0444/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0444/2023-S1 Sucre, 15 de mayo de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 47123-2022-95-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 164/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 81 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Omar Zenón Callisaya Miranda contra Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 4 y 28 de octubre de 2021, cursantes de fs. 36 a 41; y, 60 a 62, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Fue designado el 12 de marzo de 2020 mediante Memorándum DTH-JCTCH/A/0/2020, con Ítem E-10040202001 con el cargo de Jefe "C", en el puesto de Jefe de Unidad, correspondiente a la Escuela Municipal de Artes, dependiente de la Dirección de Cultura del GAM de El Alto del departamento de La Paz, pese a ser Ingeniero Agrónomo de profesión; sin embargo, tiene como ocupación principal el de artista musical, razón por la que fue designado en ese cargo.

A través de Nota de 23 de febrero de 2021, comunicó a la Dirección de Talento Humano de mencionada institución, que es padre de un menor de edad con discapacidad, la citada nota se presentó para que fuera considerada en la gestión de la Ex Alcaldesa Carmen Soledad Chapetón Tancara; sin embargo, no fue así.

El 3 de mayo de mismo año se apersonó a su fuente laboral, registrando su ingreso en el reloj biométrico; empero, no así su salida a horas 17:30 a pesar de haber intentado en varias oportunidades. Posteriormente el 4 del mismo mes y año, asistió de manera normal a su trabajo; sin embargo, el reloj biométrico no registró la marcación de asistencia; por lo que, al promediar las 15:30 horas, se apersonó ante Everth Callizaya, encargado de Control de Personal de Talento Humano del citado Municipio, para saber lo que sucedía, a lo que le manifestó que tenía un Memorándum de despido; el accionante le hizo conocer que anteriormente presentó una nota para dar a conocer que tenía un hijo con discapacidad; intentó sacar una fotografía del mencionado Memorándum; sin embargo, ocasiono molestia en el funcionario, el cual no le entregó dicho documento.

Al no recepcionar el documento de despido, el 11 de mayo del 2021, presentó una nota solicitando copia legalizada del mismo y posteriormente el 4 de junio del mencionado año, se entregó el Memorándum de Agradecimiento DTH-JCTCH/B/0169/2021 de 30 de abril. Ante el despido injustificado sin previo proceso; por lo que, presentó memorial el 20 de mayo del señalado año al Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social demandando su reincorporación laboral; posteriormente, el 18 de junio del mencionado año, la Dirección General del Servicio Civil por nota MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-UCEyDN-WCBN-0133-CAR/21, solicitó al ente municipal emitir un informe acerca de la situación del despido, no obteniendo respuesta; por lo que, el 17 de agosto del mismo año se hizo conocer al GAM de El Alto, la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-IL 12 de 17 de agosto, disponiendo que: "INSTRUYE a la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, PROCEDA A LA REINCORPORACION LABORAL DE OMAR ZENON CALLISAYA MIRANDA, con cédula de identidad 3366002, a su fuente laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación como "Jefe C" dependiente de la Dirección de Cultura o a un cargo similar de acuerdo a su perfil profesional, sin afectar su nivel salarial, sea en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación con la presente" (sic); sin embargo, hasta la fecha -se entiende hasta la presentación de la acción de amparo constitucional- el municipio demandado no cumplió con dicha instructiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral y al debido proceso, citando al efecto los arts. 46.I.1, 48.II y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia virtual se realizó el 16 de noviembre de 2021, según consta del acta cursante de fs. 76 a 80 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:

II.1. Mediante Memorándum de designación DTH-JCTCH/A/0/2020 de 12 de marzo, OMAR ZENÓN CALLISAYA MIRANDA -ahora accionante-, es designado en el cargo de Jefe "C" en la Escuela Municipal de Artes, dependiente de la Dirección de Cultura del GAM de El Alto del departamento de La Paz (fs. 3).

II.2. Por nota presentada el 23 de febrero de 2021, con cargo de presentación de la misma fecha, el impetrante de tutela pone a "CONOCIMIENTO" de la Directora de Talento Humano a.i del GAM de El Alto del departamento de La Paz, que es padre de un hijo NN de tres años de edad, que tiene un diagnóstico de "TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)" (sic), emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, con "Registro 02-20171218 SCP", poniendo a conocimiento que:

"Pongo en conocimiento la situación de salud de mi hijo en el marco de la Ley N° 977 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad (...) "El Estado Plurinacional de Bolivia garantizara la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación

"...solicito considere la documentación adjunta para la INAMOVILIDAD LABORAL que me corresponde en calidad de funcionario público y como padre de un niño discapacidad" (sic [fs. 5]).

II.3. A través de Certificado de Nacimiento de NN, nacido el 18 de diciembre de 2017, sexo masculino, padre Omar Zenón Callisaya Miranda y madre Adriana Paredes Cruz con Cédulas de Identidad 3366002 y 5480072 (fs. 6). Copia legalizada emitida por el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS - La Paz) del Carnet de Discapacidad de NN con Cédula de Identidad 15851272, Tipo de discapacidad mental o deficiencia psicológica, porcentaje 34%, emitida por el Ministerio de Salud (fs. 7).

II.4. Cursa Memorándum de Agradecimiento de Funciones DTH-JCTCH/B/0169/2021 de 30 de abril, emitido por Lisbeth Peñaranda Márquez, Directora de la Dirección de Talento Humano del GAM de El Alto del departamento de La Paz, por el cual se comunica al ahora impetrante de tutela, el cese de funciones del cargo que venía desempeñando como Jefe "C" de la Escuela Municipal de Artes dependiente de la Dirección de Cultura de la precitada institución (fs. 11).

II.5. Mediante Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-IL 12 de 17 de agosto 2021, emitida por el Director General del Servicio Civil del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, se dispone:

"CONSIDERANDO:

(...)

Que, al ser la inamovilidad laboral una garantía constitucional creada con la finalidad de proteger una pluralidad de derechos fundamentales, siendo el núcleo protectivo esencial el bienestar de la familia y como parte de ella la persona con capacidades diferentes, a fin de lograr un desarrollo con los mayores estándares de bienestar y en condiciones de dignidad; se tiene que la decisión arbitraria asumida por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, vulneran la condición y los derechos que asisten al señor Omar Zenon Callisaya Miranda como padre de una hija con discapacidad certificada.

POR TANTO:

El Director General del Servicio Civil dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en merito a las atribuciones y funciones conferidas por la normativa legal vigente, y al amparo de lo previsto en la Ley General para Personas con Discapacidad N° 223, de 2 de marzo de 2012 y la Ley N° 977 de 26 de septiembre de 2017:

INSTRUYE a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, PROCEDA A LA REINCORPORACIÓN LABORAL DE OMAR ZENON CALLISAYA MIRANDA, con cédula de identidad N° 3366002, a su fuente laboral, en el mismo puesto que ocupaba al momento de su desvinculación como "Jefe C" dependiente de la Dirección de Cultura, o a un cargo similar de acuerdo a su perfil Profesional, sin afectar su nivel salarial, sea en el plazo máximo de 5 días hábiles a partir de su notificación con la presente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior el afectado, podrá interponer las acciones constitucionales que, correspondan, tomando en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral" (fs. 12 a 16 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció que lesionaron sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral y al debido proceso; toda vez que, el 30 de abril de 2021 fue notificado de manera ilegal y arbitraria con Memorándum de Agradecimiento DTH-JCTCH/B/0169/2021 de 30 de abril, pese a que el 23 de febrero del mismo año, presentó una nota haciendo conocer a la Directora de Talento Humano a.i del GAM de El Alto del departamento de La Paz, que es padre de un hijo NN de tres años de edad, con diagnóstico de "TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)"(sic), grado de discapacidad de un 34%, emitido por el Ministerio de Salud; sin embargo, fue desvinculado de la indicada institución edil sin considerar que goza de inamovilidad laboral al tener un hijo menor con discapacidad; razón por la cual acudió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral MTEPS-VESCyCOOP-DGSC-IL 12 de 17 de agosto 2021, conminando a la aludida entidad municipal a reincorporarlo en el cargo que ocupaba; no obstante, dicha institución incumplió la indicada Conminatoria.

III.1. Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0136/2021-S1 de 26 de abril, 01105/2022-S1 de 5 de mayo, 1125/2023-S1 de 20 de septiembre, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento:

Inicialmente se debe precisar que con relación a esta temática la suscrita Magistrada relatora asumió los entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la protección laboral ante despidos injustificados e incumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en mérito a las atribuciones que tiene este Tribunal, las cuales están enmarcadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo; en ese entendido, a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que efectuó el análisis de los precedentes jurisprudenciales asumidos en este Tribunal con relación a la temática mencionada, concluyó en identificar el estándar más alto respecto a la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el mismo coincidente con la línea asumida con anterioridad por la suscrita Magistrada relatora.

Ahora bien, teniendo clara la vinculatoriedad de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, conforme al art. 203 de la CPE, se tiene que la misma recogió los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitidos por cada una de sus Salas respecto al tema laboral de cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación, identificando los precedentes jurisprudenciales contradictorios ante supuestos análogos facticos, a fin de unificar los criterios al respecto, mismos que en su diversidad generan inseguridad jurídica en la administración de justicia constitucional y ordinaria, cuyos jueces y tribunales tienen a su cargo la resolución de una situación jurídica.

Es así que, este Tribunal en cumplimiento del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que le reconoce la competencia de unificar sus líneas jurisprudenciales ya sea por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional como herramienta hermenéutica realizó la sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes contradictorios, para determinar la aplicación y vigencia de un determinado entendimiento o precedente jurisprudencial en vigor, de carácter vinculante y aplicado de manera prospectiva, a fin de evitar la afectación del derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad y por supuesto la seguridad jurídica.

El precedente constitucional pronunciado como doctrina constitucional que es objeto de revisión, tiene un alto grado de vinculatoriedad, en su dimensión vertical y horizontal; lo cual conlleva que en mérito a este último debe ser respetado y aplicado por el mismo Tribunal, pudiendo apartarse solo de manera fundamentada y motivada, mediante una carga argumentativa reforzada para justificar su modulación, cambio o reconducción de la línea jurisprudencial, que desde ese momento tendrá un carácter vinculante, y por otra, vertical, puesto que debe ser respetado y aplicado por los demás Órganos del Estado, jueces y tribunales que se encuentran constreñidos a respetar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de la CPE.

En ese marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló las siguientes reflexiones constitucionales:

III.1.1. Fundamentos normativos de la conminatoria de reincorporación laboral

Al respecto la mencionada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, tomó como fundamento inicial, la Observación General 18 aprobada el 24 de enero de 2005, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, referida al derecho al trabajo, en la que se enfatiza entre otras, la obligación de los Estados Partes de velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, adoptando de manera rápida medidas para lograr el empleo pleno por una parte y por otra, en principio no deben adoptarse medidas regresivas y si deben adoptarse, corresponde a los Estados Partes en cuestión, demostrar que lo hicieron tras considerar todas las alternativas y justificarlas plenamente. El incumplimiento de esa obligación se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la personas contra vulneraciones del derecho al trabajo en su jurisdicción; no reglamentar actividades de particulares, grupos o sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo; o no protegen a los trabajadores frente al despido improcedente.

En ese entendido la Resolución de Doctrina Constitucional referida, citando normas constitucionales (arts. 46 y 48 de la CPE), disposiciones reglamentarias (DS 29894 de 7 de febrero de 2009, DS 28699 de 1 de mayo de 2006, DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la reincorporación laboral caracterizado por su carácter sumario y expedito), concluyó que la Norma Fundamental por una parte:

"...va más allá de los parámetros de protección establecidos por los organismos internacionales de tutela de derechos de los trabajadores, pues no solamente individualiza al despido injustificado como una conducta de desvalor de la relación jurídico-laboral, sino que además, lo prohíbe estableciendo la estabilidad laboral como regla, derecho y principio de interpretación"

Y por otra, el espíritu del art. 10 del DS 28699, da la opción al trabajador de aceptar la ruptura de la relación laboral y cobrar sus beneficios sociales o impugnar la decisión del empleador denunciando el retiro intempestivo, con el fin de alcanzar seguridad jurídica en caso de que el trabajador acepte la primera opción y concluya la relación laboral, y a ese efecto también señaló que:

III.1.2. La conminatoria de reincorporación laboral en la jurisprudencia.

En base a lo descrito precedentemente la citada Resolución de Doctrina Constitucional refirió que, antes de las modificaciones del DS 0495 a las disposiciones reglamentarias del DS 28699, si el trabajador optaba por la reincorporación laboral -impugnando la decisión del empleador por retiro intempestivo-, constatada la negativa del empleador al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para demandarla y la jurisdicción constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente en el análisis de las problemáticas vinculadas a la inobservancia de las referidas conminatorias, posición que también fue asumida por el entonces Tribunal Constitucional, al rechazar in limine la acción tutelar interpuesta, según el 0AC 0287/2010-RCA de 21 de septiembre.

Entonces, desde dichas modificaciones el procedimiento cambio e introdujo cambios substanciales para la jurisdicción constitucional en cuanto a las denuncias de incumplimiento de conminatorias de reincorporación, al otorgar al trabajador la facultad para interponer las acciones constitucionales que correspondan para la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, tomando en cuenta la inmediatez, en ese entendido, también precisó que:

"...en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo."

III.1.3. Análisis de los precedentes jurisprudenciales constitucionales

En ese marco, ingresó a verificar las líneas jurisprudenciales de esta instancia constitucional, abordando como un primer acápite las "Líneas jurisprudenciales constitucionales en torno al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral" entre las cuales fue citando las 0Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo, y 0177/2012 de 14 de mayo, las cuales establecen que es posible presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, así como la concesión de su tutela inmediata, teniendo el empleador la vía judicial y administrativa expeditas en caso de no estar de acuerdo con la conminatoria1.

Aludió también que dicho razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, el cual señaló que para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la misma debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada2. Más adelante, de igual forma identificó la SCP 0900/2013 de 20 de junio, que representa un cambio de línea al respecto estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede simplemente ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, sino que debe hacer una valoración integral de los hechos, datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados3. No obstante, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013 de 20 de junio, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, determinando que, la conminatoria de reincorporación laboral es de estricto cumplimiento inmediato; motivo por el cual, su inobservancia habilita la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencien violaciones del derecho al debido proceso4.

Por otro lado, citó la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, que establece que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación con el empleador; siendo que, la tutela brindada en esta jurisdicción es provisional5. Después, hizo referencia a la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, la cual, identificando el estándar jurisprudencial más alto de protección del derecho fundamental al trabajo en materia de cumplimiento de conminatoria de reincorporación laboral ante despido injustificado, vinculándolo a los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación laboral, y el vivir bien, realizó una reconducción a la SCP 0177/2012, indicando que, se debe dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en todos sus términos, teniendo este Tribunal atribuciones limitadas para verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales6.

Así también, refirió que la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, realizó una sistematización de los precedentes jurisprudenciales emitidos concluyendo que para ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, la jurisdicción constitucional debe verificar en cada caso su pertinencia, limitando su análisis a constatar que aquella haya sido emitida a favor del trabajador o la trabajadora y que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y su normativa complementaria7.

Luego, señaló la SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013², señalando que en los casos en que se denuncie incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, deben analizarse los aspectos inherentes al caso, que permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática8.

Por último, hizo referencia a la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual definió que la jurisdicción constitucional debe procurar el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral9.

Seguidamente, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 bajo el título "UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL" procedió a efectuar la Unificación de la jurisprudencia constitucional advertida precedentemente, argumentando que existen precedentes jurisprudenciales constitucionales que, bajo los principios pro operario, de primacía de la relación laboral y de continuidad y estabilidad laboral, han logrado estándares significativos en el respeto, protección y realización de los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores, lo cual sin duda constituye un avance en la materialización de los postulados de la Constitución Política del Estado y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado boliviano.

Así, la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 identificó el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional que, de manera progresiva haya tuteló de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con referencia a los precedentes jurisprudenciales constitucionales que de manera óptima tutelaron los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aplicando los principios y valores constitucionales, estableciendo lo siguiente:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;

1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

III.2. Marco normativo y reglamentario para la protección del derecho a la estabilidad laboral

El derecho del trabajador a la estabilidad o continuidad laboral, que consiste en conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido, se encuentra reconocido por el art. 46.I.2 de la CPE, que establece que toda persona tiene derecho: "A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias". Por su parte, el art. 48.II de la Norma Suprema, señala: "Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de (...) continuidad y estabilidad laboral (...). Asimismo, el art. 49.III de la Ley Fundamental, dispone: "El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes".

La estabilidad laboral también se encuentra reconocida por el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1982, sobre la terminación de la relación de trabajo; en cuyo art. 4, dispone: "No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio"; asimismo, su art. 8 establece el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada; en este caso, según su art. 10: "Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada (...)".

En este cometido, se estructura el nuevo Órgano Ejecutivo a través del DS 29894 de 7 de febrero de 2009, cuyo art. 86 inc. g), confiere atribuciones al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales; en ese sentido, el art. 11.II del DS 28699, determina: "Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad Laboral". En este ámbito, el art. 10.I del referido DS 29894, establece: "Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación". Precepto, cuyo parágrafo III, fue modificado por el DS 0495 con el siguiente texto:

"En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo".