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TCP

0444/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de marzo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0444/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0444/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 53954-2023-108-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 02/2023 de 24 de febrero, cursante de fs. 25 a 31, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Mauricio Arraya Mier en representación sin mandato de Keila Castillo Vargas contra Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de febrero de 2023, cursante de fs. 1 y 6 a 10 vta., la accionante, mediante su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido de la profesión y concusión, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Oruro, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero de la misma Capital y departamento, dictó el Auto Interlocutorio 028/2023 de 18 de enero, disponiendo su detención preventiva por tres meses en el Centro Penitenciario de La Merced del indicado departamento; determinación que, habiendo impugnado a través del recurso de apelación incidental, fue confirmada por Auto de Vista 27/2023-SP1 de 3 de febrero, pronunciado por Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, autoridad ahora demandada.

El indicado fallo de alzada, carecía de motivación y fundamentación, porque la Vocal demandada omitió considerar la dimensión de los fundamentos expresados en los agravios que formuló en el recurso de apelación incidental; es así que:

  1. a)Respecto al primer agravio, habiendo denunciado falta de motivación y fundamentación en la subsunción de su conducta al delito de concusión, previsto en el art. 151.II del Código Penal (CP), en cuanto al sujeto activo, porque el Juez recurrido se limitó a convalidar la postura del Fiscal de Materia, dejando de lado su labor de control jurisdiccional a la actividad desplegada por el Ministerio Público; la autoridad demandada determinó que, presuntamente incurrió en el señalado ilícito por haber actuado en representación y por instrucciones de autoridades judiciales, y que no era necesario contar con certeza sobre ese hecho, sino simplemente con indicios, debido a que la calificación de su conducta era provisional, de acuerdo incluso a los alcances establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; sin embargo, al margen de omitir identificar la jurisprudencia señalada, al igual que el inferior en grado, no efectuó la labor subsuntiva, identificando y justificando los elementos objetivos del referido tipo penal, condición necesaria para determinar su participación en el hecho investigado, aunque de forma provisional;
  2. b)Con relación a su reclamó de falta de motivación y fundamentación para la acreditación del riesgo procesal previsto en el art. 234.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -peligro de fuga-, la Vocal demandada, no respondió a sus cuestionamientos referidos al derecho a la migración, reconocido por la Constitución Política del Estado, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Ley de Migración y que sus antecedentes migratorios fueron anteriores al inicio del referido proceso penal; además que, los conocimientos migratorios son básicos; de manera que igualmente no pueden sostener la concurrencia de dicho riesgo procesal; y,
  3. c)Como tercer agravio, denunció que la concurrencia del riesgo procesal establecido en el art. 235.2 del CPP -peligro de obstaculización-, carecía de motivación y fundamentación; debido a que, se fundó a partir de las amenazas a la víctimas y porque su pareja era un "ex presidiario"; no obstante, el Juez inferior no estableció el grado de peligrosidad de este último; además, omitió considerar la presunción de inocencia, que en estas circunstancias implica que ese peligro procesal no puede establecerse a partir del hecho investigado, pues se incurriría en la presunción de culpabilidad, conforme estableció la Sentencia de 31 de agosto de 2004, de la Corte IDH -Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay-; sin embargo, la Vocal demandada confirmó la existencia del mismo, e igualmente omitió pronunciarse sobre los cuestionamientos referidos.

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Tribunal Constitucional Plurinacional25 de marzo de 20260444/2026-S2Fuente oficial