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas nos corresponden)
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