0445/2023-S2

La accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y ampliando la misma refirió que:

1. a)A través de la presente acción tutelar denunció la vulneración contenida en el art. 115.I y II de la CPE respecto al derecho a la conclusión de un proceso dentro de un plazo razonable; así como, a la motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba;
2. b)Los antecedentes del caso, dieron cuenta que fue procesada en el ámbito sumario en la Gobernación -se comprende del departamento de Santa Cruz-, por una supuesta falsedad o una adulteración; teniendo una data de 16 de julio de 2021;
3. c)Los hechos fueron negados rotundamente, ya que la documentación presentada para acceder al cargo fueron: el certificado profesional de secretariado ejecutivo y el certificado profesional de operador de Windows, ambos de 23 de julio de 2005;
4. d)Dentro del proceso sumario al amparo del art. "126" del DS 26237, planteó prescripción del proceso administrativo sumario; toda vez que, la normativa establece, que la responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de cometida la contravención, "...tanto para los servidores como para los hoy servidores..." (sic), ese plazo se interrumpió con el inicio de un proceso interno en los tiempos previstos por el art. 18 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y,
5. e)Considera que la Resolución de Recurso Revocatorio RR SDSDH 03/2021JFA que resuelve la prescripción planteada, es incongruente ya que vulneró lo previsto el art. 115 de la CPE, con relación al derecho que tiene toda persona a la conclusión de un proceso dentro de un plazo razonable, transgredió también su derecho a la motivación, congruencia y a la valoración razonable de la prueba; es decir, que la RA RJ 032/2021, efectuó un razonamiento equivocado de la norma, porque evidentemente cuando se inició el proceso administrativo, fue casi a los ocho años y siete meses, desde el momento en que ingresó a trabajar y la norma es clara, prescribe a los dos años; empero, la misma Resolución de manera contradictoria, hizo una diferenciación entre los delitos que son instantáneos y permanentes; en tal sentido, conociendo que el sumario fue iniciado por una "supuesta autenticidad del título"; es decir, que cuestionaron la autenticidad de su título de secretaria ejecutiva y de operadora de Windows; sin embargo, la citada Resolución hoy cuestionada señaló que se trataría de un delito permanente, cuando la jurisprudencia del "...Tribunal Constitucional Plurinacional a través del Auto Supremo N°51 de 29 de enero de 2008..." (sic) estableció cuáles son los delitos instantáneos y los delitos permanentes, de modo que respecto a los hechos referidos precedentemente -una supuesta falta de autenticidad de los títulos antes mencionados- se estaría frente a un supuesto delito instantáneo; por tanto, la lógica empleada en la fundamentación de la RA RJ 032/2021 para rechazar la prescripción, careció de motivación y congruencia.

A pesar de lo señalado precedentemente, es menester referir lo alegado en el informe escrito precitado, habida cuenta que enfatizaron que:

1. 1)La demanda de acción de amparo constitucional no cumplió con los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional, para ingresar a valorar la prueba y aperturar su competencia; tampoco cumplió con la identificación de los criterios de interpretación que fueron ignorados.;
2. 2)Por otra parte, respecto a la prescripción referida por la accionante, la misma debe ser computada desde el momento en que el Instituto Técnico "Santo Domingo" certificó que en sus archivos no constaban los referidos registros a nombre de la funcionaria -ahora accionante-; toda vez, que los actos de los servidores públicos se presumen legales y realizados de buena fe; y,
3. 3)Finalmente, adujeron que la hoy impetrante de tutela, al haber utilizado una fotocopia supuestamente legalizada de los títulos inexistentes que le sustentaban en el cargo hasta el momento que fue sometida a un proceso sumario; probablemente se haya adecuado al delito de "instrumento falsificado".

Víctor Hugo Castro Saavedra, Gerente del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, a través de su abogada en audiencia, manifestó que:

1. i)La Contraloría General del Estado hizo conocer al Instituto que representa una observación, señalando que debían presentar algunos títulos profesionales en originales o copias legalizadas del personal administrativo; en ese sentido, se le solicitó a Mirtha Valeria Franke Brito, Secretaria de Gerencia de ese entonces, que presente su título en original o autentifique con una copia legalizada lo que había presentado con anterioridad; sin embargo, al no haber cumplido, se hizo conocer a las autoridades superiores de la Gobernación, el file de dicha funcionaria, no obstante, en dos oportunidades el Instituto que le habría otorgado su título, no pudo autentificar el original ni la copia legalizada, motivo por el cual se llevó a cabo un proceso sumario en la Gobernación, contra la accionante quien durante todo el proceso sumario interno, no pudo sustentar la autenticidad de "aquel" documento, comprendiendo que un documento no era original, ya que no pudo presentar el título original, inclusive durante todo el proceso sumario dijo que carecía de título de bachiller y en definitiva tampoco presentó copia del mismo y que a pesar de ello el Gobernador demandado le había invitado a ser Secretaria del Gerente; finalmente, el proceso sumario concluyó con la destitución de la ahora peticionante de tutela;
2. ii)Un título que no pudo ser autentificado, no prescribe; es decir, es un delito que no desaparece con el transcurso del tiempo, se sostuvo que no fue obtenido legalmente ni siquiera la copia; en ese sentido, se sustentó el despido de la funcionaria, debido a la carencia de aquel título ya que el presentado -anteriormente- había sido falso; consecuentemente, en ningún momento se menoscabó algún derecho de la hoy peticionante de tutela, ya que se le otorgó el tiempo necesario para que presente el original o copia legalizada de su título; y,
3. iii)Por lo manifestado precedentemente, en calidad de tercero interesado, como instituto y parte patronal, en todo momento se rechazó la acción formalizada por la accionante, ya que no se vulneró ningún derecho.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 43/22 de 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 166 a 169 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1. a)La accionante considera que la autoridad demandada vulneró sus derechos al trabajo y al debido proceso, por incurrir en medidas de hecho al interpretar erróneamente la norma y considerar que prescribía la falta administrativa que hubiere incurrido la aludida, a pesar de que "aquello" sucedió hace más de ocho años atrás;
2. b)Al respecto, se verificó, si la impetrante de tutela cumplió o no con los presupuestos del principio de auto restricciones de la jurisdicción constitucional; en tal sentido, de la revisión del expediente constitucional se evidenció que la prenombrada efectivamente cumplió con el segundo presupuesto, referido a precisar los derechos, garantías o principios vulnerados con aquella interpretación; de modo tal -que la Sala Constitucional-, se permitió identificarlos y mencionarlos tanto en el obiter dicta como en la ratio decidendi. En cuanto al primer presupuesto concerniente a precisar por qué la interpretación resultó absurda, ilógica o con error evidente, así como también el nexo de causalidad, en la demandada de acción de amparo constitucional ni en la fundamentación oral en audiencia, la impetrante de tutela no fundó aquello, motivo por el cual, no se pudo de ingresar a verificar la interpretación de la legalidad ordinaria; y,
3. c)Respecto a la excepción del cumplimiento de los presupuestos formales, de la verificación de antecedentes se constató la existencia de:
4. 1)Una nota de 17 de junio de 2021 de RR.HH. del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano dirigida al Instituto Técnico "Santo Domingo", a través de la cual solicitó la verificación del certificado profesional de la peticionante de tutela, obteniendo como resultado la nota de 29 del mismo mes y año, en el que Carlos Canaviri Tapia, Rector de dicho Instituto informó que previa revisión de los centralizadores de notas y en archivos, la ciudadana Mirtha Valeria Franke Brito no consta en ningún registro de certificado profesional o en proceso de esa unidad;
5. 2)Dicha circunstancia fue informada vía comunicación interna de 1 de julio -se comprende de la misma gestión 2021- por parte del Jefe de RR.HH., al Gerente del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano;
6. 3)Ese antecedente formal, fue "traducido a la adecuación constitucional" para verificar la existencia o no de la lesión grosera al derecho trabajo y a la interpretación; en tal sentido, al advertirse una certificación que expresamente estableció la inexistencia de un título y que el mismo tampoco esté en trámite, permitió llegar a la conclusión de la subsistencia de indicios razonables suficientes para que la entidad hoy demandada haya iniciado un proceso administrativo sumario y culmine con la emisión de la RA RJ 032/2021, que confirmó el Resolución de Recurso Revocatorio RR SDSDH 03/2021JFA;
7. 4)Para el Tribunal de garantías las razones por las que la hoy accionante a la fecha no se encuentre trabajando, no son groseramente violatorias del principio, derecho y garantía a la igualdad, ni mucho menos de la interpretación realizada por la autoridad demandada; precisamente, por el hecho que teniendo conocimiento que la hoy peticionante de tutela no cumplió con el perfil del cargo, de continuar con conocimiento formal y material de aquella situación, el tercero interesado o la accionada -se comprende autoridad demandada- inclusive estarían incurriendo en una omisión a su obligación de funciones para no tratar de adecuarlo a un tipo penal; y,
8. 5)La interpretación realizada respecto a la documental no se alejó de los cánones de razonabilidad y por ende no pudo ser grosera; motivo por el cual, ese Tribunal no pudo aplicar la excepción de ingresar a verificar la interpretación ordinaria del instituto procesal de la prescripción en materia disciplinaria.