Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 24 de junio de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 27374-2019-55-AL Departamento: La Paz Partes: Ximena Nancy Castro contra William Eduardo Alave Laura y Adán Willy Arias Aguilar, ex y actual Vocal, respectivamente, de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que confirmó la Resolución 003/2019 de 25 de enero pronunciada por los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y denegó la tutela solicitada.
En todo caso, la suscrita Magistrada considera que debió REVOCAR en parte dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada respecto a los Vocales demandados; disponiendo;
- a)Dejar sin efecto el Auto de Vista, 352/2018 de 16 de octubre dictado por los Vocales demandados; y,
- b)Que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el plazo de tres días, de notificada con el fallo constitucional, emita una nueva resolución, en el marco de las omisiones observadas; y, DENEGAR con relación al Juez de Instrucción Penal Primero demandado, sobre la base de lo argumentado en los fundamentos jurídicos del presente Voto Disidente.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante denuncia que se vulneró su derecho a la libertad, debido a que los vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, en desconocimiento de los principios procesales de presunción de inocencia, proporcionalidad, objetividad, tutela judicial y otras, revocó la resolución que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas y determinó su detención preventiva; por lo que solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto cualquier mandamiento de aprehensión en su contra.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:
- 1)Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y su reconducción;
- 2)La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso;
- 3)La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal;
- 4)Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones ; y,
- 5)Análisis del caso concreto.
II.1. Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y su reconducción
El Tribunal Constitucional en la , sentó la línea sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. De manera específica, señaló que el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. En el marco del entendimiento que antecede, la , señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez cautelar, no resultando compatible activar directamente, o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte la 3, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria que implique vulneración de derechos fundamentales, debe ser presentada ante el juez cautelar, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; posteriormente la 0080/2010-R de 3 de mayo4, sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad: 1. Durante la etapa preparatoria, los supuestos actos lesivos a derechos y garantías cometidos por funcionarios fiscales y policiales, deben ser denunciados ante el juez cautelar antes de formular la acción de libertad5; 2. Las resoluciones de medidas cautelares, así como las resoluciones sobre incidentes de actividad procesal defectuosa, pronunciadas por la autoridad judicial, deben ser impugnadas a través del recurso de apelación incidental, salvo los supuestos de indefensión absoluta, en los que no será necesario agotar el recurso de apelación; 3. Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción de libertad, decide realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive. Este tercer supuesto, como la misma Sentencia lo señala generó una modulación al entendimiento asumido en la , que se señaló que "una vez pronunciada la resolución de apelación en contra de un auto de medidas cautelares, el justiciable se encuentra habilitado para acudir a la jurisdicción constitucional". Sobre el particular, cabe señalar que las solicitudes de cesación de la detención preventiva están orientadas a demostrar que ya no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida (art. 239.1 del CPP) y, de acuerdo a la jurisprudencia, para analizar la solicitud, el juez o tribunal tienen que realizar el análisis ponderado de dos elementos:
- 1)¿Cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la detención preventiva? y,
- 2)¿Los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra? (, , , , y 0568/2007-R).
Conforme a ello, las solicitudes de cesación a la detención preventiva se basan, necesariamente, en la resolución que dispuso la detención preventiva; pues, es dicha resolución la que determina los motivos que la fundaron; consiguientemente, no corresponde negar la posibilidad de impugnar la determinación que impuso dicha medida cautelar, a través de una acción de libertad, bajo el argumento que el accionante formuló una solicitud de cesación a la detención preventiva; pues, se reitera, dicha solicitud tienen una finalidad distinta, orientada a demostrar que ya no concurren los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva, o que es conveniente su sustitución por otra medida.
De lo anotado se concluye que la subregla 3 prevista por la , no puede ser sostenida por este Tribunal; pues, de mantenerla se inviabiliza la posibilidad de cuestionar, mediante la acción de libertad, la constitucionalidad, legalidad o proporcionalidad de la resolución que dispuso la detención preventiva, bajo el argumento que el accionante no activó inmediatamente dicha acción e defensa, sino que formuló una solicitud de cesación a la detención preventiva, cuando, como se ha señalado, tiene otra finalidad.
Por lo expuesto, corresponde reconducir dicho entendimiento a la que, al hacer referencia al fundamento del tribunal de garantías, que denegó la acción de libertad con el argumento que era aplicable la subsidiariedad excepcional, por cuanto la accionante no agotó la vía expedida para solicitar la modificación a la detención preventiva impuesta, sostuvo en el FJ. III.5. que se efectuó una distorsión de la línea jurisprudencial generada en la , que nunca sostuvo que la solicitud eventual de revocatoria o modificación de medidas cautelares impuestas esté contemplada dentro de los medios de impugnación específicos y aptos contra resoluciones de medidas cautelares, para alegar subsidiariedad excepcional6, añadiendo expresamente:
"...cada recurso... es planteado reclamando presuntos actos ilegales en que se hubiese incurrido en la sustanciación del trámite de que se trate, aludiendo a circunstancias fácticas concretas, que necesariamente deben ser analizadas en sede constitucional si se agotaron los medios ordinarios, por lo que una vez pronunciada la resolución de apelación en contra de un auto de medidas cautelares, el justiciable se encuentra habilitado para acudir a la jurisdicción constitucional. Consecuentemente, contrariamente a lo argumentado por el Tribunal del recurso, la posibilidad de que se pueda solicitar la modificación o revocatoria del auto que dispone medidas cautelares, no es un medio de impugnación específico y apto en contra una resolución de medidas cautelares que se encuentra ejecutoriada. Además, la previsión del art. 250 del CPP está conectada con lo establecido por el art. 239 inc.1) del mismo Código, como presupuesto, puesto que el imputado para solicitar la cesación de su detención preventiva, debe acreditar nuevos elementos de juicio que demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución".
Consiguientemente, queda claro que, una vez agotado el recurso de apelación por el que se cuestionó la resolución que dispuso la aplicación de la detención preventiva de la o el imputado, queda expedida la posibilidad de formular la acción de libertad, aún se hubiere formulado la solicitud de cesación a la detención preventiva, sin que pueda alegarse subsidiariedad excepcional.
II.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 7; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 8, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la , se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
- a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 9, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Mostrando 22 de 107 parrafos.