0442/2019-S2

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0442/2019-S2 Sucre, 24 de junio de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 27119-2019-55-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 01/2019, cursante de fs. 173 a 181, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alcides Suarez Plaza y Percy Barrientos Molina contra Margarita Flores Franco, Directora General Ejecutiva; Wilson Ríos Garnica, Administrador Regional Camiri; y, Bismarck Guzmán Lino, Autoridad Sumariante Nacional, todos de la Caja Petrolera de Salud (CPS).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 10 de diciembre de 2018, cursante de fs. 2 a 15., los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de la suscripción del contrato de construcción del Centro Hospitalario C.P.S Camiri, licitación pública CPSCM-LP-01/2015, entre la CPS Regional Camiri y la empresa contratista VERICEDI S.A.; se les inició proceso administrativo interno por la supuesta contravención del inc. f) del art. 40 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; clausula cuarta y sexta del referido contrato y art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo (LGT) concordante con el art. 9 inc. e) de su Reglamento; habiendo la Autoridad Sumariante dictado la Resolución de Proceso Administrativo Interno 51/2017 de 1 de diciembre, por la que fueron sancionados con la destitución de los cargos que ejercían como Administrador Regional y Jefe Regional Administrativo y Financiero de la CPS Camiri respectivamente; por lo que impugnada dicha determinación, se emitió la Resolución de recurso de revocatoria 03/2018 de 5 de marzo que ratificó la Resolución de primera instancia.

Interpuesto el recurso jerárquico, se pronunció la Resolución de recurso jerárquico 40/2018 de 9 de mayo, mediante la cual Margarita Flores Franco, Directora General Ejecutiva de la CPS, resolvió ratificar en todas sus partes lo dispuesto en el recurso de revocatoria, razón por la cual el Administrador Regional de la Caja Petrolera de Salud, emitió el memorando de destitución de cargo ARC-044-2018.

Los ahora impetrantes de tutela, refieren que en el proceso llevado adelante en su contra no se observó el debido proceso, por cuanto:

a)Al ser la CPS una institución descentralizada dependiente del Ministerio de Salud; y siendo que por los cargos que ejercían poseían un nivel jerárquico (ejecutivo), correspondía que la autoridad sumariante haya sido el asesor legal principal de dicho Ministerio, conforme el art. 67.II del DS 23318-A;
b)Debieron haber sido procesados bajo el Reglamento Interno de la CPS y la Ley General del Trabajo al ser trabajadores de dicha entidad; y tendrían que haberlos cesado en sus funciones una autoridad superior en línea y no así un personal subalterno como el Sumariante, esto en observancia al art. 104 de LGT;
c)La Resolución de Proceso Administrativo Interno 51/2017, así como las subsecuentes resoluciones dictadas, carecen de la debida fundamentación, pues no explican suficientemente la forma y manera en la que hubieran incumplidos las normas administrativas supuestamente infringidas;
d)En ninguna de las tres resoluciones disciplinarias emitidas en el proceso disciplinario, existe explicación o fundamentación que explique cómo hubieran incurrido en la contravención de la cláusula Cuarta del contrato de construcción;
e)Se interpretó errónea y arbitrariamente la cláusula sexta del contrato referido, pues de manera sesgada se llegó a la conclusión que habrían contravenido las previsiones de dicha cláusula en lo que respecta al anticipo a la empresa contratista;
f)De manera infundada se sostuvo que el Administrador Regional de la CPS Camiri, no tenía facultades otorgadas por ley, para haber procedido al desembolso total de Bs11 842 152, 27.- (once millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y dos 27/100 bolivianos);
g)Existe contradicción e incongruencia interna en las tres resoluciones impugnadas, por cuanto inicialmente se indica en ellas, que sus personas habrían procedido al pago del anticipo a la empresa contratista sin cumplir con las condiciones para dicho pago; para posteriormente cuestionarse su competencia para realizarlo;
h)En ninguna de las resoluciones dictadas, se señala de manera específica qué normas del ordenamiento jurídico hubieran contravenido, tampoco existe una labor de subsunción de sus acciones u omisiones a las normas supuestamente infringidas;
i)La autoridad sumariante, desestimó sus recursos de revocatoria, de forma ilegal aplicando erróneamente el art. 27 del DS 23318-A, modificado por el DS 26237, emitiendo una resolución que no ingresó al fondo de los argumentos expuestos en sus recursos, impidiéndoles con ello, de tener mayores elementos para interponer el correspondiente recurso jerárquico; y,
j)La Resolución de recurso jerárquico 40/2018, pretendió subsanar la falta de fundamentación de las resoluciones emitidas por el Sumariante, sin embargo, en dicha resolución tampoco se especifica ni fundamenta cuales son las normas específicas consideradas faltas disciplinarias y menos aún la subsunción de sus conductas a las mismas.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y legalidad; a la defensa, impugnación, trabajo, "seguridad jurídica"; citando al efecto los arts. 46, 115. II, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela, y en consecuencia:

1)Se deje sin efecto:
a)La Resolución de Proceso Administrativo Interno 51/2017 de 1 de diciembre;
b)Resolución de recurso revocatoria 037/2018 de fecha 5 de marzo de 2018;
c)Resolución de recurso jerárquico 40/2018 de 9 de mayo; y,
d)Memorando ARCM-044/2018 de 26 de septiembre;
2)Se disponga que las autoridades demandadas, observen la normativa legal, y desarrollen el proceso administrativo, respetando sus derechos fundamentales; y,
3)Sea reincorporado a su fuente laboral de manera inmediata, restituyendo su ítem a tiempo completo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

En la audiencia pública efectuada el 4 de enero de 2019, según consta en acta cursante de fs. 169 a 181, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El abogado de los accionantes en audiencia ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Margarita Flores Franco, Directora General Ejecutiva de la CPS, mediante informe escrito cursante a fs. 103 a 106, manifestó que:

i)Los ahora accionantes al no haber fungido nunca como máximos ejecutivos, miembros de un directorio, abogados o auditores, no se encuentran dentro de las previsiones del art. 67 del Reglamento de la responsabilidad por la función pública aprobado mediante DS 23318 modificado por el "DS 282" (sic), razón por la que fueron juzgados por la autoridad sumariante de la entidad;
ii)La pretensión de los accionantes es evidentemente improcedente toda vez que buscan que se revise los actuados y antecedentes del proceso administrativo interno que se les siguió en su contra, sin especificar de qué forma y manera se vulneraron sus derechos y garantías;
iii)Los accionantes no cumplieron con el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, por cuanto antes de su interposición no recurrieron a la judicatura laboral;
iv)Tomando en cuenta que la Resolución de Proceso Administrativo Interno 51/2017, la acción presentada se encuentra fuera del plazo de los seis meses; y,
v)No se cumplió con los requisitos de presentación de la acción de amparo constitucional, por cuanto en la misma, se realiza una extensa exposición de hechos, sin embargo no se fundamenta debidamente las razones de su interposición, por otra parte se solicita la nulidad de todas las resoluciones emitidas, incluido el memorando de despido, sin que se lo haya mencionado en ninguna parte de la acción; por otra parte debe considerarse que las resoluciones ahora impugnadas, cumplen debidamente con la motivación y fundamentación, razones por las cuales corresponde denegar la tutela impetrada.

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